Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia: "La protección de menores no está saturada; el PP tiene otras prioridades"

Ha estado en Zaragoza para hablar de infancia migrante no acompañada. El Gobierno de Aragón ha sido una de las comunidades autónomas que más ha denunciado y recurrido todos los acuerdos del ministerio para el reparto de menores migrantes por comunidades autónomas ante la emergencia migratoria declarada en Canarias, Ceuta y Melilla. ¿Se esperaba esta respuesta por parte de los gobiernos autonómicos y el de Aragón?

No me esperaba tanta beligerancia ni esta forma descarnada de quitarse las caretas y abrazar las posiciones más ultras de Vox. Hay que recordar que la mayor parte de los niños vienen de comunidades autónomas que están gobernadas por el PP, por tanto, todo hacía pensar que podía haber una salida más o menos coordinada y acordada entre las distintas fuerzas políticas para dar una solución de país a una situación de crisis de derechos humanos. Ha sido un proceso complejo y me resulta sorprendente. Ojalá todo este tiempo de denuncias y bloqueos se hubiese dedicado al trabajo y la búsqueda de soluciones para adaptar los sistemas de acogida. Es un tiempo valioso que han perdido.

El Gobierno de Aragón denuncia que sus recursos están sobresaturados y le piden al Gobierno de España más implicación y financiación para poder activar esas plazas para dar cabida a los menores que tengan que venir.

Finalmente no van a ser 250 niños los que llegue, serán menos. Pero nosotros hemos aumentado un 250% la financiación del Estado a Aragón. A nadie se le ocurriría decir que la sanidad pública está saturada porque de repente hubiera más personas enfermas; lo que se haría es ampliar las camas de hospital. Los servicios públicos tienen que crear plazas en la medida en que hay una necesidad de atender un derecho. No podemos caer en la tentación de pensar que los servicios públcios tienen que tener un límite, al contrario. Es aquello en lo que vale la pena invertir el dinero público porque son el elemento que garantiza el bienestar del conjunto de la población. Una sociedad es avanzada en democracia y derechos en la medida en que es capaz de garantizar en pie de igualdad los derechos de las personas más vulnerables. No es verdad que estén saturados los servicios públicos: lo que hay es una prioridad política diferente. Lo que hay que preguntarse es a qué destina el señor Azcón los recursos públicos y cómo organiza el presupuesto. Es una cuestión de prioridad política. Si la prioridad es reforzar los servicios públicos, entre ellos, el sistema de acogida, es obvio que hay recursos suficientes, lo que tiene que hacer es priorizarlo en los presupuestos para que las plazas sean creadas.

Insisten en que no hay financiación suficiente por parte del Gobierno central.

Lo que vemos es un patrón general en las comunidades gobernadas por el PP donde nos dicen que no hay recursos suficientes y que hay un problema de financiación, cuando luego vemos presupuestos autonómicos con enormes cantidades de dinero que dejan de ingresarse en concepto de regalos fiscales. Con muy poquito de ese dinero que se está perdonando a los más ricos, podríamos sostener en muy buenas condiciones los servicios públicos, entre ellos, el sistema de protección de menores.

Otra de las denuncias del PP es que el decreto es "desigual" porque no van a llegar menores migrantes ni a Cataluña ni al País Vasco.

Al contrario. Es un decreto extraordinariamente justo. Utiliza indicadores que tienen que ver con la población en cada territorio y se han planteado una serie de indicadores que miran cómo están los sistemas de acogida de cada territorio. Parece que tiene sentido pensar que no es razonable trasladar niños de un sistema de acogida que está tensionado, a otro que también lo está. Lo lógico es ver cuántos niños hay en cada territorio en función de su población y a partir de ahí plantear una distribución solidaria y sostenible. Hay territorios que tienen pocas creadas y otros, como Cataluña, que tiene muchas plazas creadas en relación con su población.

Se trata de dos comunidades autónomas ricas, que son a su vez claves para el mantenimiento del Gobierno de Sánchez por los apoyos de los partidos que lideran en ambas comunidades. ¿Usted hace esa vinculación?

