El Gobierno de Aragón litigará contra las resoluciones del traslado de menores migrantes

El Consejo de Gobierno de Aragón ha acordado este miércoles autorizar a la Dirección General de Servicios Jurídicos a ejercer acciones legales frente a la reubicación y traslado de menores de edad extranjeros no acompañados a Aragón. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la vicepresidenta, Mar Vaquero, ha dejado claro que el Ejecutivo seguirá adelante con estas actuaciones legales al considerar que "se están incumpliendo los procedimientos".

El Gobierno de Aragón ha acordado litigar "ante la arbitrariedad con que el Gobierno de España está afrontando esta crisis migratoria, ante la falta de acuerdo con las comunidades autónomas y la irresponsabilidad del incumplimiento de los procedimientos", ha continuado Vaquero.

La Administración autonómica ha recepcionado 31 expedientes de menores "al amparo de este reparto arbitrario" y los trámites han derivado en siete resoluciones de traslado a la comunidad, llegando los primeros la semana pasada.

El objetivo es oponerse judicialmente a las resoluciones que se han estado recibiendo a lo largo de las últimas semanas dentro del reparto obligatorio establecido en el Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, que determina la derivación de estos menores desde los territorios declarados en situación de contingencia migratoria extraordinaria a otras comunidades. Desde el 17 de septiembre y hasta el 15 de octubre se han recepcionado un total de 31 expedientes de menores al amparo del reparto arbitrario e impuesto por el Estado -15 de Canarias, 12 de Ceuta y 4 de Melilla- frente a los que se han ido presentando las correspondientes alegaciones. El trámite de estos expedientes ha derivado en siete resoluciones de traslado hasta la fecha; los primeros menores llegaron ya a Aragón la semana pasada.

Entre las alegaciones que presentaron a cada uno de los expedientes constan dos supuestos que se repiten en varios casos: en primer lugar, hay expedientes en los que se contraviene un artículo del Real Decreto Ley, que establece que "la persona menor afectada y la comunidad o ciudad autónoma de destino habrán de ser oídas, dando conocimiento al Ministerio Fiscal en garantía del interés superior del menor y de los derechos que le confiere el ordenamiento jurídico".

El mismo Real Decreto Ley señala que "el expediente se remitirá al Ministerio Fiscal, que podrá pronunciarse en un plazo de dos días naturales y, en todo caso, si la persona menor de edad manifiesta su oposición al traslado", indicando el Gobierno de Aragón que "hay menores que han manifestado querer ser llevados a una ciudad en concreto, en otras comunidades autónomas, por tener amigos o familiares residiendo en ellas y se les deriva a pesar de ello a Aragón; alguno de estos menores se opone a ser llevado fuera del lugar donde está actualmente y se le impone el traslado a Aragón de todas formas". Por último, hay casos de expedientes en los que los técnicos desaconsejan explícitamente el traslado a la Península del menor.