La realidad en un centro de menores: "Son chicos que nunca han tenido un espacio seguro ni de cariño"

La Plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma y Protección ha convocado este jueves una huelga de trabajadores este jueves para reclamar mejores condiciones laborales. Unos paros que quieren poner en evidencia la realidad de un modelo de protección y reforma de la infancia, que provoca conflictos con los propios adolescentes que tendría que atender. Y que al mismo tiempo genera una gran presión entre los trabajadores, más de 600 en toda la comunidad. "La ciudadanía no conoce nuestra profesión ni nuestras reivindicaciones", lamentan.

El sector, agrupado en la plataforma, exige mejoras para los diferentes grados de atención a la infancia que existen en la comunidad. "Son chicos que nunca han tenido un espacio seguro ni de cariño", destacan ante la realidad de los recursos. La educadora del centro de protección Juan de Lanuza (un centro de autonomía para jóvenes de 14 a 18 años, última fase antes de salir del sistema), Marta Carmenado, es una de las trabajadoras que afronta las situaciones límites que viven en el día a día. Algo que sabe peor porque se produce en un contexto en el que "tanto las entidades sociales como la administración pública" están deseando que el colectivo tire la toalla.

La mayoría de estos servicios son gestionados por empresas concertadas o subvencionadas. Entre ellas se encuentran firmas como Rey Ardid, Aldeas Infantiles, YMCA, ACCEM, Apip-Acam, Ozanam o Kairos. El servicio depende de la consejería de Bienestar Social a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

La ausencia de medios y la falta de control ante los perfiles que tienen que atender en su día a día provoca impotencia. Y se concreta en agresiones, estrés laboral y una falta de seguimiento real de las necesidades de los adolescentes a los que deberían atender. "Tenemos un trabajo muy gratificante cuando logramos crear un vínculo con los menores", asegura Carmenado. Sin embargo, la falta de personal y de un convenio laboral equiparable al de otras autonomías están provocando situaciones límite. "No podemos hacer otra cosa que ir a los mínimos, nunca sabemos si realmente les estamos cuidando o protegiendo de verdad", lamenta.

La falta de recursos, según denuncian, se observa en toda la organización cotidiana. Por ejemplo, detallan que un centro de protección diseñado para jóvenes con ciertas habilidades de autogestión, está recibiendo perfiles que requieren un entorno mucho más vigilado.

Esta realidad se reproduce también cuando se hace referencia al "reformatorio", esto es, al Centro de Educación e Internamiento por Medio Judicial (CEIMJ), "mucho más estricto, más cerrado y más normativo", al que pertenece la educadora Elia Palacios. Un centro de especial relevancia en el que a menudo deben limitarse a enseñar cosas básicas ("lavado de dientes, aseo, hacerse la cama") a jóvenes muy desestructurados, buscando una reinserción social que a menudo es difícil de mantener tras la salida. Nuevamente la falta de equipos y el desinterés administrativo lastra el desarrollo del programa.

En este contexto, el también educador Roberto Duro, señala que las situaciones "tensas" limitan sus capacidades de acción. "La falta de recursos provoca que se vivan situaciones de violencia que afectan a todos los perfiles, algo que nos provoca mucha impotencia, pues siempre se nos queda la sensación de que no podemos dar lo que los menores necesitan", lamenta. Esto provoca que, en ocasiones, los propios pisos tutelados reproduzcan las dinámicas que se pretendían evitar.

La realidad es compleja y la adjudicación de los pliegos a las empresas gestoras se hace cada vez por menos presupuesto. Por eso, los profesionales tiene que hacer frente a un intenso día a día con la carga añadida que genera atender a jóvenes con "mochilas vitales cada vez más complejas", a los problemas de la pertenencia a bandas, al consumo de sustancias, o al escaso "control del idioma" que tienen muchos de los menores derivados a sus recursos.

"Nuestra función es lograr que obtengan autonomía y se adapten a la sociedad", reitera Palacios. Algo muy complicado cuando, según denuncian, existen temporadas en las que el trabajo se reduce a que el joven "coma bien, duerma bien y se duche", calificando la situación como un "hotel", donde la sensación que tienen los educadores es de "impotencia y malestar", abandonados por las gestoras de los recursos y por la propia administración pública.

Sin embargo, a pesar de la frustración, todos ellos enfatizan la gratificación que se siente al reencontrarse, pasado los meses, con un antiguo menor que ha conseguido reinsertarse y trabajar. O simplemente al ver "avances" en su día a día. "Algo tan sencillo como ofrecerles un sándwich de pavo con queso a ellos les puede cambiar la forma de ver las cosas, es cuando vemos que nuestro trabajo marca la diferencia", indican. Ahora, su objetivo es que su huelga pueda cambiar la situación y lograr mejoras para el sistema de reforma.