Cerca de 50 administrativos llevan ante la Justicia de Aragón el concurso de méritos del Gobierno de Aragón

Un grupo de unos 50 administrativos ha presentado una queja a la Justicia de Aragón sobre el concurso de méritos que afecta a un proceso de estabilización de personal. Los denunciantes critican que el proceso interno "aboca a los sujetos afectados a situaciones peores de las que ya tenían" y destacan los traslados a puestos de difícil cobertura, alejados de las grandes ciudades. La DGA defiende la ejecución del proceso interno y asegura que todos los trámites se han resuelto de acuerdo a la ley y según lo acordado entre Administración Pública y sindicatos en las diferentes mesas sectoriales.

El escrito a la Justicia de Aragón, al que ha tenido acceso a este diario, es el último paso de una serie de reclamaciones internas que ya se han efectuado contra la Dirección General de Función Pública. Una serie de reclamaciones que, según esgrimen los afectados, no han llegado a un fin positivo para ellos, por lo que el proceso sigue en marcha. La denuncia ante la Justicia pide Concepción Gimeno y su equipo "velen por la defensa de los derechos y ejerza para ello la supervisión de la actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma". Además, el grupo de administrativos reclama a la Justicia que inste al Gobierno de Aragón a "a ampliar la oferta de plazas disponibles en Zaragoza capital también para el turno ordinario por concurso extraordinario del proceso de estabilización de empleo temporal" en busca del "principio de igualdad" y de "la conciliación de la vida familiar y laboral".

Otra de las demandas es que la provisión de puestos sea "con destino provisional". Los administrativos arguyen que de esta manera se ha hecho con el turno de discapacidad, pero que el de los demandantes tiene "destino definitivo". "Esta medida asegura la igualdad de trato entre los distintos aspirantes y respeta el orden de los procesos selectivos previamente establecidos, evitando perjuicios a quienes debemos elegir destino dentro del calendario fijado para la toma de posesión en primer destino definitivo", concluye en su escrito a la Justicia de Aragón.

En tercer lugar, los cincuenta administrativos lamentan que no podrán participar en próximos concursos con plazas de destino a Zaragoza ni en comisión de servicios, por lo que "desplazarán y despojarán de sus plazas a personas que actualmente están trabajando en Huesca y Teruel y son necesarios". La denuncia principal del colectivo es que, en la mayoría de los casos, son administrativos que superan los 50 años y que viven en Zaragoza, por lo que coger puestos fuera de la capital aragonesa puede dañar su conciliación familiar.

El Gobierno de Aragón defiende la aplicación de la ley y los acuerdos

La aplicación de concursos de méritos y la finalización de los procesos internos de funcionarios en el seno del Gobierno de Aragón sigue dando destinos definitivos a los trabajadores públicos. Sin embargo, pese a la denuncia emitida por este grupo de administrativos, el Ejecutivo autonómico defiende las acciones llevadas a cabo e insiste en que tanto las plazas ofertadas como su adjudicación se hacen en función de "la ley y los acuerdos sindicales"

Sobre el proceso de estabilización que afecta a los demandantes (24/0050), fuentes de la Dirección General de Función destacan que se resuelve "después de otros procesos", iniciados anteriormente, por lo que "solo se pueden ofrecer las plazas que hayan quedado vacantes tras los anteriores". Por lo tanto, funcionarios que hayan formado parte de esas resoluciones anteriores habrán elegido puestos y dejado desiertos otros. Los segundos, casi siempre, de difícil cobertura y alejados de Zaragoza, que históricamente atesora la mayor cantidad de demanda.

"Los puestos que se ofertarán en primer destino definitivo deberán haber quedado desiertos, al menos una vez, en los procesos de movilidad de personal funcionario de carrera y personal laboral fijo", recuerda la norma reguladora y la propia DGA, por lo que "no se pueden ofertar puestos ya ocupados ni solicitados por funcionarios de carrera".

Sobre los procesos que contemplan puestos para personas con discapacidad, la Dirección General de Función Pública asegura que "no afectan al turno ordinario", por lo que "no hay justificación para retrasar ni alterar las adjudicaciones".