En Aragón faltan psicólogos y educadores: las carencias de la infancia y la adolescencia

Aragón tiene varias red flags (banderas rojas) en materia de servicios de protección para menores. Así lo constata, al menos, el Informe Anual de Infancia y Adolescencia de 2024 que la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha entregado a la presidenta de las Cortes de Aragón este miércoles. ¿Y cuáles son esos puntos débiles? Del documento se desprenden algunos como que hay un déficit en la atención de salud mental infantojuvenil o que faltan profesionales, especialmente de educadores sociales, en los centros de acogida residencial para estos menores que indica que son cada vez más problemáticos. Y todo ello mientras, según revela el dossier, uno de cada cuatro niños y/o adolescentes de la comunidad vive en situación de pobreza relativa.

Por partes. Para elaborar el informe, la institución ha realizado visitas a todos los centros de acogida residencial de menores de Aragón que, según ha detallado Gimeno, son 28. De estos encuentros, el documento concluye tiene aspectos que mejorar como la atención a la salud mental infantojuvenil. El asesor de Servicios Sociales, Samuel Fau, que ha participado en la ejecución del documento, ha explicado que "la demanda es mayor al número de recursos que se puede atender". "Las Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil están desbordadas", sostiene el informe. Además, según ha matizado Fau, ahora hay más conciencia sobre esta materia, lo que hace que sean incluso los propios menores los que se dan cuenta de que necesitan esta atención.

El déficit sanitario no está solo puesto en lo mental pues, según ha indicado Fau, también hay una falta de recursos en materia de salud bucodental. "Se nos ha trasladado que este se considera insuficiente por la falta de cobertura y la falta de programas específicos en esta materia", ha señalado. Además, el Justicia también ha recibido quejas por retrasos para obtener asistencia sanitaria, especialmente en pediatría en la provincia de Teruel y durante los meses de verano. Y todo ello en una población que, cabe recordar, es vulnerable.

Uno de cada cuatro menores vive en situación de pobreza

La situación de fragilidad de los menores también se desprende del documento, cuyas cifras revelan que en Aragón todavía hay un 25% de personas de entre 0 y 17 años que están por debajo del umbral de pobreza. De hecho, según el documento, es más de una cuarta parte de los menores de la comunidad los que están en esta situación y que no pueden, por tanto, satisfacer sus necesidades de ninguna de las formas: el sistema está saturado y no pueden permitirse el coste de una atención privada.

Y eso que las cifras de pobreza infantil son, según los índices que se tomen, mejores a las de periodos pasados. Por un lado, el informe revela que la tasa de pobreza relativa entre los menores de edad se ha reducido respecto a la del año anterior (2023) en Aragón al pasar de un 29,60% al 25,08%, esto es, un 4,5% menos.

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Pero, tal y como ha señalado el Justicia de Aragón, se debe tener en cuenta que este indicador "se basa exclusivamente en el nivel de ingresos", ya que se trata de un índice que mide la proporción de personas cuyas remuneraciones son inferiores al umbral establecido. Este se fijó en más de 12.850 euros anuales (12.858,48 en concreto) para el año 2024 en Aragón.

Los datos todavía reflejan una realidad más cruda si, en lugar de tener en cuenta la tasa de pobreza relativa, para evaluar estas carencias se emplea el indicador AROPE. Este mide la proporción de población que está en riesgo de pobreza combinando tres factores: ingresos bajos, carencia material y social severa en servicios básicos (vivienda, alimentos...) y baja intensidad laboral en el hogar. Así, y como ha advertido la propia Justicia -"cuidado, porque esta conclusión (la bajada de la pobreza infantil) hay que matizarla desde otras formas de medirla-, este índice revela que la pobreza en menores "ha aumentado ligeramente" en Aragón: frente al 20,23% de 2023, un 20,77% en 2024.

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Retraso en la valoración de discapacidad

Otra de las conclusiones que se desprende del informe del Justicia es que hay un "retraso importante" en la valoración de niños y niñas de entre 0 y 6 años que son posibles destinatarios del programa de Atención Temprana, que va dirigido a quienes tienen algún tipo de limitación, trastorno en el desarrollo (o riesgo de padecerlo) o discapacidad. Gimeno ha explicado que la demanda del mismo ha crecido de forma notable pero el aumento no ha ido acompañado de un crecimiento proporcional en los recursos.

Así, aunque cada vez hay más solicitudes -a los niños de 0 a 3 los derivan los servicios médicos y pediátricos y, a los de 3 a 6, los servicios educativos o psicopedagógicos-, muchas se quedan sin atender. Por este motivo, el Justicia de Aragón ha emitido una sugerencia al Departamento de Bienestar Social y Familia para mejorar y ampliar los recursos del programa de Atención Temprana. Desde la consejería que dirige Carmen Susín la han aceptado. Según ha explicado Gimeno, este programa es muy eficaz porque se dirige a menores muy pequeños y, al intervenir pronto sobre el problema, todavía tienen por delante mucha capacidad de mejora.