El Gobierno de Aragón pide más agua para impulsar nuevos regadíos y flexibilidad para los agricultores frente al recorte de dotaciones en el Ebro

Medio Ambiente y Agricultura alegan contra la propuesta de la Confederación y creen que ha errado en los cálculos, ya que plantea dotaciones que "subestiman" las necesidades reales. Blasco anticipa que reclamarán nuevas obras de regulación

Manuel Blasco, en el medio, este miércoles junto a Luis Estaún (Instituto del Agua) y José Manuel Cruz (director general de Desarrollo Rural).

Manuel Blasco, en el medio, este miércoles junto a Luis Estaún (Instituto del Agua) y José Manuel Cruz (director general de Desarrollo Rural). / Gobierno de Aragón

Zaragoza

La oposición frontal del Gobierno de Aragón a la propuesta de recorte de dotaciones de riego elaborada por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para el nuevo plan de cuenca se ha cristalizado en un importante paquete de alegaciones en el que piden flexibilidad para los regantes según la evolución del año hidrológico (impulsar cultivos con altas necesidades hídricas cuando haya disponibilidad y no hacerlo cuando haya sequía) y en el que se asegura que los cálculos elaborados por los técnicos del organismo regulador infravaloran los consumos reales del sector agrario aragonés.

El consejero de Medio Ambiente aragonés, Manuel Blasco, ha criticado este jueves en una rueda de prensa la ausencia de reflexión sobre el sector agrario en la propuesta inicial, dado que ni siquiera se contemplen nuevos regadíos para Aragón, algo que la margen derecha del Ebro "viene reclamando desde hace tiempo". "Se considera que las necesidades de agua se reducirán, sin tener en cuenta que existe una evolución de la demanda de cultivos que los documentos iniciales de la planificación no han considerado”, ha dicho Blasco, como tampoco “los impactos derivados del cambio climático en los cultivos” y “las transformaciones del sistema agroalimentario, que resultan obligadas para la adaptación”. 

La Confederación presentó los documentos iniciales para la redacción del nuevo plan director para la cuenca del Ebro en diciembre del año pasado, donde recogía rebajas de entre el 12 y el 15% de los suministros para los grandes sistemas de riego que dan servicio al campo aragonés. La propuesta nació de la necesidad, siempre a juicio de la CHE, de ajustar las dotaciones a la nueva realidad de un sector que ha modernizado sus regadíos, y, por tanto, que no puede producir lo mismo con menos agua gracias a la eficiencia de la tecnificación. Los estudios sobre los que se han basado las dotaciones hasta ahora se remiten al primer ciclo de planificación hidrológica, es decir, al año 1994.

Según ha argumentado Blasco, la planificación debe exigir que se active el diálogo con todos los implicados, reclama la posibilidad de contemplar nuevos regadíos y alerta sobre la reducción de las dotaciones de regadíos, que pueden comprometer y poner en peligro en sector agroalimentario aragonés. "Creemos que el documento inicial va en contra de los intereses de Aragón ya que se reduce la dotación de los riegos, lo que va en contra de los intereses de los regantes y de los ciudadanos en general", ha explicado el consejero.

También ha sido crítico el director del Instituto Aragonés del Agua, Luis Estaún, aludiendo a que el documento parte de la premisa de una reducción del 5% en el uso del agua "sin tener en cuenta que existen recursos disponibles". "Hay una falta de voluntad de poner estos recursos al servicio de la sociedad", ha asegurado el responsable del organismo dependiente de Medio Ambiente.

"Flexibilidad" antes que "un modelo de foto fija"

Por tanto, queda claro que las alegaciones a la fase inicial del plan del Ebro se dirigen a sus posibles efectos sobre el sector agroganadero. El descenso es "inaceptable" para el Departamento de Agricultura", ha denunciado el director general de Desarrollo Rural, José Manuel Cruz, que ha recordado que el sector agroalimentario aporta el 15% del PIB aragonés, es decir, de la riqueza de la comunidad. Por ello, Cruz ha defendido que es necesario implementar “un modelo flexible”, que permita a los regantes iimpulsarcultivos hídricointensivos cuando haya abundancia de agua en la cuenca y apostar por plantaciones que requieren menos recursos cuando haya sequía. "Con el modelo de foto fija que se plantea habrá años en los que se aumentará la posibilidad de fallo de las cosechas y los agricultores que han invertido en modernización de sus explotaciones verán cómo se pone en riesgo su viabilidad", ha argumentado.

El Gobierno de Aragón reclama que se realicen estas previsiones teniendo en cuenta la tendencia climática del pasado para proyectarla hacia el futuro para calcular “dotaciones realistas”, verificar el cálculo de la evopotranspiración, usar la pedregosidad y la profundidad del suelo en el cálculo del agua disponible total, considerar el drenaje en la simulación de los flujos de agua en el suelo, revisar datos como la precipitación efectiva, la humedad del suelo, la eficiencia de riego en parcela, los efectos de las dobles cosechas y el análisis de incertidumbre y de cambio climático.

Las obras de regulación

La utilización de los recursos hídricos para el campo es un debate indisoluble de la regulación de los ríos que discurren por la cuenca del Ebro. El consejero Manuel Blasco ha avanzado que en fases posteriores de la redacción del nuevo plan hidrológico del Ebro, que entrará en vigor en el año 2028, reclamarán el impulso de nuevas obras hidráulicas. En concreto, se ha vuelto a referir a la regulación del Gállego a través de Biscarrués, un proyecto que fue tumbado por el Tribunal Supremo en el año 2020 por sus afecciones ambientales, y del Matarraña.

Además, Blasco ha recordado que la CHE incumplirá sus planes de regulación para la presente planificación. "Hay tres grandes obras, Yesa, Mularroya y Almudévar, que siguen sin estar puestas en servicio. Para Aragón la regulación del agua es un asunto capital", ha dicho el consejero, sobre los tres nuevos embalses o recrecimientos que deben contribuir a que la cuenca del Ebro alcance una regulación del 60%, un porcentaje que el Ministerio de Transición Ecológica entiende como suficiente.

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