PP y Vox tensan la cuerda por la inmigración con las cuentas pendientes

Un día fueron socios de Gobierno, pero ya no. Y aunque se supone que tendrían que volver a serlo si el Ejecutivo aragonés quiere aprobar sus presupuestos de 2026, las relaciones entre el PP y Vox en Aragón están más tensas que nunca. Después de que el pasado viernes el presidente aragonés animara irónicamente a su exvicepresidente, Alejandro Nolasco, a asumir la consejería de Bienestar Social si lo que quería era "incumplir la ley", el portavoz de Vox en el hemiciclo aragonés le cogió el guante y aseguró que los diputados de la ultraderecha están "preparados" para hacer frente a "la inmigración ilegal y descontrolada".

Como respuesta, el portavoz de Vox se encontró un comunicado oficial del Gobierno de Aragón denunciando su "desconocimiento profundo" y exigiéndole "responsabilidad y sensatez" sobre la política migratoria. Los de Vox reaccionaron de nuevo al comunicado del Gobierno de Aragón insistiendo en que solo Vox «tiene la determinación» de cumplir con las medidas antiinmigración que proclama.

A través de un comunicado, fuentes de la DGA señalaron que "las declaraciones del señor Nolasco demuestran un desconocimiento profundo de la realidad de las políticas, la legalidad, las medidas y los recursos en materia de inmigración".

Nolasco se había comprometido a realizar convenios de repatriación de menores migrantes con los países de origen y a retirar las subvenciones a entidades sociales como Cruz Roja, Accem o Apip Acam que, para Vox, "colaboran de forma indirecta con las mafias". Asimismo, el portavoz de Vox aseguraba que se quedarían en el Gobierno de Aragón "solo unos meses", el tiempo "necesario" para desplegar todas estas medidas contrarias a la ley y a los inmigrantes.

Pero esta vez, los excesos de Nolasco encontraron la respuesta del Ejecutivo aragonés del que formó parte al inicio de la legislatura. Respecto a la ley de Extranjería, desde la DGA señalaron que "el procedimiento que establece para pedir la repatriación de menores se inicia a petición de la comunidad autónoma ante el delegado del Gobierno, que es quien debe incoar, tramitar y resolver el procedimiento de repatriación". "En dicho procedimiento participan tanto la fiscalía como el propio menor, que debe ser oído en la solicitud de repatriación, que debe atender siempre al interés superior del menor. Pero los menores, los países y las familias de origen se pueden negar a la repatriación y eso la hace automáticamente inviable", explicaron.

Por otro lado, añadieron que "actualmente es imposible firmar un convenio de esas características". "Argelia y Marruecos tienen los acuerdos de devolución suspendidos desde hace años. Argelia desde 2022, y Marruecos no ha repatriado ningún menor desde 2017, tal y como se puede leer en las memorias de la fiscalía general del Estado", incidieron. Por eso, animaron a Nolasco "a darse un baño de realidad viajando a estos dos países a intentar reactivar dichos convenios de repatriación".

En relación con su voluntad de dar "cero euros" a entidades sociales como Cruz Roja, Accem, Cepaim o Apip Acam, desde el Gobierno autonómico recordaron que realizan en la comunidad autónoma muchas más funciones, además del cuidado y atención de menores migrantes. En ocasiones, por convenio con el Gobierno de España. En otros casos, por atención a personas mayores, con convenios que nada tienen que ver con las políticas de inmigración señaladas por la ultraderecha. Aunque desde el Gobierno aragonés volvieron a recordar sus discrepancias con la política migratoria del Gobierno de España liderado por Pedro Sánchez, marcaron sobre todo distancias con una ultraderecha que pretende posicionarse al margen de la ley, a tenor de las propuestas de su portavoz en Aragón.

Por todo lo anterior, desde el Gobierno de Aragón le solicitaron a su exvicepresidente Nolasco "más preparación, sensatez, seriedad y responsabilidad a la hora emitir declaraciones sobre esta y otras cuestiones". Pero nadie sabe en el Pignatelli cómo se pueden encauzar unas relaciones tan tensionadas con Vox para iniciar una negociación presupuestaria clave que evite el adelanto electoral en 2026.