Las futuras universidades privadas en Aragón reaccionan al decreto del Gobierno y no descartan emprender acciones legales

El mercado de la educación superior está viviendo momentos convulsos y numerosas empresas y fondos de inversión están tratando de lograr un rédito económico ofreciendo formación especializada. En Aragón existen tres iniciativas diferentes que buscan llenar los espacios que no cubre la oferta de grados de la Universidad de Zaragoza y la Universidad San Jorge. Ahora, ante el endurecimiento de los requisitos para ejercer aprobado por el Gobierno de España, indican que se adaptarán a las nuevas condiciones. Aunque no descartan iniciar medidas legales para aclarar si están siendo víctimas de la "inseguridad jurídica".

El proyecto ThePower University, de la empresa Power MBA, es el proyecto que está más avanzado en la comunidad y tienen el objetivo de comenzar la docencia en tres años. El pasado mes de marzo presentaron el proyecto ante la consejería de Universidades y en agosto el Consejo de Administración de Expo Zaragoza Empresarial aprobó sacar a concurso la redacción del proyecto de reconversión del uno de los 'cacahuetes' (el denominado como Ebro 4) en el edificio principal del campus privado, que tiene previsto invertir 30 millones de euros. "Creemos que los cambios planteados no afectan al proyecto, pues tanto por tamaño como por importancia de la presencialidad vamos en la línea del nuevo decreto", indica el codirector general, Rafa Gozalo.

En opinión del cofundador, tanto la exigencia de avales, como la ampliación de los máster, así como la disponibilidad de una residencia son cuestiones que pueden "abordar", de forma que esperan completar el diseño del proyecto para cumplir con los plazos marcados.

Una situación que también esperan salvar los impulsores de la universidad Niccolo Cusano (NCI Aragón) que pretende instalarse en Calatayud. La Società delle Scienze Umane es la promotora de este proyecto, que se llegó a presentar en la capital bilbilitana a finales de 2022 y su ubicación sería la Azucarera Labradora, edificio que forma parte del patrimonio industrial de Calatayud. El proyecto, que pretende acoger a unos 3.000 alumnos y que se repartiría entre tres facultades también será "adaptado levemente" para cumplir con las nuevas exigencias aprobadas. "Aún estamos analizando el texto, pero tenemos una confianza absoluta en que podremos cumplir con los requisitos", señala el abogado de los promotores, Paolo Indolfi.

En el caso del grupo italiano, polémico por sus vínculos con la derecha, señalan que en su día ya realizaron "modificaciones" del proyecto siguiendo las indicaciones de la consejería de Universidades y destacan que harán los cambios que sean pertinentes para seguir con la creación del campus. "La apuesta por Calatayud se mantiene vigente", explican.

Más prudentes se muestran desde la iniciativa de la Universidad Internacional de Aragón (Uniar), que  desde el grupo Magister tenían el objetivo de iniciar en septiembre de 2026 las clases online con una inversión económica de más de 15 millones de euros y con la creación de más de 500 puestos de trabajo de alta cualificación en la comunidad. Por el momento sus promotores señalan que están a la espera de analizar el nuevo decreto para realizar una valoración sobre el mismo.

En todo caso, tanto el grupo italiano como ThePower University coinciden en considerar que la situación a la que se enfrentan genera "inseguridad jurídica". Para Gozalo el haber trabajado en un proyecto dentro de los plazos establecidos y ahora encontrarse con una modificación produce "un desamparo importante" ante el que no descartan realizar una respuesta ante los tribunales.

"Pueden convivir diferentes ofertas"

"Nuestra voluntad es cumplir con la normativa, pues somos una universidad sólida que no tiene detrás un fondo de inversión, pero no son de recibo estas modificaciones ante un proyecto que conocen desde marzo de 2024", indica el abogado italiano.

La preocupación por la inseguridad jurídica se repite también en el propio Ayuntamiento de Calatayud, que se muestra dispuesto a colaborar en la implantación de los nuevos estudios como motor de desarrollo de la localidad. "Los proyectos registrados antes del cambio de la normativa tendrían que tener un trato diferente", ha señalado el regidor, José Manuel Aranda.

El dirigente señala que en la comunidad pueden convivir diferentes ofertas educativas, todas ellas "complementarias". Y recuerda que la implantación de la Universidad San Jorge también fue recibida con dudas pero que con el paso de los años se ha asentado "su calidad educativa" y que nadie pone en cuestión su desempeño. "El futuro campus de Calatayud es un proyecto ilusionante que responderá a la necesidad aragonesa de nuevos perfiles profesionales, estamos plenamente convencidos de su pertinencia", ha considerado.