Cáritas lamenta la "oportunidad perdida" de la reforma de extranjería: "Condenamos a los migrantes a la economía sumergida"
En la última década el número de personas en situación irregular que son atendidas por la entidad de atención social ha aumentado un 600%
Colas en las oficinas de la Policía Nacional para la regularización de extranjeros en Zaragoza. / Jaime Galindo
La población extranjera fue durante el pasado año el 72,6% del total de atendidos por Cáritas en la ciudad de Zaragoza. Y en un 52,2% se encuentran en una situación irregular, una realidad que según la entidad social "condena a los migrantes a la economía sumergida". Así lo ha establecido este miércoles el presidente de la entidad, Carlos Gómez, que ha considerado que la reciente reforma del reglamento de extranjería ha sido una "oportunidad perdida" que hubiera permitido otorgar derechos a las personas que ya se encuentran en la comunidad.
Los datos de Cáritas en su memoria del pasado año indican que en la última década, el número de personas en situación irregular que han pasado por sus servicios sociales han aumentado un 600% hasta llegar a las 3.577 solicitudes. "Detrás de cada dato hay una historia de vida", ha manifestado la secretaria general de Cáritas, África Navarro.
Para Cáritas, la reforma del reglamento de extranjería no ha servido para mejorar una legislación "muy rígida" que no sirve para dar respuesta al aumento de la población migrante. Por el momento confían en que la iniciativa legislativa popular que se está tramitando en el Congreso de los Diputados pueda ofrecer papeles a las personas que ahora se encuentran en un "limbo legal" debido a las trabas por los empadronamientos. Esto permitirá conceder permisos a casi 500.000 migrantes llegados a España antes de 2025.
El colectivo migrante atendido por Cáritas también sufre el problema de la vivienda, como se ha demostrado en las últimas semanas con el desmantelamiento de un hostal ilegal en Parque Roma (o esta misma semana en Candasnos). Una situación ante la que Cáritas se muestra muy crítica, ya que como sucede con gran parte de la exclusión social, los extranjeros con pocos recursos deben optar por estas alternativas sin garantías debido al alto coste de los alquileres. "Hemos detectado que se ofrecen albergues que no están declarados, espacios en malas condiciones con humedades y cobros ilegales porque los contratos no están declarados", ha denunciado Navarro.
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