El ministerio calcula que Aragón debería acoger a 430 menores y la DGA califica la reunión de "esperpento"

La Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este miércoles en Madrid para tratar el reparto de los menores migrantes llegados a Canarias entre las distintas comunidades ha vuelto a finalizar sin acuerdo y en él se ha vuelto a constatar el desencuentro entre el Gobierno central y el Gobierno de Aragón.

El Ministerio de Infancia ha cifrado en 32 plazas por cada 100.000 habitantes la disponibilidad de recursos que deberían ofrecer las comunidades autónomas, lo que implicaría que Aragón debería ofrecer unas 430 plazas atendiendo a los cálculos del propio Ejecutivo central. De este modo afirman que al no haber recibido los datos solicitados a la consejería de Bienestar Social han usado como referencia los datos del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados del Ministerio del Interior. En todo caso estiman que no será necesario ocupar en su totalidad todas las camas para atender la situación de los menores desplazados desde Canarias.

Desde el departamento autonómico han trasladado un comunicado en el que califican de "esperpento" la reunión celebrada en Madrid, critican que el Gobierno de España haya dado unos datos erróneos después de negarse a facilitárselos y denuncian que el decreto está "mal elaborado".

Desde el Ministerio han lamentado que Aragón siga tratando de bloquear una ley en vigor al tiempo que han mostrado su compromiso de seguir adelante con el desarrollo del Real Decreto para dar una solución estructural y vinculante a la infancia migrantes no acompañada

El gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Ángel Val, ha sido el encargado por parte de Aragón de participar en la cita presidida por secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa.

El comunicado oficial compartido por el Ejecutivo aragonés señala que, "puesto que Aragón tiene recurrido el requerimiento de información y sigue a la espera de que se resuelvan las cautelares correspondientes, no ha proporcionado datos sobre su sistema de protección de menores y por tanto no va a emitir valoración alguna sobre las cifras que ha estimado el Gobierno de España y filtrado a los medios de comunicación".

Aragón es la única comunidad autónoma en España que no ha trasladado al Ministerio de Infancia los datos sobre el uso de los recursos disponibles para menores, y que ha recurrido ante la Justicia todas las actuaciones vinculadas al decreto que presentó el Gobierno de España tras su acuerdo con Junts.

Desde el Ejecutivo aragonés han señalado que "el propio Gobierno de España ha admitido que los datos que se han presentado eran erróneos, razón por la que dos puntos del orden del día han decaído: tanto el relativo al reparto como el de los criterios". Algo que, desde el Gobierno explican porque "la alternativa a los criterios del Real Decreto es el propio Real Decreto y con ello el Gobierno de España se está enredando en su propia trampa".

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Por ello, concluyen que la reunión "sólo puede calificarse como un nuevo esperpento, puesto que el Gobierno central ha comprobado con las comunidades autónomas como testigos que su Real Decreto Ley no está bien elaborado".

Como dijo la consejera Carmen Susín a la salida de la última conferencia sectorial del ramo, según el artículo 35 del propio decreto, "si no se llega a ese acuerdo se imponen los criterios establecidos a la medida de Cataluña". "Sí o sí seguiremos con todos los recursos jurídicos, porque seguimos considerando que es una Ley injusta, hecha a medida de Cataluña y que además vulnera claramente la Constitución", avanzó entonces.

Los datos del Gobierno: 32 menores por 100.000 habitantes

Según los datos compartidos por el Gobierno de España, quince comunidades autónomas -todas excepto Canarias y Baleares, Ceuta y Melilla- acogen menos menores migrantes no acompañados de lo que les tocaría en función de su población.

Son los datos que maneja el Gobierno después de haber recabado los transmitidos por las comunidades sobre el número de menores que acoge cada una, salvo Aragón.

Con estos cálculos, el Ejecutivo fija la capacidad ordinaria del sistema de acogida nacional en 32 menores por 100.000 habitantes, indicador que será clave para determinar cuándo una comunidad puede pedir al Ejecutivo que declare la contingencia migratoria y comenzar con las derivaciones a otras regiones. El cálculo mediante el registro de menores se aplica para Aragón y también para Baleares, Cantabria, Galicia, Madrid y Melilla, ya que en su casno no han comunicado exactamente las cifras que se pedían.

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El secretario de Estado, Rubén Pérez ha apuntado que la tasa calculada por el Gobierno, los 32 habitantes por 100.000 habitantes, es "perfectamente asumible por los presupuestos autonómicos y por las políticas públicas de este país".

En la reunión no se ha comunicado a las autonomías el número de jóvenes que tendrá que acoger cada una de los alrededor de 4.400 jóvenes que se trasladarán desde Canarias y Ceuta a partir de este verano, ya que estas cantidades, que dependen de otros criterios además de la población, aún no se han calculado.