A fondo I Cinco años de transición justa en Andorra: un compromiso que avanza

Han transcurrido algo más de cinco años desde la firma del Acuerdo por una Transición Energética Justa para las centrales térmicas en cierre, suscrito en abril de 2020 entre el Gobierno de España, las empresas eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy y, posteriormente, EDP) y los sindicatos CCOO Industria y UGT FICA. Aquel acuerdo representó un punto de inflexión en la manera de gestionar el cierre de instalaciones energéticas, integrando por primera vez la dimensión socioeconómica del proceso de descarbonización.

El cierre de las centrales térmicas, motivado por factores técnicos, económicos y ambientales, afectaba directamente a las personas trabajadoras y a los territorios donde estas infraestructuras eran una fuente clave de empleo y actividad. El Acuerdo tenía un objetivo claro: asegurar una descarbonización efectiva, pero también una transición ordenada y justa en 15 zonas afectadas en todo el país.

Uno de los casos más emblemáticos ha sido el de la Central Térmica de Teruel, en el municipio de Andorra, cuyo cierre definitivo se autorizó el 29 de junio de 2020, con publicación en el BOE del 9 de julio. Desde entonces, el Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha desplegado una acción intensa y continuada en la zona.

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La noción de «transición justa», nacida del movimiento sindical hace más de tres décadas, no venía con instrucciones. Ha requerido traducirse en políticas públicas eficaces para abordar el impacto social y laboral de los cambios productivos. Esto ha implicado movilizar instrumentos existentes —como ayudas a empresas y ayuntamientos—, pero también diseñar mecanismos novedosos como los concursos de acceso a nudos de transición justa.

Desde el cierre de la central, el compromiso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sido sostenido. En estos cinco años, se han destinado más de 376 millones de euros a apoyar proyectos empresariales y de ayuntamientos en los municipios de transición justa del entorno de Andorra. Inversiones orientadas a crear empleo, diversificar la economía local y reforzar los servicios públicos.

En el ámbito empresarial, se han respaldado 68 proyectos en sectores como la industria manufacturera, la gestión de residuos, el turismo o la agroalimentación. Son proyectos que apuestan por la innovación, la sostenibilidad y el arraigo territorial. Paralelamente, se han financiado 46 proyectos municipales enfocados en mejorar infraestructuras y servicios esenciales. Entre ellos, residencias y centros de día, mejoras en polígonos industriales, renovación del alumbrado público o rehabilitación de espacios para usos sociales, culturales y turísticos.

Una de las iniciativas más destacadas ha sido el primer Concurso de Nudo de Transición Justa del país. En noviembre de 2022, el Ministerio adjudicó el nudo Mudéjar 400 kV a Enel Green Power España, con una capacidad de 1.202 MW para proyectos eólicos y fotovoltaicos. La adjudicación exige, además de la instalación renovable, el desarrollo de un plan de acompañamiento con proyectos industriales, agrarios y del sector servicios en el territorio, para garantizar una verdadera integración de la transición energética. Por parte del Ministerio, la evaluación ambiental —garantista y rigurosa— se encuentra en su fase final, paso previo al inicio de las obras.

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Uno de los principales desafíos ha sido, y continúa siendo, la gestión del tiempo. El desfase entre el cierre de una actividad económica y la materialización de nuevos proyectos genera incertidumbre, una preocupación plenamente comprensible y legítima en los territorios afectados. En respuesta a esta realidad, el despliegue de instrumentos y medidas ha sido constante e intenso. A día de hoy, los compromisos firmes de generación de empleo asociados a los nuevos proyectos triplican el número de empleos perdidos con el cierre de la central, reflejando un esfuerzo dirigido a transformar el impacto del cierre en una oportunidad de impulso para el territorio.

La transición ecológica no es solo una transformación tecnológica o ambiental. Es, ante todo, un proceso humano. Acompañarlo requiere instituciones sólidas, políticas públicas coherentes y capacidad de escucha. El Instituto para la Transición Justa —único de su tipo en la Unión Europea— nació precisamente para abordar esa misión.

Lo que en 2020 era un compromiso, hoy es una realidad en construcción: con proyectos en marcha, inversiones movilizadas y una dirección clara. Sabemos que queda camino por recorrer. Pero también sabemos que es posible avanzar hacia un modelo energético descarbonizado que genere empleo y oportunidades que permitan a la población vivir y desarrollarse en su propio territorio