Huelga en los centros de menores de Aragón: "Terminemos con el juego de la precariedad"

Jornada de huelga en los centros de menores de Aragón. Con una repetida reivindicación por bandera, que se resume en una mejora de las condiciones laborales de la plantilla, la Plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma y Protección ha dado inicio a la jornada de protesta de este jueves con una concentración en el IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales). "Si esto no se apaña, caña, caña, caña", han clamado entre pitidos y caceroladas, con carteles que lanzaban mensajes como "Terminemos con el juego de la precariedad".

Este lunes, los trabajadores mantuvieron una reunión en el Sama con las patronales del sector que terminó sin acuerdo y, según denunciaron, con una falta clara de voluntad negociadora. En la protesta han recordado que a este encuentro solo acudió una de las organizaciones de la patronal.

Y por este "bloqueo" en el convenio es por lo que la plataforma, integrada por UGT, CGT y CCOO, ha puesto en marcha la jornada de huelga de este jueves que se prevé que afecte a los más de 600 trabajadores de los servicios residenciales de protección y reforma de menores de Aragón, que atienden cerca de 720 plazas en pisos y centros especializados.

La Plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma y Protección ha valorado la jornada como un "éxito". Han sido las palabras de Héctor García, de CGT, que también ha recordado que se ha de tener en cuenta que los servicios mínimos establecidos son muy altos porque son un servicio esencial.

Desde la consejería de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, de la que, a través del IASS, dependen estos servicios residenciales, no han registrado los datos de seguimiento de la huelga porque, según han explicado, el personal funcionario de la DGA no estaba llamada a la misma. Según han concretado, los servicios mínimos los ha establecido la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Aragón a petición del IASS.

La Plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma y Protección ha solicitado este jueves una reunión al presidente de la Fundación Rey Ardid y también, "por tercera vez consecutiva" según ha indicado García, a Carmen Susín, consejera de Bienestar Social y Familia de Aragón. Por su parte, Susín ha trasladado el respeto de la DGA a la jornada de huelga pero ha insistido en que el Ejecutivo autonómico no interferirá en la relación entre trabajadores y empresas gestoras.

"Respetamos absolutamente todas sus reivindicaciones, pero entendemos que hay un convenio estatal. También entendemos que reivindiquen un convenio autonómico, puesto que eso da fuerza a los sindicatos para negociar, pero se está respetando los contratos el convenio estatal", ha expuesto Susín, quien ha recordado que fue ella misma la que trasladó a los representantes sindicales del sector que el Gobierno de Aragón no contempla la creación de una mesa tripartita para negociar las mejoras.

¿Y qué reivindican los trabajadores? Entre las grandes demandas de la plantilla está que se establezcan unas ratios adecuadas, de manera que en todos los turnos haya al menos dos personas trabajando de forma conjunta para evitar cualquier incidente u agresión.

Asimismo, en la negociación del convenio plantean también que se produzca un incremento salarial progresivo del 23% para los servicios de limpieza y residenciales; un 20% para auxiliares administrativas, de clínica y mediadores culturales; un 17% para auxiliar técnico educativo, integradores laborales sociales, maestro de taller, cocinera/o, mantenimiento; y un 15% para los trabajadores que requieran una titulación universitaria, como son los educadores sociales, psicólogos o enfermeros.

Y no son los únicos reclamos. La plantilla pide asimismo mejoras en la atención en las mutuas, ya que explican que los servicios médicos no reconocen como contingencias profesionales muchas de las enfermedades profesionales y de los accidentes que se dan a raíz de atender a estos menores, que tienen circunstancias complejas.

Además, quieren que el nuevo convenio contemple la aplicación efectiva de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en todos los centros; la baja para las trabajadoras embarazadas desde el primer día del conocimiento de su estado, así como la creación de una comisión mixta de salud laboral que analice los riesgos psicosociales específicos del sector.