Teruel Existe contra Repsol: denuncia que repesca proyectos eólicos del Matarraña para su centro de datos
El movimiento ciudadano sostiene que la petrolera quiere utilizar la Ley de Energía de Aragón para reactivar desarrollos renovables que ha comprado a Forestalia
Central de ciclo combinado de Repsol en Escatrón / Miguel Ángel Gracia
El movimiento ciudadano Teruel Existe ha denunciado este martes que Repsol está tratando de reactivar proyectos eólicos "caducados" en la comarca del Matarraña para destinarlos al suministro energético del futuro centro de datos que promueve en Escatrón, asociado a la central de gas que la petrolera tiene en esta localidad zaragozana, que linda con la provincia turolense. Según este colectivo, estos desarrollos de instalaciones renovables perdieron su validez administrativa al no obtener autorización ambiental para evacuar la energía hacia Cataluña.
Estos proyectos eólicos forman parte, según Teruel Existe, del paquete de 15 plantas que Repsol ha adquirido a Forestalia en fechas recientes, unos activos que suman una potencia conjunta de 805 megavatios (MW). Fueron diseñados en su día para transportar electricidad hacia Begues y Garraf (Barcelona) y contaban con declaración de impacto ambiental (DIA) favorable en Aragón, pero no lograron el visto bueno de la Administración catalana, lo que provocó su caducidad.
Con la Ley de Energía de Aragón
El portavoz ha advertido de que los permisos ambientales “no pueden transferirse” a nuevos expedientes ni conservar su efecto jurídico una vez caducadas las autorizaciones administrativas originales. A su juicio, se estaría intentando “reactivar instalaciones rechazadas o vencidas” presentándolas como proyectos de autoconsumo industrial, una modalidad que la nueva ley autonómica permite y que, según ha dicho, “beneficia principalmente a una sola empresa promotora”.
Romeo también ha hecho referencia al denominado “proyecto Búfalo”, que incluiría decenas de instalaciones eólicas y fotovoltaicas destinadas a alimentar centros de datos en Aragón, con una potencia estimada de más de 2.000 megavatios. En total, ha indicado, entre 60 y 70 instalaciones con DIA favorable pero sin autorización de construcción ni conexión vigente podrían verse afectadas.
El representante de Teruel Existe ha pedido al Estado y al Tribunal Constitucional que velen por el cumplimiento de la legalidad y eviten que “proyectos energéticos caducados” se utilicen para nuevos desarrollos bajo una normativa que —según ha señalado— “aún está pendiente de validación constitucional”.
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