"Caiga quien caiga": los socios del PSOE piden "tolerancia cero con los corruptos" desde Aragón

Los socios del PSOE empiezan a mostrar contundencia tras el informe de la UCO y antes de que el preisdente del Gobierno comience su ronda de contactos para tantear los apoyos de sus socios en el Congreso. Izquierda Unida de Aragón ha denunciado con firmeza el nuevo escándalo que salpica a la comunidad autónoma, vinculando a un concejal socialista del actual ayuntamiento de Zaragoza, uno de los cuales fue antes director general Energía y Minas del Gobierno autonómico, Alfonso Gómez Gámez, que ha sido suspendido de militancia cautelarmente.

La formación de izquierdas exige "no naturalizar la corrupción como un mal endémico", y considera imprescindible exigir responsabilidades políticas con la máxima transparencia y celeridad, además de cambios legales que persigan efectivamente a corruptos y corruptores y un mayor control democrático del gasto público.

"Este caso no puede entenderse como un hecho puntual o aislado, sino como una expresión más de un problema estructural: un modelo político y económico basado en la connivencia entre altos cargos públicos y grandes corporaciones que se enriquecen a costa de lo común", denuncian.

E insisten en que "cambiar de nombres o de partido no basta". La raíz del problema, señalan, está en un "sistema que privatiza el gasto público, entrega servicios esenciales a empresas como Acciona —recurrentemente implicadas en tramas de corrupción— y que construye redes de poder opacas, inmunes al control democrático".

Desde Izquierda Unida de Aragón reclaman "medidas concretas y contundentes que permitan perseguir a corruptos y corruptores tales como una auditoría independiente de todas las instituciones y contratos públicos vinculados a estos casos"; la prohibición permanente de contratar con la administración a empresas condenadas por corrupción; y el refuerzo de la gestión pública directa frente al modelo de externalización que alimenta la opacidad y debilita el control ciudadano sobre los recursos colectivos. "No podemos permitir que los servicios públicos sigan siendo una fuente de negocio para unos pocos a costa de todos", recalcan.

Como ha señalado Álvaro Sanz, coordinador general de Izquierda Unida de Aragón, "ante la corrupción, tolerancia cero, caiga quien caiga". "Este país se merece unas organizaciones políticas que no naturalicen la corrupción como un mal endémico, por eso además de exigir las responsabilidades políticas oportunas y la máxima transparencia, celeridad y contundencia con auditorías públicas, son necesarios cambios legales que impidan que los corruptores se vayan de rositas y obliguen a reforzar los controles públicos en la gestión de lo de todos y todas. Necesitamos un cambio de modelo que ponga a las personas por encima de los negocios", ha pedido.

"La ciudadanía aragonesa merece instituciones limpias, transparentes y al servicio de las mayorías sociales. Desde Izquierda Unida de Aragón seguiremos denunciando este sistema corrupto y proponiendo alternativas reales: más democracia, más control público y cero impunidad", ha indicado Sanz.