La Justicia desestima las cautelarísimas contra el Clúster Maestrazgo solicitadas por el bloque ambientalista

El Tribunal Supremo ha desestimado las medidas cautelares que distintos colectivos ambientalistas solicitaban para impedir el inicio de las obras del Clúster Maestrazgo. La sala tercera de lo contencioso de la máxima instancia judicial no advierte una especial urgencia que justifique obviar el derecho de defensa de las partes demandadas, por lo que deniega esta petición formulada en la demanda de la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, el movimiento ciudadano Teruel Existe y la Plataforma NO a la MAT.

El bloque ambientalista presentó una denuncia que pretende tumbar las autorizaciones ambientales de una de las 20 plantas que componen el macroproyecto, la que recibe el nombre de Cid I, que incluye seis aerogeneradores, así como la línea de evacuación desde la subestación trasformadora Iglesuela hasta la subestación de Red Eléctrica en Morella. Un año y medio después de admitir a trámite la demanda, el alto tribunal aceptó este miércoles la demanda, pero rechaza de plano las medidas cautelarísimas. El proyecto tiene otro tres litigios abiertos de colectivos vecinales, partidos políticos y particulares que se oponen a su desarrollo, todavía pendientes.

El Tribunal Supremo, en consonancia con la legislación y la jurisprudencia, ha entendido que no concurren las circunstancias de urgencia excepcional que justificarían la suspensión inmediata de las actuaciones. En consecuencia, el procedimiento para la posible adopción de medidas cautelares se tramitará por el cauce ordinario, garantizando así el derecho de defensa.

El Clúster Maestrazgo es un macroparque eólico proyectado sobre la frontera entre Teruel y Castellón que supone la instalación de 122 aerogeneradores de última generación, 33 menos de los que se incluían en el diseño inicial que promovió Forestalia antes de que los activos fuesen adquiridos por el fondo de inversión Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), que ahora se encarga del desarrollo de la iniciativa. Los planes de la compañía pasaban por empezar la obra civil en el primer trimestre de este año, como anunciaron de forma inicial, pero todavía no han comenzado. Ahora el Supremo les da vía libre al entender que los distintos recursos interpuestos contra el inicio de las obras no tienen cabida.

La iniciativa fue aprobada 'in extremis' por el Consejo de Ministros, que, sin el apoyo de los diputados de Sumar, dio luz verde de un plumazo a la Declaración de Impacto Ambiental de la iniciativa pese a las divergencias entre los informes favorables –la mayoría de ellos– y desfavorables de los Gobiernos aragonés y valenciano. Contra este aval gubernamental por la vía rápida se formula también la denuncia de los ambientalistas, que entiende que el macroproyecto abarca 20 parques distintos diferentes que se deben estudiar de forma independiente. "Este hecho podría suponer una de las primeras razones para hablar de una tramitación ambiental y administrativa indebida", defienden desde el bloque ecologista y vecinal.

Desde el fondo CIP señalan que la compañía "continuará colaborando con las autoridades y cumpliendo la legalidad vigente y destaca la máxima confianza en los procesos legales y administrativos". Destacan también "la solidez de todos los permisos y evaluaciones ambientales obtenidos para el desarrollo de un proyecto que contribuirá a la transición energética y que supone una oportunidad para el desarrollo sostenible de la región, el empleo local y la protección del medioambiente".