Jueces y fiscales de Aragón critican el posible acceso de 1.300 jueces sustitutos mediante "criterios de selección desconocidos"

A su juicio se infringen "los principios básicos de mérito, igualdad y capacidad" que dicta la Constitución Española. Unos cincuenta jueces y magistrados se han manifestado este miércoles a las puertas del Tribunal Superior de Justicia De Aragón contra la reforma de acceso a la carrera judicial que pretende aprobar el Ministerio de Justicia. La protesta ha sido nacional y se ha repetido en todas las grandes ciudades del país.

Según aseguran, el proyecto de ley tiene el objetivo de "aumentar las competencias del Fiscal General del Estado" con la creación de un "centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno", entre otras medidas, lo que podría poner en peligro la "imparcialidad" del ejercicio profesional en pro de la "injerencia política". Lo asegura Eduardo López Causapé, Magistrado de la sección primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

"El hecho de que entren personas a través de procedimientos de selección que no sean conformes con lo que viene existiendo", advierte López, "afecta de lleno a la ciudadanía". Por eso, "el ciudadano tiene derecho a exigir la garantía de que esos jueces y esos fiscales, vayan al órgano que vayan - sea de violencia contra la mujer, de lo mercantil, de lo social o de instrucción - hayan sido elegidos de acuerdo a un procedimiento limpio, sin sospecha de que puedan ser servidores de algún amo", sostiene López.

Asimismo, dicha reforma está "tramitada por vía de urgencia" sin responder a "demanda social alguna", pese a la "sequía" notable de profesionales. En palabras del que también es portavoz de la Sección Territorial de Aragón de la Asociación Judicial, Francisco de Vitoria, es cierto que existe "un exceso de asuntos y una falta de recursos", tanto que "los juzgados no pueden más", ha dicho.

Una situación que "viene de antiguo", ya que no es la primera vez, según López, que exigen una "verdadera oferta de empleo público en el ámbito judicial y fiscal" siguiendo la vía habitual de oposición, con la que están "totalmente de acuerdo". Con lo que están contrariados es con la reforma que ha planteado el Gobierno central, que a su juicio, afectará a la "salud democrática del país" y a la "imparcialidad" para con los ciudadanos.

Comparten el mismo sentir un total de cinco asociaciones a nivel nacional formadas por miles de jueces y fiscales (Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales). La repulsa también se erige contra el cambio de la base de ambas carreras "convirtiendo a 1.300 jueces y fiscales sustitutos sin pruebas que midan su aptitud para ello". Un gremio, dañado a juicio de López por ser "el estado europeo con menos ratio de jueces por habitante".

"No hay ninguna obligación europea de esta estabilización", asegura el Magistrado, quien recoge la opinión de quienes "tampoco saben por qué motivo" se ha tomado esta decisión de manera unilateral. López reitera que las asociaciones convocantes no están "en contra de los sustitutos", que cubren vacantes puntuales, ni de sus "bondades profesionales", sino que señalan directamente al Gobierno, "sin tratarse de una protesta política".

Si la reforma sigue adelante, el colectivo convocante amenaza con que habrá "medidas de conflicto más intensas como la huelga", según afirma el portavoz de la Sección Territorial de Aragón de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ya que "el paro de hoy ha sido una primera movilización para pulsar cuál es el sentir dentro de la carrera judicial y fiscal". Asimismo, el fin también es el de provocar "una interlocución por parte del Gobierno que propone este proyecto y por parte de las fuerzas políticas".