Aragón avanza hacia la gratuidad escolar de 0 a 3 años: estos son los requisitos para ser beneficiario

La falta de presupuestos ya empieza a condicionar las políticas del Gobierno de Aragón. La consejería de Educación ha avanzado este viernes que solo si se aprueban unas nuevas cuentas se podrá poner en marcha el proyecto de gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años que quiere desarrollar a partir del próximo curso. Calculan un coste de 13 millones de euros que solo estarán disponibles si salen adelante las nuevas cuentas autonómicas, algo bastante alejado en estos momentos.

Las cuantías de esta subvención llegarán a los centros en función de su tamaño y ubicación. La previsión del Gobierno aragonés es financiar con cerca de 40.000 euros por aula completa de alumnos de 2-3 años que tengan entre 15 y 18 alumnos. También contemplan aportar cerca de 35.000 euros aquellas aulas que tengan entre 10 y 14 alumnos. Las aulas que no alcancen los diez alumnos como mínimo, no tendrán acceso a la financiación del Ejecutivo autonómico en este primer paso que se daría con el presupuesto del próximo año, si bien en el medio rural se prevé flexibilizar este requisito.

En cuanto a las escuelas conveniadas con entidades locales, las aulas que solo tengan alumnos de 2-3 años se financiarán con 22.000 euros por aula y curso, dado que ya reciben financiación del Gobierno de Aragón mediante los convenios suscritos, según ha explicado la consejera Tomasa Hernández. En las aulas mixtas donde haya alumnos entre 0 a 3 años, en el despliegue se completará su financiación con 150 euros por alumno de 2 a 3 años y por los 10 meses del curso escolar.

A aquellas guarderías que solo tienen licencia de apertura municipal, se les dará una moratoria de tres años para que se adapten a los requisitos educativos marcados por el Gobierno de Aragón para los centros de educación infantil. En total, aplicar esta medida tendrá un coste anual de 13,2 millones adicionales.

El Gobierno de Aragón ha explicado este viernes que se encuentran "ultimando la normativa" pensada, según argumentan, para avanzar en "el derecho a decidir" de los padres en cuanto a la educación que ofrecen a sus hijos. Por el momento, el equipo de la consejería ha mantenido este viernes un encuentro con las entidades locales aragonesas, con el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Carmelo Pérez, y con representantes del Ayuntamiento de Zaragoza, las concejales Sara Fernández y Paloma Espinosa. El objetivo es que los padres puedan optar a estas ayudas en el próximo periodo de matriculación escolar.

Conciliación laboral

La consejera ha recordado que el Gobierno de Aragón financia ya con 17,7 millones el coste de las aulas propias del Ejecutivo aragonés, con aulas de dos años de escolarización anticipada (este curso 77 aulas que dan servicio a 746 alumnos), las once escuelas infantiles de la comunidad (que atienden a 826 niños) y las escuelas conveniadas con las administraciones locales (167 escuelas en total). Asegura que se avanza en el modelo de subvención para ampliar los servicios porque no sería "viable" apostar por otro formato.

El Gobierno de Aragón trabaja en una serie de condiciones para acceder a este periodo de gratuidad, pensado especialmente en la conciliación laboral de los padres. Un modelo que no convencen a los miembros de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar) por considerar que no apuesta de forma directa por el acceso general a la etapa de los 0 a los 3 años y que se limita únicamente a ofertar una "semigratuidad a través de subvención a centros privados actualmente autorizados y no autorizados".

Las familias de la pública denuncian que existe un camino libre para avanzar en una gratuidad real, pues destaca que actualmente "hay un margen amplio de aulas en centros públicos que no disponen de escolarización anticipada de dos años", que es por donde se quiere iniciar el despliegue de la subvención. Además creen que pueden "incrementarse convenios con ayuntamientos y adaptar su financiación a las necesidades reales" y que pueden "crearse plazas públicas nuevas que garanticen el acceso y la calidad educativa de la etapa".