Las listas de espera para la dependencia en Aragón son "las más bajas en tres años"

Las listas de espera para la dependencia en Aragón son las más bajas en tres años. Al menos, así lo ha defendido este martes la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, ha defendido este martes en las Cortes de Aragón que el Gobierno autonómico “ha dado la vuelta al sistema de atención” en los dos últimos años, situando a la comunidad con la menor lista de espera de los últimos tres ejercicios y con indicadores “en máximos históricos”.

La consejera ha dicho que Aragón "ha dado pasos muy importantes para mejorar el sistema de atención a la dependencia”, aunque ha advertido de que queda "mucho camino por recorrer” y que no solo es una cuestión de gestión, sino también de financiación. En este sentido, ha reprochado al Gobierno central que mantenga “congelada” su aportación y ha denunciado que la decisión de financiar al 50% el gasto total en dependencia en Cataluña y País Vasco.

Susín ha asegurado durante ante la comisión parlamentaria del ramo a petición del PSOE y de IU, que Aragón reclamará al Estado “el 50% del gasto total, no del nivel acordado”, al haber sostenido con recursos propios los avances logrados. “Abrir el melón de la financiación de la dependencia es abrir el mismo melón de la financiación autonómica”, ha subrayado, al tiempo que ha manifestado de que las comunidades más envejecidas y dispersas “no pueden quedar relegadas frente a las más pobladas”.

Durante su comparecencia, Susín ha repasado los resultados obtenidos desde 2023, tras reforzar equipos y medios técnicos para agilizar los procedimientos. El número de resoluciones de grado ha pasado de 973 en 2022 a 4.663 en 2024, mientras en lo que va de 2025 ya se han emitido 4.158.

Según los últimos datos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), 48.061 aragoneses tienen reconocido su derecho a la dependencia, y “prácticamente todos ya lo ejercen”, con solo 120 personas pendientes de su plan individualizado de atención. Las solicitudes pendientes de valoración se han reducido a 2.982, un 39% menos que en septiembre de 2024, y el tiempo medio de resolución es de 152 días, frente a los 349 de la media nacional.

Las prestaciones en vigor alcanzan las 63.430, un 11% más que hace un año y un 33 % más que hace dos. Entre ellas, las económicas de cuidados en el entorno familiar suponen el 40%, con 690 contratos de colaboración en marcha, de los cuales más del 60% son a jornada completa. “Nuestro objetivo es llegar al millar de beneficiarios antes de final de año”, ha apuntado.

Nuevas prestaciones

Susín ha recordado también la creación de la nueva Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) y la reciente orden que regula los servicios de Prevención de la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal, “para garantizar el acceso al servicio a través de la prestación económica vinculada”.

Asimismo, ha subrayado el compromiso del Ejecutivo con la mejora de la calidad asistencial y ha anunciado que están "cerrando con comarcas y ayuntamientos los nuevos convenios por los que se incrementará el precio-hora del servicio a domicilio hasta los 25,7 y 26,7 euros” y que, además, se aumentarán hasta 2.000 las plazas concertadas y se aplicará un incremento del 25 % en el precio-plaza residencial.

La oposición ha restado bastante entusiasmo a la declaración de Susín. Así, la diputada del PSOE, Leticia Soria, ha desmentido que haya más personas atendidas en el servicio y ha reprochado al Gobierno que “vive de la inercia del impulso de la pasada legislatura”. Ha subrayado que “no basta con resolver rápido si la reducción de plazos no va acompañada de un acceso más justo y equitativo” y ha acusado al PP de que “cada vez que gestionan lo público refuerzan el modelo privado”, citando como ejemplo “2.500 ayudas para pagar una plaza residencial y menos de cien plazas nuevas concertadas”.

Una crítica similar ha lanzado el diputado de IU, Álvaro Sanz, para quien el relato de Susín es “más de lo mismo” y ha calificado de “miserable” la cuantía de la prestación por cuidado profesional, “entre 130 y 300 euros”, mientras “se anuncian millones para cosas menos útiles y justas".

Por otro lado, en la comisión ha salido adelante, con el voto a favor de PSOE, Vox, A-TE e IU y el voto en contra del PP, una proposición no de ley de CHA para instar al departamento de Susín a "agilizar los procedimientos administrativos, reforzar las plantillas y garantizar la equidad territorial" en materia de dependencia. De esta forma, la diputada aragonesista Isabel Lasobras ha señalado que en Aragón el desarrollo de la atención a este derecho ha sido “desigual y, en muchos casos, insuficiente, con trámites burocráticos lentos, plantillas sobrecargadas o recursos que no llegan a todo el territorio”.