El Gobierno de Aragón busca alojamiento para los 251 migrantes en los grandes pueblos

El Gobierno de Aragón ya está moviendo ficha para encontrar alojamiento a los 251 menores migrantes que previsiblemente llegarán a la comunidad entre finales de agosto y principios de septiembre. Tanto es así que desde el Ejecutivo autonómico se ha puesto el foco en los grandes municipios y en las cabeceras comarcales como los núcleos poblacionales que pueden acoger a estos mismos menores migrantes, de los cuales está previsto que unos 150 lleguen a la provincia de Zaragoza, 60 a Huesca y 40 a Teruel. Pero los primeros sondeos con los agentes involucrados en la configuración de este reparto revelan dos retos: la falta de recursos habitacionales unida a la falta de educadores y trabajadores sociales.

Diversas fuentes consultadas por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN han confirmado que esta misma semana se ha celebrado una reunión de carácter presencial para abordar el futuro de estos 251 jóvenes. En esta cita se ha valorado la importancia de que los menores sean reubicados en las grandes poblaciones de la comunidad en las que los educadores y los trabajadores sociales puedan trabajar con ellos en materia de inserción. Por eso ahora se está estudiando la idoneidad de varios municipios que ya están en cartera mientras los esfuerzos se centran en rastrear la disponibilidad de pisos.

Tampoco se deja de lado la posibilidad de que los centros de menores alivien esta carga, aunque se reconoce que están saturados. Y algunas provincias, como es el caso de Teruel, ya han advertido también de sus problemas de alojamiento, más aún después de que un edificio de acogida ubicado en la capital turolense quedara inutilizado por el incendio que supuestamente originó un menor tutelado por la Generalitat de Cataluña.

Trabajadores sociales

Pero, una voz solventado el reto del dónde, a la Administración le resta el reto de encontrar educadores y trabajadores sociales que deseen trabajar en esta materia de inserción. Y no es una cuestión baladí porque la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín (PP), ha señalado esta misma semana que muchos de estos menores "tienen trastornos de conducta o perfiles vitales que deben ser abordados en otro contexto". En este sentido aseguró que el sistema autonómico está orientado a "proteger" a los menores en diferentes circunstancias familiares o sociales, pero cargó contra el Gobierno central al precisar que la entrada de menores con rasgos más conflictivos la ha propicionado su mala gestión de la política migratoria.

Son los primeros pasos que ha dado el Ejecutivo autonómico de la mano de los agentes implicados en el reparto de los 251 menores migrantes, unos movimientos que llegan, precisamente, la misma semana en la que la Audiencia Nacional ha dado carpetazo a los recursos de Aragón contra las conferencias sectoriales en las que se abordó el reparto de los menores migrantes.

El rechazo de la Justicia a los contenciosos-administrativos presentados por la DGA era algo “previsible” para el Gobierno autonómico. La consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, admitió el pasado jueves la situación, pero insistió en que el decreto es “injusto” a ojos del Ejecutivo que lidera Jorge Azcón. La consejera popular advirtió que desde el Pignatelli “se seguirá recurriendo absolutamente todos los actos derivados de un real decreto que consideramos inconstitucional y arbitrario”. Susín volvió a ligar este reparto diferenciado por comunidades con la debilidad parlamentaria del Gobierno de Sánchez y las exigencias de los socios independentistas, en especial en Cataluña.

Postura radicalmente contraria la de Fernando Beltrán, delegado del Gobierno en Aragón. El socialista señaló “la incapacidad” de la DGA para cumplir con el mandato decretado en el Consejo de Ministros. De hecho, Beltrán acusó de “falta de intención política” a Azcón, por no “aportar soluciones a un fenómeno extraordinario”. El delegado del Gobierno en la comunidad criticó las alusiones de Azcón a la falta de financiación y acusó el Ejecutivo autonómico de destinar dinero a “todo aquello que le interesa y le gusta”, poniendo como ejemplo el Plan Pirineos o la construcción de La Nueva Romareda. Azcón ha reclamado históricamente el aumento de la dotación nacional a las comunidades para hacer frente a la llegada de migrantes, que son acogidos por la autonomía, que solo recibe financiación estatal para el primer ejercicio.