Los consumidores tildan de “nulo” el acuerdo para elevar a 16 los festivos comerciales y cuestionan el papel de la Cámara
Ucaragón, la principal organización de usuarios de la comunidad, denuncia que ha sido "expulsada" del Observatorio Aragonés del Comercio para acallar las voces críticas con la liberalización de horarios a las grandes superficies

El presidente de la Asociación de Consumidores de Aragón (Ucaragón), José Ángel Oliván. este lunes en la rueda de prensa. / El Periódico de Aragón
La Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón) ha criticado este lunes con dureza el acuerdo del Observatorio Aragonés del Comercio que propone ampliar de 10 a 16 los domingos y festivos de apertura para las grandes superficies. A su juicio, la reunión en la que se aprobó la propuesta, avanzada por este diario, es “nula de pleno derecho” porque se celebró sin la participación de los representantes de los consumidores, ya que fueron "expulsados" de este órgano consultivo por una orden de la consejería de Economía del pasado 13 de agosto.
Así lo ha denunciado en una rueda de prensa José Ángel Oliván, presidente de la principal organización de consumidores de la comunidad autónoma. “Nos sustituyeron por la directora general de Consumo, con el peregrino argumento de que los consumidores estamos mejor representados por un político que por nuestras asociaciones legítimamente constituidas”, criticó. Ucaragón ha recurrido esa decisión y considera que cualquier acuerdo adoptado mientras el recurso siga pendiente “carece de validez”.
Oliván asegura que la votación en el observatorio “no fue una negociación real” y que los asistentes “tuvieron que pronunciarse sobre un power point sin disponer del informe completo de la Cámara de Comercio que supuestamente justificaba la medida”. La propuesta de aumentar los festivos y domingos de apertura de 10 a 16 días, de forma progresiva con dos fechas más por año, salió adelante con 15 votos a favor —el 75% de los integrantes de este órgano—. No obstante, no se trata de un dictamen vinculante.
En cualquier caso, Ucaragón considera que la composición del observatorio es "desmesuradamente favorable a las grandes superficies frente a los trabajadores, los pequeños comercios y los consumidores, que directamente hemos sido expulsados” .
Para esta organización, el procedimiento “se ha hecho al revés”. “El Gobierno de Aragón debería sentar a una misma mesa a los tres actores legítimos -empresarios, trabajadores y consumidores- junto con la Administración, y abrir una negociación sería desde cero. Es más lento e incómodo, pero ese es el pactismo aragonés. No la imposición directa”.
El estudio de la Cámara: "sesgado y centralista”
En cuanto al informe de la Cámara de Comercio de Zaragoza, que compara la evolución del comercio minorista en Aragón y la Comunida de Madrid, Oliván considera que su planteamiento es “erróneo y sesgado”. “El estudio asume que el mejor comportamiento del comercio madrileño se debe únicamente a la libertad de horarios, sin tener en cuenta factores como el turismo, el crecimiento demográfico o el peso económico de la capital”, explicó.
Desde Ucaragón critican que el informe “no distingue entre pequeño comercio y gran superficie”, ya que el término minorista engloba, recuerdan, a todo el sector, desde “El Corte Inglés a la tienda del barrio”. Según los datos del propio estudio, destacan, “los mayores incrementos de empleo y ventas en Madrid se han dado en las empresas de más de 500 trabajadores, lo que demuestra que la liberalización benefició principalmente a las grandes superficies”.
Otro de los defectos del estudio señalados por Ucaragón es la ausencia de un análisis territorial. “El estudio es centralista y zaragozano. No valora el impacto en provincias como Huesca o Teruel. Si Zaragoza abre más domingos, succionará el consumo de las comarcas vecinas, que verán cerrar comercios y perder actividad económica”, explicó Oliván.
El representante de los consumidores también se mostró crítico con la filosofía que subyace en el informe de la Cámara. “Nos parece peligroso que se plantee sustituir el ocio por la compra. Los festivos no pueden convertirse en días para consumir en lugar de descansar”, afirmó. “Trabajadores, empresarios y consumidores nos merecemos tiempo de ocio. El negocio ya está bastante representado el resto de la semana”.
Para Oliván, no existe una demanda real de los consumidores que justifique una ampliación del número de festivos en que puede abrir el gran comercio. “No es una necesidad. Quien quiera comprar en domingo ya puede hacerlo en el pequeño comercio, que no tiene limitaciones de apertura. Lo que se propone es favorecer a las grandes superficies frente al comercio de proximidad, que es el que da vida a nuestros barrios”, argumentó Oliván.
Ucaragón valora ir a los tribunales
Desde esta organización sostienen que detrás de la propuesta aprobada en el observatorio está “el propio Gobierno de Aragón y concretamente de la Dirección General de Comercio”, que dirige Carmen Herrarte. "Hay políticos que tienen que dejar huella en su paso por la política", afirmó Oliván. "No nos engañemos: no ha habido nadie que lo haya pedido, más allá de las grandes superficies, para las que abrir todos los días está en su ADN", afirmó.
La asociación de consumidores exige que el Gobierno aragonés anule el acuerdo del observatorio y convoque a todos los agentes para estudiar “una reforma integral del calendario comercial”, que incluya criterios económicos, laborales y territoriales. “No puede decidirse con un estudio parcial y sin participación. Hay que volver a empezar, incluso si eso significa reducir los festivos a ocho, como en Navarra o el País Vasco, donde existe amplio consenso social”, propuso.
Oliván advirtío además de que, si la DGA no rectifica y vuelve a incluir a las organizaciones de consumidores en el observatorio del comercio, Ucaragón recurrirá a la vía judicial. “Seguiremos adelante con la impugnación y, si es necesario, acudiremos a los tribunales. No podemos permitir que se excluya a los consumidores de un asunto que afecta directamente a sus intereses económicos, como reconoce el artículo 51 de la Constitución. Si alguna directora general no se lo ha leído, debería hacerlo”, concluyó.
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