El Gobierno de Aragón no pondrá "ni un euro" para alojar a los trabajadores chinos

El Gobierno de Aragón no aportará recursos económicos para construir las viviendas en las que se alojarán los cerca de 2.000 trabajadores chinos que participarán en las obras de construcción y puesta en marcha de la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas (Zaragoza). Así lo ha avanzado este martes el director general de Urbanismo del Ejecutivo autonómico, Carmelo Bosque, quien ha comparecido en comisión de las Cortes a petición del grupo socialista.

"El Gobierno no tiene comprometido ni un euro para resolver el alojamiento de estos trabajadores", ha asegurado. "Esto es un problema que tiene que solventar el promotor de la obra", ha añadido. Bosque ha explicado que el "trabajo" y la "obligación" de la DGA es "acompañar" a los inversores desde el punto de vista técnico, jurídico y administrativo para el éxito de un proyecto estratégico para la comunidad autónoma y la industria local del automóvil, con una inversión privada que asciende a 4.100 millones de euros.

Además de ayudar a la buena marcha de la iniciativa, que supondrá la creación de unos 3.000 empleos directos a largo plazo, el Gobierno presidido por Jorge Azcón quiere aprovechar el desafío habitacional que supone el traslado masivo de trabajadores chinos para "tener los mayores rendimientos sociales". Uno de ellos podría ser que "se recuperen como vivienda convencional, una vez desaparezcan estos trabajadores, para otro perfil de usuario", según ha apuntado Bosque en su comparecencia parlamentaria.

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Alojamiento para 800 personas en un año

La demanda básica va a ser de alojamiento para 800 personas dentro de un año, para lo que se está buscando una solución con los ayuntamientos del entorno de Figueruelas (Zaragoza). Las viviendas se reorientarán después, cuando termine la construcción y se haya completado la puesta en marcha de la fábrica a plena actividad, para jóvenes de estas localidades y trabajadores de la nueva planta de baterías.

El desplazamiento masivo a tierras aragonesas de los cerca de 2.000 trabajadores del gigante asiático conllevará un operativo sin precedentes en España que exige resolver retos laborales, legales, logísticos o habitacionales. Este último es el mayor de todos. Acoger a tal volumen de personas en unos plazos tan ajustados supone un reto mayúsculo que no es fácil de resolver.

Ante la imposibilidad de poder dar una solución al grueso de los desplazados con la construcción convencional, los inversores se decantan por crear uno o varios alojamientos cerca del emplazamiento de la gigafactoría, una especia de villa temporal formada por viviendas prefabricadas y móviles. Varias empresas locales especializadas en construcción modular e industrializada han sido consultadas en busca de soluciones y productos que puedan satisfacer esta necesidad. La medida busca proporcionar alojamiento adecuado y cercano al lugar de trabajo, optimizando así la logística diaria de los empleados. 

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Por otra parte, el director general de Urbanismo ha destacado que "se está atendiendo a las necesidades de los 47.000 jóvenes aragoneses que justificaron el plan de vivienda que se aprobó en marzo del año pasado". "En dos o tres semanas empezarán a construirse las primeras 620 viviendas públicas; hay otras 640 ya adjudicadas, está en marcha el procedimiento para otras 1.000 y en municipios de pequeña población se han gestionado subvenciones para otras 185 viviendas", ha expuesto.

Carmelo Bosque ha comentado que, en materia de vivienda, su área está implicada en proyectos en capitales de provincia y pueblos de menos de 3.000 habitantes, con una iniciativa presupuestada en 10 millones de euros para construir más vivienda pública. En cuanto a los proyectos estratégicos, en los últimos meses se ha avanzado en Walqa, Microsoft, Grupo Costa, Stellantis-CATL, Iridium, Rodes en Calatorao y la dirección general sigue trabajando en una docena de proyectos, que no ha revelado por confidencialidad con las empresas.

El papel de los Pigas

Bosque ha realzado el papel de los Planes Generales de Interés General de Aragón (PIGA) que "consumen muchos recursos" en materia de Administración, aunque cumplen un importante papel económico y poblacional.

