Aragón y el resto de comunidades del PP reclaman a la ministra que convoque la Conferencia Sectorial de Vivienda

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha sumado su firma a la de otros doce consejeros de comunidades y ciudades autónomas gobernadas por el PP en una carta remitida a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana de España, Isabel Rodríguez, en la que le reclaman la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Vivienda para definir y acordar el próximo plan estatal.

Los trece firmantes, representantes de la Xunta de Galicia, la Junta de Andalucía, los gobiernos de Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, la Generalitat Valenciana, la Junta de Extremadura, el Govern de las Islas Baleares, la Comunidad de Madrid, la Junta de castilla y León, el Gobierno de Aragón y los gobiernos de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, recuerdan a la ministra la inminente caducidad del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 y la necesidad de "elaborar, tramitar y aprobar" el plan correspondiente al siguiente periodo, entre 2026 y 2029.

Apuntan asimismo que el hecho de no haberse celebrado ninguna reunión sectorial sobre la materia desde octubre de 2024, les ha impedido conocer el contenido del plan, ni participar activamente en la elaboración del documento, "que hasta la fecha se ha limitado al envío de nuestras propuestas, de las que no hemos obtenido respuesta", reprochan.

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Una falta de comunicación que, según lamentan, ha impedido "el necesario y enriquecedor debate" que permita contemplar "todas las realidades territoriales, evaluar las necesidades y su alcance, e incorporar las sugerencias constructivas que permitan alumbrar el mejor plan posible para los españoles".

Por ello, las comunidades autónomas gobernadas por el PP solicitan formalmente la urgente celebración de una Conferencia Sectorial de Vivienda, para abordar la cuestión "de forma monográfica", concretan, con la reunión previa de la correspondiente Comisión Sectorial Técnica preparatoria, en la que los consejeros reciban "documentación suficiente" sobre el borrador de medidas y la configuración prevista para el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2029 que haya elaborado el Ministerio.

Sostienen que esta demanda responde al propósito desarrollar, "a la mayor brevedad posible", un documento de trabajo "serio, solvente y, sobre todo, eficaz, huyendo de toda confrontación y sesgo, y que sea el fruto de la leal colaboración entre las administraciones".

Apelan a la "pura lógica democrática", "el diálogo sincero y fluido y "el acuerdo entre quienes lo elaboran y quienes tienen que aplicarlo", para abordar ya su redacción, sin imposiciones unilaterales que, advierten, harían que corriera "el riesgo de no perdurar en el tiempo".

Los consejeros populares defienden que dicho plan "debe basarse sobre el principio constitucional de igualdad de todos los españoles, residan donde residan, evitando a toda costa la introducción de elementos de distorsión territorial mediante incentivos relacionados con objetivos de naturaleza ideológica o partidista". Ello, argumentan, con el propósito de dotarlo de "solidez política suficiente".