La gigafactoría de Figueruelas avanza con nuevos contratos de obras por valor de 50 millones

La multinacional china CATL da nuevos pasos en el desarrollo de la mayor inversión industrial que vive Aragón desde la llegada de Opel a principio de los años 80. La gigafactoría de baterías para coches eléctricos que la compañía, en alianza con el grupo Stellantis, impulsa en Figueruelas (Zaragoza) avanza con una tanda de licitaciones de obras y actuaciones vinculadas al proyecto, lo que acerca una nueva fase de los trabajos de construcción de la planta. Este avance se produce tras finalizar, antes incluso de lo previsto, los movimientos de tierra en la parcela anexa a la fábrica automovilística que albergará este innovador complejo.

En conjunto, los contratos que están actualmente en danza superan los 50 millones de euros, según informaron a este diario fuentes conocedoras de una infraestructura que generará unos 3.000 empleos directos con 4.100 millones de inversión. El proyecto ha logrado recabar 270 millones de ayudas públicas del Gobierno de España a través del Perte del coche eléctrico.

El lote de cimentaciones de la planta, una de las piezas clave para preparar el terreno, se encuentra ya en la segunda vuelta del proceso de adjudicación, con un presupuesto de 16,5 millones de euros. A su alrededor, se despliega una batería de contratos paralelos que dan idea del tamaño del proyecto.

Viviendas para los trabajadores chinos

Por un lado, CATL ha recibido ya ofertas para la obra civil destinada a implementar unas nuevas oficinas específicas para la gigafactoría en las actuales instalaciones de Stellantis, una actuación valorada en 1,7 millones de euros que complementaria la reorganización de espacios dentro del perímetro donde se ubicará la fábrica de baterías.

Otro de los procesos de contratación que ha abierto CATL tiene que ver con una de las facetas del proyecto que más expectación e interés tiene, como son el alojamiento destinado a acoger a los alrededor de 2.000 trabajadores que está previsto que se trasladen desde China y por tandas para participar en las obras de construcción y montaje de la gigafactoría.

En este sentido, CATL lanzó el pasado julio el contrato para el proyecto y la construcción de las viviendas donde vivirán temporalmente estos empleados con un presupuesto de 6,5 millones. Los meses pasan sin que todavía haya trascendido cuál será la solución final que adopte la compañía asiática para resolver el reto del alojamiento.

El mayor lote licitado hasta la fecha

El siguiente gran paso se juega el próximo mes de noviembre, cuando las empresas interesadas deberán entregar las ofertas técnicas y económicas para el lote de infraestructuras de la planta, la actuación más relevante hasta la fecha, con un presupuesto de 25 millones de euros. Se trata de las obras que darán forma al esqueleto básico del complejo: redes de servicios, accesos internos, canalizaciones o conexiones eléctricas.

Además, desde CATL han lanzado una invitación a empresas del sector de la construcción para un lote de soleras de hormigón, un paquete esencial para las naves de producción de baterías, lo que anticipa que la fase de edificación podría comenzar en los primeros meses de 2026.

El Gobierno de Aragón sigue de cerca cada paso de un proceso que, según el calendario inicial, debería permitir que la planta entre en funcionamiento a finales de 2027. El tablero de las obras se mueve y las empresas locales del sector de la construcción e ingeniería, muchas de ellas implicadas en los primeros lotes, se preparan para una carrera de fondo.

Estas licitaciones privadas confirman que el proyecto Toro, como fue denominado administrativamente, avanza a ritmo sostenido. A finales del pasado mayo, solo cinco meses después de hacerse oficial la inversión, las máquinas empezaron a trabajar en el movimiento de tierras en la parcela donde se levantará la gigafactoría, una inversión estratégica para el sector del automóvil tanto de Aragón como en el conjunto de España.

Este primer lote fue adjudicado a la UTE (unión temporal de empresas) formada por el gigante español de infraestructuras y energía Acciona y el grupo local Mariano López Navarro (MLN), una de las mayores constructoras aragonesas.

Otro paso clave para el desarrollo de esta gran industria la aprobación inicial por parte del Ejecutivo autonómico del PIGA (Proyecto de Interés General de Aragón) del complejo, la figura jurídica que permite agilizar y acortar su tramitación administrativa.