Agresiones y estrés en la protección de menores: el sector aragonés convoca huelga

Las plantillas están "muy enfadadas". Y reiteran que la situación dentro de los centros de protección y reforma aragoneses sigue estando al límite. Por eso han convocado una huelga en todo el sector para el 23 de octubre y explican que no se están reclamando privilegios, sino "condiciones dignas para cuidar en condiciones dignas". Aseguran que la falta de negociación, la "indiferencia empresarial" y la pasividad de la administración está normalizando "agresiones" y falta de atención.

Los representantes de los trabajadores denuncian que la falta de estabilidad laboral, que se arrastra desde hace varios años, repercute directamente en los adolescentes atendidos. Además, explican que la alta rotación del personal educativo "impide la creación de vínculos estables" que deteriora la intervención socio educativa. Afirman que la sobrecarga de los centros "provoca desorientación emocional y conductual" en los menores y que los equipos solo pueden actuar como "simples apagafuegos" atendiendo urgencias y sin realizar "procesos educativos reales".

Detrás de estos problemas están los bajos sueldos del sector, y por lo tanto, la falta de profesionales, pues muchos deciden trabajar en el País Vasco, Cataluña, Valencia o Navarra donde sí cuentan con un convenio. En Aragón los servicios residenciales de protección están atendidos por más de 600 profesionales que se hacen cargo de los centros de reforma y los pisos tutelados. En total calculan que dentro del sistema existen 720 plazas a las que se tienen que sumar los adolescentes atendidos por el programa 17+, estimado en unos 140 usuarios y las 74 plazas de nueva creación para atender el último reparto de menores en la comunidad. La mayoría se concentran en la provincia de Zaragoza.

"Los incidentes que se registran en estos centros se deben a la falta de personal, con agresiones y numerosas bajas por estrés laboral", denuncia uno de los trabajadores, Roberto Duro. Desde el sector ponen como ejemplo que en el centro de menores de Juslibol, con una plantilla de 38 educadores, el 28% se encuentra en estos momentos de baja laboral. Además, denuncian que en los turnos de noche un solo profesional debe hacerse cargo de once menores. "Es inadmisible, pues cuando existen problemas nos quedamos sin margen de maniobra", alertan.

Entre las exigencias del sector destacan la necesidad de contar con dos profesionales como mínimo por turno en todos los pisos tutelados, la instalación de sistemas de alarma y comunicación directa con los cuerpos de seguridad y el diseño de protocolos específicos de actuación ante las situaciones de violencia que se puedan generar en el interior de los recursos de acogida. 

Reducción de la jornada

También reclaman la reducción progresiva de la jornada anual desde las 1.722 horas actuales hasta las 1.476 horas anuales. También creen necesaria la consolidación y mejora de los permisos que el estatuto de los trabajadores ya reconoce y "flexibilizar los requisitos para disponer excedentes" y para optar a cargos de la administración.

El sector recuerda que en junio de este año se alcanzó en el Sama con la patronales para mejorar las tablas salariales y de jornada antes del 20 de octubre. Pero denuncian que estas entidades (en las que se agrupan Aldeas Infantiles, Rey Ardid, YMCA y Accem) "no han mostrado ninguna voluntad negociadora" mientras que organizaciones como Kairós y Ozanam no forma parte de las patronales "a pesar de recibir financiación pública". La sensación, según han denunciado, es que les están "tomando el pelo".

En este contexto denuncian que el Gobierno de Aragón, siendo "el responsable último de los contratos y conciertos, asíc omo de la tutela de los menores", no se ha implicado en el proceso y que no ha respondido a la solicitud de reunión cursada por las organizaciones sindicales.