El Gobierno da un ultimátum a Aragón respecto al aborto: le da tres meses para crear el registro de objetores de conciencia

Tres meses. Ese es el plazo que el Gobierno de España ha dado a Aragón para cree el registro de objetores de conciencia para la práctica del aborto. La comunidad se encuentra, junto a Asturias, Islas Baleares y Madrid, entre los territorios que no tienen habilitado todavía el Registro de Personas Objetoras. Por tanto, no cumplen en estos momentos el mandato establecido en la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

El plazo establecido para aplicar esta medida lo ha marcado el Gobierno de España a través del un requerimiento formal que Sánchez ha enviado a los presidentes de estas comunidades. En él se pide la puesta en marcha de este registro “con la mayor celeridad posible”, indican fuentes del Gobierno.

¿Y qué sucederá si Aragón no acata la decisión? En el caso de que, transcurridos tres meses desde la recepción del requerimiento, no lo hubiera hecho “se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento”, dice el Gobierno de España. Es decir, se abre la puerta a las sanciones. 

La disposición de un registro de objetores de conciencia para la práctica del aborto  viene establecido por mandato en la Ley Orgánica 2/2010, concretamente en su reforma de 2023. Este “obliga” a todas las comunidades a tener el registro, cuyo protocolo además aprobó por unanimidad el Consejo Interterritorial del SNS en 202 y es de obligado cumplimiento.

La reacción desde la consejería de Sanidad

Por su parte, fuentes del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón indican a este diario que "está garantizado el derecho de las mujeres a que les practiquen un aborto, ya sea en centros propios de la sanidad pública o a través de conciertos, pero siempre costeados por financiación pública".

Y añaden: "En Aragón, cualquier mujer que quiera interrumpir su embarazo puede hacerlo con absoluta garantía y sin problemas", han insistido.

A pesar de no existir registros, desde la consejería que dirige José Luis Bancalero apuntan que "del mismo modo que se respeta ese derecho, se respeta el derecho a la objeción de conciencia. Es compatible y se viene haciendo sin problema", han recalcado.

Consecuencias para las mujeres

Por su parte, desde el Gobierno de España indican que no disponer de este registro "limita de facto" el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley, recuerdan desde el Gobierno. "El respeto a la objeción de conciencia de los profesionales nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres", añaden.

Con este requerimiento, comunicado este lunes, "el Gobierno da un paso más para garantizar que todas las mujeres, vivan donde vivan, puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y asegurar que este derecho se ejerza en la sanidad pública y con todas las garantías de seguridad, autonomía y libertad", han puntualizado desde el Ejecutivo central.