El Gobierno de España impulsará la construcción de 204 viviendas públicas en antiguas cárceles de Zaragoza y Huesca

El Gobierno de España continúa dando pasos para transferir al Sepes, que se transformará próximamente en una empresa pública de vivienda, suelos en los que poder construir pisos y dotar así a esta nueva entidad de terrenos en los que poder levantar bloques. Primero fue la transferencia de parcelas del Ministerio de Defensa, luego llegaron los activos de la Sareb, el conocido como banco malo, y ahora le ha llegado el turno a los suelos de antiguas cárceles pertenecientes hasta ahora al Ministerio de Interior. Entre ellos están los de la antigua cárcel de Torrero, en Zaragoza, y los de la cárcel provincial de Huesca.

Así lo ha explicado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La operación en su conjunto plantea la transferencia de ocho solares e infraestructuras que en total darán cabida a 1.332 viviendas públicas. Los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, con 27.000 metros cuadrados, son los que más pisos acogerán dentro de esta tanda, con 508 en total, pero también se construirán nuevas viviendas en antiguos suelos penitenciarios de Sevilla, Córdoba, Denia, Segovia y Briciesca, además de Huesca y Zaragoza. Asimismo, el Gobierno de España ha autorizado la transferencia de 260 millones al Sepes para la ejecución de los proyectos.

Fuentes de esta entidad, que se encarga de la gestión del suelo público estatal, han explicado a este diario que, aunque no hay plazos marcados, el objetivo es "dotar a estos proyectos de la mayor agilidad posible". Para ello, la ministra ha asegurado que esta misma mañana se ha puesto en contacto con todos los ayuntamientos afectados para poder iniciar la tramitación urbanística cuanto antes. Desde el Sepes tampoco han concretado si se tratarán de viviendas de alquiler o venta, pero "serán públicas y la protección se mantendrá para siempre".

Adiós a la vivienda libre

En el caso de Zaragoza, la operación anunciada por Rodríguez supone un cambio importante con respecto a lo que se informó hace ahora un año. Los suelos en los que irán las 64 viviendas están en la conocida popularmente como plaza del Laurel, entre la calle Villa de Ansó y la plaza de la Memoria Democrática, detrás del Centro Social Okupado Kike Mur y en un principio iban a enajenarse (venderse) para generar ingresos y construir vivienda libre. Ahora se asegura que los pisos serán públicos.

Estos terrenos, como los otros ocho que se incluyen en esta transferencia al Sepes, han sido siempre propiedad de Interior. El año pasado, a instancia del propio ministerio, se impulsó y se aprobó la modificación del plan parcial para cambiar la ordenación de esta parcela de Torrero, algo que ya se había intentado en el pasado y que se acabó evitando debido a las protestas vecinales.

¿Y por qué protestaban? En este solar había un laurel que, en su momento, estuvo en el patio de la cárcel de Torrero, un lugar que fue testigo de la represión franquista y que los vecinos siempre pidieron proteger. La cuestión es que el árbol se encontraba en una parcela que, según el planeamiento, tenía que albergar dos edificios que iban a levantarse en paralelo a las tres hileras que ya existen. En 2006, para salvaguardar este ejemplar, se modificó el plan parcial de la zona para que el nuevo bloque que se levantara tuviera forma de C, con el objetivo de dejar libre un espacio en el que permaneciera el laurel.

El laurel falleció

Pero el laurel, después de una gran polémica, en el año 2013 se constató que el árbol había muerto, por lo que el ayuntamiento intentó volver a la configuración inicial de los suelos, esto es, con dos bloques situados en paralelo. Los vecinos del siempre combativo barrio de Torrero se levantaron en armas y el consistorio acabó renunciando a sus planes hasta el año pasado, cuando consiguieron aprobar la modificación del plan parcial.

Ahora, desde el Sepes aseguran que todas las operaciones se van a impulsar de la mano de las asociaciones de los barrios en las que se encuentran para garantizar la integración de los nuevos bloques en su entorno y en los cascos urbanos de las ciudades. Asimismo, la ministra Rodríguez ha recordado que, en muchos casos, como ocurre en Zaragoza, pero también en Carabanchel, las parcelas en las que se sitúan las antiguas cárceles son espacios cargados de simbolismo por el recuerdo a la memoria de las víctimas de la represión del régimen de Franco.

En el caso de Huesca, los terrenos en los que se levantarán los anunciados 140 pisos son los de la antigua cárcel provincial, en la calle Ramón y Cajal, en el número 65. En este caso, el centro penitenciario que ocupó estos suelos se construyó entre los años 40 y 50 por mano de obra reclusa. Varios historiadores apuntan a que esta fue una de las cárceles en las que el franquismo encerró a cientos de europeos que huían de otros regímenes represores del continente.

Con este anuncio, la ministra Rodríguez ha asegurado que el objetivo del Gobierno de España es "poner el patrimonio público de suelo al servicio del derecho a la vivienda". Por ello, los suelos de Interior que se van a ceder al Sepes, valorados en 78 millones de euros, se van a transferir de forma gratuita. La titular de la cartera de Vivienda ha anunciado además que, dentro de poco, el Sepes cambiará de nombre para adaptarse mejor a su nueva función: construir miles de viviendas públicas. Eso si se cumple lo hasta ahora anunciado.