¿Qué denuncian los trabajadores de los centros de menores en Aragón?: Un sector "precario" abocado a la huelga

Los servicios residenciales de protección y reforma de menores en Aragón están atendidos por más de 600 trabajadores que atienden cerca de 720 plazas en pisos y centros especializados. La situación laboral a la que se enfrentan es "precaria" y están llamados a la huelga el próximo jueves. Este lunes han mantenido una última reunión en el Sama con las patronales del sector que ha terminado sin acuerdo y con una falta clara de voluntad negociadora, según denuncian. De hecho, evidencian que la organización empresarial mayoritaria en la mesa de negociación no ha estado presente en la mediación.

La Plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma y Protección, que reclama la implicación del Gobierno de Aragón en el conflicto laboral, señala que la mayoría de estos servicios son gestionados por empresas concertadas o subvencionadas. Entre ellas se encuentran firmas como Rey Ardid, Aldeas Infantiles, YMCA, ACCEM, Apip-Acam, Ozanam o Kairos. El servicio depende de la consejería de Bienestar Social a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

La gran reivindicación de la plantilla tiene que ver con la mejora de las condiciones laborales, con el objetivo de garantizar la seguridad de las propias plantillas y de los usuarios. Entre sus prioridades está el establecer las ratios adecuadas garantizando que en todos los turnos haya al menos dos personas trabajando conjuntamente para evitar incidentes en forma de agresiones.

En la negociación de un convenio autonómico también plantean un incremento progresivo en materia salarial del 23% para los servicios de limpieza y residenciales; un 20% para auxiliares administrativas, de clínica y mediadores culturales; un 17% para auxiliar técnico educativo, integradores laborales sociales, maestro de taller, cocinera/o, mantenimiento; y un 15% para los trabajadores que requieran una titulación universitaria, como educadores sociales, psicólogas, enfermeras.

Del mismo modo solicitan una revisión anual automática según el IPC real + el 2%; y la inclusión de pluses específicos por peligrosidad. En las últimas semanas se han multiplicado las noticias de agresiones a los profesionales, tanto en Aragón como fuera de la comunidad. En este sentido denuncian igualmente la saturación de los propios centros en los que trabajan.

Salud laboral

En lo que se refiere a salud laboral, piden mejoras en atención en las mutuas, ya que los servicios médicos no reconocen como contingencias profesionales muchas de las enfermedades profesionales y accidentes derivados la atención a estos adolescentes, en muchos casos con "mochilas de vida complicadas", según han referido.

También quieren que el nuevo convenio contemple la aplicación efectiva de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en todos los centros; la baja para las trabajadoras embarazadas desde el primer día del conocimiento de su estado, así como la creación de una comisión mixta de salud laboral que analice los riesgos psicosociales específicos del sector.

Independientemente de cómo avancen las negociaciones con la huelga que comenzará el jueves, desde la plataforma por el nuevo convenio le piden al Gobierno de Aragón que valore internalizar de nuevo el sistema de reforma de los menores, así como al personal laboral. Señalan que volver al sistema público "es la única forma de garantizar plenamente que se cumplen todos los requisitos de formación, ratios y contratación que aseguren el servicio de calidad".