A fondo | Inmigración y mercado de trabajo
Establecer vías de migración regular, segura y ordenada debe ser un objetivo y una prioridad de la política migratoria.

Un camarero atiende una mesa en un bar de la plaza del Pilar de Zaragoza. | ÁNGEL DE CASTRO
Juan García Blasco - Catedrático emérito de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Zaragoza. Presidente del Consejo Económico y Social de Aragón.
La llegada de más de nueve millones de personas, en su gran mayoría en edad laboral, ha tenido un enorme impacto en el mercado de trabajo español. Las carencias de mano de obra que se habrían producido inevitablemente como resultado de la disminución continua de las sucesivas generaciones de jóvenes autóctonos, así como el rechazo de los españoles a un creciente número de trabajos manuales, habrían conducido a la reducción sustancial de un buen número de actividades económicas y/o habrían elevado de modo radical sus costes labores. Sectores como la agricultura intensiva, la limpieza doméstica, el cuidado de niños y ancianos, la restauración y hostelería, la construcción, el comercio y otros, ocupan ahora de modo mayoritario a inmigrantes en muchas de las comunidades autónomas.
La mayor parte del aumento del empleo total que se está produciendo en España en lo últimos años se debe a la incorporación de trabajadores inmigrantes. En concreto, el 85% del empleo nuevo creado en los 12 meses que van desde el cuarto trimestre del 2023 hasta el tercer trimestre del 2024, ambos incluidos, fue ocupado por inmigrantes . Representan ya el 23% de los ocupados en España, el 25% de los asalariados en el sector privado. Por ello, en el mercado de trabajo español se ha producido una segmentación o dualización, que mantiene «nichos» de empleo que prácticamente sólo ocupan los inmigrantes procedentes de países de menor renta per cápita.
Pero el mercado de trabajo, en sus últimas tendencias, pone de manifiesto la existencia de empleos con cobertura insuficientemente satisfecha como insisten las empresas, especialmente en el sector industrial. Y es que no se pueden contratar trabajadores nacionales, entre otras razones, porque no hay. El propio Consejo Económico y Social de Aragón ha resaltado la importancia de poner en valor la contribución de los trabajadores migrantes a nuestro sistema económico y laboral y muy especialmente en algunos sectores en que se ha reducido la demanda. Insiste así en que la evolución demográfica en Aragón, junto con los proyectos de implantación de nuevas actividades en nuestro territorio, van a hacer necesario contar con los trabajadores venidos de fuera, de forma que para los que provengan de otros países, especialmente si no pertenecen a la UE, conviene reforzar los instrumentos de acogida e integración en nuestro mercado laboral. En Aragón, el peso de la población inmigrante en relación con la de la comunidad es ya del 18%.
Parece, pues, necesario reforzar las políticas y las medidas para ordenar y regular la inmigración no europea. Ello debe hacerse sobre la base de un conocimiento serio y riguroso del fenómeno y articulando adecuadamente las políticas de empleo para los inmigrantes teniendo en cuenta que una cosa son las políticas para los inmigrantes y otra la realidad: los trabajadores inmigrantes utilizados en sectores de los que huyen los nativos. Son los llamados 5P: pesado, peligroso, precario, poco remunerado, penalizador socialmente y, por supuesto, las especialidades profesionales de las que carecemos sistemáticamente.
Quiero decir con ello que a cada tipo de inmigración corresponden diferentes políticas de empleo y de welfare, tratando de centrarse en dos perfiles clave: el del mercado de trabajo y el de la relación laboral de los inmigrantes. Y es una exigencia que no ha sido suficientemente atendida, sobre todo por las políticas públicas. Basta con identificar algunas insuficiencias y carencias. Por un lado, la falacia notoria del mecanismo para regular por razones económicas el acceso al mercado laboral merecería un replanteamiento radical de las piezas que lo integran, que a lo largo de los años han dado la peor prueba de si mismas: la necesaria preexistencia de un contrato de trabajo con el propósito de emitir permisos de residencia. Por otro, la aplicación de procedimientos burocráticos desproporcionadamente complejos, largos y costosos (en la práctica, generalmente eludidos), así como la preparación de instrumentos normativos sin cuantificaciones realistas de las necesidades laborales de nuestro tejido productivo y de las empresas, con el sustancial y progresivo vaciado de los canales de acceso legal al territorio nacional (excepto las eventuales cuotas de entrada para el trabajo estacional).
Los cambios tecnológicos y demográficos producirán una profunda transformación del mercado de trabajo con efectos en la oferta y demanda y con eventuales elementos disruptivos sobre la propia empleabilidad. En ese contexto, convendría centrar así su actuación con el claro objetivo de ayudar y estimular la actividad empresarial, fijando como prioridad la creación y fomento del empleo, con especial atención, entre otros colectivos relevantes para el mercado de trabajo, a la emigración.
Las deficiencias formativas han sido puestas de manifiesto, con razón, por las organizaciones empresariales. Muchas empresas de algunos sectores relevantes en Aragón prevén incrementar sus plantillas en 2025, pero tienen serias dificultades para contratar trabajadores con la formación que se requiere, situación a lo que no es ajena tampoco los bajos salarios en algunos sectores. Los ejemplos son notorios. Y ello se agrava además por el envejecimiento de la población activa. Para nuestro país, también para nuestra comunidad autónoma, por todo lo dicho, el establecimiento de vías de migración regular, segura y ordenada debe ser un objetivo y una prioridad de la política migratoria. De lo contrario, también el mercado de trabajo se resiente.
En definitiva, la adecuada simbiosis entre inmigración y mercado de trabajo plantea, por consiguiente, retos a medio y largo plazo, que sintéticamente, afectan a la atracción de una inmigración de mayor cualificación, al reforzamiento de la formación de las segundas generaciones, al aseguramiento de la sostenibilidad política del modelo y a la reducción de la inmigración que llega de modo irregular. Sería deseable, pues, que la reforma legal reciente en materia de extranjería, que dejo para otro momento, les diera la respuesta adecuada que merecen.
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