Aragón ya acoge a los tres primeros menores migrantes que tiene asignados por el Gobierno de España

Aragón ya acoge, desde este jueves, a los primeros menores migrantes no acompañados que van a llegar en las próximas semanas desde Canarias, Ceuta y Melilla. Concretamente, han llegado tres jóvenes, aunque el Ejecutivo autonómico ya ha recibido 30 expedientes (12 de las islas, 12 de Ceuta y 6 de Melilla) desde el Gobierno central, por lo que el número final de recepciones, que se producirá de forma escalonada, seguirá en esa línea hasta los 251 menores que le corresponde atender.

Se da inicio así a un sistema de reparto para descongestionar la crisis humanitaria que se ha trasladado a esos tres puntos de la geografía nacional, con derviaciones de algunos de estos menores entre las distintas comunidades. Un sistema que, eso sí, ha sido muy criticado por las comunidades autónomas gobernadas por el PP. En el caso del Gobierno de Jorge Azcón, se han presentado alegaciones a cada expediente, de forma particular.

Entre ellas destaca el hecho de que, según la versión de la DGA, varios de los menores que van a ser trasladados a la comunidad autónoma habrían solicitado ser llevados a ciudades de otras comunidades o, incluso, permanecer en sus ubicaciones actuales y, sin embargo, serán trasladados a Aragón. Según el Departamento de Bienestar Social que dirige Carmen Susín, este reparto es "inconstitucional, injusto e insolidario", además de no seguir "criterios objetivos y transparentes".

Con todo, la polémica no es nueva. De hecho, fue la excusa que usó Vox en un momento de debilidad a nivel nacional para abandonar los Gobiernos autonómicos, entre ellos el aragonés, en una drástica decisión sin apenas precedentes que fue tomada de manera unilateral desde Madrid por Santiago Abascal. Desde la DGA siempre han insistido en que, pese a no estar de acuerdo, la ley les obliga a acoger a estos menores migrantes.

La negociación presupuestaria

Una explicación que sigue sin convencer a los de Abascal, como así lo hacen notar a través de las declaraciones de sus diputados autonómicos y estableciendo líneas rojas en las negociaciones presupuestarias que, el pasado año, ya provocaron (entre otras cuestiones) que no hubiese cuentas. Ahora, los tres primeros menores migrantes llegan en un momento en el que el equipo de Azcón y la ejecutiva nacional de la formación de extrema derecha intentan desbloquear los presupuestos para 2026, con la amenaza del adelanto electoral en el ambiente.

Este mismo jueves, el diputado ultra David Arranz ha propuesto cerrar los centros para menores migrantes no acompañados y, además, revocar los convenios con las oenegés. Tras ello, pide que esos niños y adolescentes sean deportados a sus países de origen (competencias que tampoco son autonómicas). Y en su discurso, nuevamente, Arranz ha vuelto a alentar el fantasma de la "inseguridad", aunque sin aportar datos más allá de sus palabras.