En materia de normativa, todavía no se ha acometido la refundición de la Ley de Urbanismo y la Ley de Ordenación del Territorio, ha lamentado. "Problemas derivados de la prórroga los ha habido", ha reconocido Bosque, mencionando el retraso en la convocatoria de subvenciones para planeamientos o la elaboración de mapas de paisaje y las directrices del Pirineo y el Matarraña, que requieren contratación para asistencias externas, y se han pospuesto iniciativas de actualización de software y de Inteligencia Artificial.

Urbanismo sigue trabajando en la confección de los mapas de deslizamiento de laderas, una herramienta cartográfica y territorial, aunque quien lidera es el Departamento responsable de Protección Civil. También se trabajará en materia de aludes e inundaciones.

Al no haberse aprobado los presupuestos de 2025, la dirección general tiene que realizar trámites "complejos y lentos" para dotar sus políticas, de ahí que el nivel de ejecución presupuestaria "sea especialmente bajo", aunque no es un área "especialmente inversora".

Presupuesto prorrogado

El diputado del PSOE Daniel Alastuey ha señalado que los objetivos de Urbanismo se basan en el presupuesto prorrogado y ha mostrado su preocupación por el planeamiento municipal ya que hay 125 localidades sin planeamiento, con el objetivo de realizar 20 cada año, sobre lo que ha preguntado. "En general ¿cómo ve el panorama, hemos conseguido avanzar en que los pequeños ayuntamientos tengan instrumentos?, ha cuestionado Alastuey en relación a los planeamientos.

Respecto a la digitalización y las nuevas tecnologías, ha llamado la atención sobre "la dificultad" para impulsarlo, "uno de los temas que nos importan", por ejemplo en relación a la Inteligencia Artificial. Ha recomendado ajustar los Pigas para introducir normativa medioambiental, considerando que "han servido para equilibrar el territorio", como es el caso de las áreas logísticas, aunque ha resaltado la priorización de su función económica por encima del papel de reequilibrio territorial.

Desde el PP, la diputada Susana Cobos ha apelado a la "lealtad institucional" para "entre todos evitar los riesgos de inundaciones". Ha dicho que la Dirección General "aprueba con nota" la ejecución presupuestaria. Cobos ha dejado claro que Bosque "ha cumplido con lo que dijo" respecto a los planeamientos en pequeños municipios y, por otra parte, ha destacado las inversiones milmillonarias anunciadas por el Gobierno de Aragón: "El Gobierno claro que piensa en los aragoneses", ha aseverado.

Desde Vox, la parlamentaria Carmen Rouco ha recordado a Bosque que "no se ha presentado ni siquiera el techo de gasto". Sobre las viviendas de CATL, ha dicho que conllevan unos costes más elevados que las provisionales y ha preguntado si se va a repartir el desembolso con las autoridades chinas, recalcando que "no ha habido planificación". "Estamos esperando las viviendas para los aragoneses", ha zanjado.

Ha intervenido la diputada de CHA Isabel Lasobras ha considerado que "el urbanismo debe ser una herramienta de transformación, no de gestión de inercias, y requiere voluntad política", también "una visión más amplia sobre el modelo territorial o la cohesión del medio rural".

Para el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, "no se ha hecho prácticamente nada de lo que se prometió, como una directriz de ordenación de las renovables: No se ordena desde el ámbito autonómico, pero tampoco se permite a los ayuntamientos que ordenen en el territorio" porque "en el fondo se responde a un plan que consiste en priorizar la inversión de las grandes corporaciones y dejar desatendido al ciudadano aragonés".

En el turno del Grupo Mixto-PAR, Alberto Izquierdo, ha celebrado que "el Gobierno de Aragón se ocupe de los trabajadores que van a venir", pero ha pedido "más ahínco" para dotar de vivienda a los 46.000 jóvenes aragoneses que "no se pueden permitir acceder a una vivienda con los precios que hay en el mercado". "Tenemos que dinamizar al máximo la política de vivienda".