Azcón aumenta la financiación para Zaragoza por la ley de capitalidad: pagará 110,5 millones en 5 años

Más dinero del Gobierno de Aragón para el Ayuntamiento de Zaragoza. Esta es la decisión adoptada el pasado 1 de septiembre y que suscribieron el presidente aragonés, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, para incrementar la aportación autonómica a la ciudad en base al convenio económico fijado por la ley de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón (LREMZ), más conocida como ley de capitalidad. Ambos establecen que los 80 millones de euros pactados para el periodo 2021-2024 debe aumentarse hasta alcanzar los 110.512.125 euros entre 2025 y 2029.

La decisión, a la que ninguna de las partes le ha dado publicidad, se ha publicado este martes 7 de octubre en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), y determina que la cuantía que transferirá la DGA a Zaragoza deberá aumentar a partir del año próximo. Así, este año se desembolsarán 20 millones de euros al ayuntamiento y en los cuatro siguientes irá aumentando hasta alcanzar los 24.310.125 euros en el año 2029.

Antes, en el ejercicio 2026 subirá a 21 millones, en 2027 se incrementará hasta llegar a 22.050.000 euros y en 2028 se aumentará de nuevo hasta llegar a los 23.152.500 euros. En total, sin contar la actual anualidad, Zaragoza recibirá en los cuatro años siguientes 90.512.125 euros, lo que significa un incremento del 13,1% con respecto al periodo 2021-2024, o lo que es lo mismo, más de 10 millones de euros adicionales para la capital de Aragón.

Estas condiciones económicas son las que rigen lo que marca la ley de capitalidad en lo que respecta a configurar un régimen singular de financiación para Zaragoza por ser capital de Aragón y por ser una "gran población concentrada y de desmesurada extensión territorial" con peculiaridades propias muy distintas a las del resto de municipios de la comunidad. Así, se estableció un convenio bilateral con el que la DGA participa "en el desarrollo y gestión de las distintas actividades derivadas de las competencias atribuidas al Ayuntamiento de Zaragoza por la ley de capitalidad.

De 80 millones a más de 90 en cuatro años

"Es por ello que, con fecha 29 de diciembre de 2021 se suscribió, para el periodo 2021-2024 el importe de 80.000.0000 euros, el Convenio Bilateral Económico Financiero entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza derivado de la aplicación de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza, cuya vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2024 y que ha dotado de estabilidad financiera al Ayuntamiento de Zaragoza", detalla el documento publicado en el BOA.

Así que la renovación de este convenio ya acumula diez meses de retraso, aunque no ha perdido su vigencia, ya que se ha prorrogado a la espera de un nuevo acuerdo, este que se alcanzó el pasado 1 de septiembre. Una revisión en la que se han tenido en cuenta "una serie de circunstancias sobrevenidas" experimentadas durante la ejecución del anterior convenio y que están derivadas de "un lógico encarecimiento en el coste de desarrollo de las competencias del Ayuntamiento de Zaragoza", explica, además de la "aparición de una serie de conflictos sobrevenidos en su aplicación, especialmente por la colisión que existió en 2022 y 2023 entre las subvenciones de concurrencia competitiva concedidas por el Gobierno de Aragón y la aportación incondicionada, resuelta por acuerdo extrajudicial de 19 de diciembre de 2023, así como el progresivo cese de los efectos de convenios de subvenciones nominativas hasta la fecha concedidas para la financiación de competencias concretas del Ayuntamiento de Zaragoza"

No detalla cuáles son esos conflictos pero sí el efecto que se deriva de ellos en este nuevo convenio bilateral, que además llega sin que ninguna de las partes hayan concertado una nueva reunión bilateral DGA-Ayuntamiento de Zaragoza que, en base a lo establecido en el anterior convenio, ya debería haberse producido hace meses. Será, sin duda, porque hay asuntos de calado que siguen sin resolverse en el plano político, como solventar la permuta de los suelos de la calle Embarcadero, que el consistorio iba a intercambiar por los terrenos de la antigua Alumalsa en el barrio de San José y que este año decidió 'motu proprio' sacar a subasta para ingresar con ellos más de 9 millones de euros a las arcas municipales. Ahora se busca un suelo alternativo que poder llevar a esa bilateral Azcón-Chueca.

De esta manera, establecen las partes las nuevas condiciones del Convenio Bilateral Económico Financiero entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza que aún deben firmar las partes. Pero ya están fijadas, a la vista de lo publicado, las cantidades a desembolsar y la duración del nuevo convenio, que será de cinco años, uno más que el anterior y más allá de la actual legislatura. Eso sí, también especifica que este acuerdo se deberá "incluir en la Ley de presupuestos autonómica" que sigue en el aire, tanto en la DGA como en el Ayuntamiento de Zaragoza, aunque aún hay margen para tenerlo antes de finalizar el año.

De momento, ya se especifica que los 20 millones de euros correspondientes al ejercicio 2025 se computarán en el próximo presupuesto autonómico, si es que finalmente lo hay y no se prorroga, y que las asignaciones anuales antes mencionadas "tendrán la consideración de fondos incondicionados". "No podrán entenderse como abonos a cuenta de ninguna aportación. Asimismo, no sustituyen ni afectan a los compromisos financieros que correspondan al Ayuntamiento de Zaragoza derivados de convocatorias de concurrencia competitiva, subvenciones nominativas o de cualquier aportación prevista en cualquier norma con rango de ley", añade el documento aprobado.

Pago trimestral al ayuntamiento

Respecto al pago de estas cantidades, el nuevo convenio establece que "se abonarán al Ayuntamiento de Zaragoza trimestralmente", aunque también que "el Gobierno de Aragón podrá compensar de oficio estos créditos, previa audiencia al Ayuntamiento de Zaragoza, con otras cantidades que este le adeude, siempre que se trate de deudas vencidas, líquidas y exigibles". "La citada compensación se llevará a cabo, en su caso, en el último trimestre de cada ejercicio y previo acuerdo del Consejo Bilateral de Capitalidad", apostilla.

Además, detalla que "la demora en el cumplimiento de las obligaciones económicas comprometidas podrá dar lugar a la reclamación de los intereses legales generados, desde el 1 de enero del ejercicio posterior al de la anualidad incumplida, hasta el efectivo ingreso de la misma, siendo sometida la misma a su toma de razón en el próximo Consejo Bilateral de Capitalidad".

El nuevo convenio también fija que "el Ayuntamiento remitirá anualmente al Consejo Bilateral y al Gobierno de Aragón un certificado emitido por su Interventor, acreditativo de los gastos realizados y de las aplicaciones del presupuesto municipal destinadas a financiar las actividades y servicios que la LREMZ y la legislación sectorial autonómica vigente atribuyen al Ayuntamiento de Zaragoza y son financiadas con las aportaciones autonómicas previstas en este convenio". Además, deberá remitir "un Informe Memoria Económica acreditativo de los resultados obtenidos".

Mientras, al Gobierno de Aragón le reserva la potestad de "realizar un seguimiento de las competencias ejercidas por el Ayuntamiento y, a tal fin, podrá requerir a la administración municipal, en el seno del Consejo Bilateral, cuanta información complementaria considere oportuna para tener un conocimiento cabal de lo actuado y su financiación conjunta, así como para justificar, en su caso, la financiación proveniente de otras Administraciones Públicas".

"Este convenio entrará en vigor en el momento de su firma y su duración será inicialmente hasta el 31 de diciembre del año 2029 sin perjuicio de prórrogas anuales posteriores que se puedan acordar por las administraciones que lo suscriben en los términos legalmente establecidos, que no podrán superar los 4 años", culmina el nuevo convenio, que aclara que "serán causas y efectos de la resolución del Convenio las establecidas en los artículos 51 y 52" de la citada ley.

Por lo demás, se mantiene la obligación de mantener una comisión de seguimiento del convenio, con tres personas elegidas por el presidente de Aragón que representen al Gobierno autonómico y otras tres por parte de la alcaldesa de Zaragoza en representación del ayuntamiento, para constatar que las condiciones pactadas se están cumpliendo.