Nosotros hemos hecho una vinculación que solo tiene que ver con los derechos humanos y el interés superior de la infancia. Hemos utilizado indicadores muy objetivos que tienen que ver con el número de personas en cada tgerritorio y con el número de plazas. Aragón se negó a darnos los datos de su sistema de acogida. Desde la opacidad, no se puede plantear un principio de sospecha sobre los demás. El señor Azcón nos ha presentado recursos, han votado en contra incluso de órdenes del día y se han negado a facilitar los datos. Lo que tiene que hacer es trabajar un poco, colaborar con el Gobierno de España y después, hacer las aportaciones que considere. Han tenido oportunidad en las doce reuniones que hemos convocado en el último año. No se ha cerrado el real decreto sin contar con las comunidades autónomas. El tiempo que han perdido litigando podían haberlo ganado haciendo propuestas que se hubieran tenido en cuenta porque era una mesa de trabajo colectiva.

"Queda mucho por hacer para mejorar las condiciones de los profesionales de protección a la infancia"

Otro de los frenos que denuncian para esa acogida es la falta de trabajadores en los centros de menores. ¿Cómo puede garantizar el ministerio esa disponibilidad de profesionales?

Acabamos de reunirnos con los sindicatos de trabajadoresy trabajadoras del sistema de protección y de reforma. Son muchísimas las demandas que tienen. Lo que tiene que hacer un Gobierno responsable es sentarse también con los sindicatos y recoger las demandas de los trabajadores. Nosotros sí que hemos contado con los trabajadores para hacer la propuesta que hemos hecho, y con entidades sociales y con chicos y chicas que están en el sistema de protección para definir el real decreto de estándares mínimos del sistema de acogida que llevaremos en pocas semanas al Consejo de Ministros y que busca ordenar cómo tienen que disponerse estos centros: las ratios, los trabajadores, el perfil profesional, las recomendaciones a los profesionales en los centros, etc. Un marco completo que va a mejorar el sistema de protección desde la perspectiva de la infancia y también de los trabajadores.

Pero es evidente que sí que hay un problema en estos centros de menores.

Hay mucho camino por hacer para la mejora salarial y de las condiciones laborales para los profesionales que están en el sector de la protección a la infancia. Son personas que tienen una tarea importantísima, que tiene que ver con el cuidado de niños y niñas en situación de desamparo, muy vulnerables. No tenemos un problema de falta de perfiles profesionales, sino de malas condiciones laborales. Y tenemos que plantearnos la importancia de la gestión directa de los servicios públicos y el problema que supone para nuestro país la externalización de los servicios públicos, especialmente en la protección a la infancia.

¿Son conscientes las familias de los riesgos del 'sharenting'?

Los datos de la exposición de niños y niñas en entornos digitales son poco alentadores. Hemos lanzado la consulta pública de una norma que proteja a los niños y niñas de la sobreexposición que están sufriendo. Los datos son preocupantes por el derecho que tiene cualquier ser humano, independientemente de la edad, a su propia imagen, a su intimidad, a la privacidad... Esto es algo fundamental. Y estamos hablando de que hay situaciones de riesgo, y que esta sobreexposición impacta en sus propios procesos madurativos. Y hay muchas formas de violencia digital que están vinculadas a esa sobreexposición. Ya estamos planteando la ley de entornos digitales seguros, que esperemos que la tengamos aprobada en muy pocos meses. Para nosotros es una ley determinante y ahora queremos lanzar una segunda norma que evite la sobreexposición de niños y niñas en el entorno digital. Soy optimista por que podamos tener esa norma en no mucho tiempo.

En Aragón ya se produjo el primer caso de desnudos falsos generados por IA de niñas menores de edad creados a su vez por compañeros menores. ¿Cómo se puede proteger a la infancia?

Por un lado, está el ámbito normativo para garantizar derechos y sancionar, si procede, la vulneración de ese derecho; y por otro, quizá el ritmo de desarrollo de aplicaciones va más rápido de lo que somos capaces de adaptarnos a ello. Pero este entorno tiene que ser regulado. Esto ahora mismo es la ley de la selva, niños y niñas están muy desprotegidos y es importante que intervengan los poderes públicos para garantizar sus derechos. Pero esto no es suficiente, es el primer paso. Luego hay otra parte que es el aprendizaje como sociedad para poder ejercer nuestros derechos y libertades en el entorno digital, que es un espacio público que tiene propietarios con una ideología y unas reglas del juego que no son democráticas. Para este aprendizaje proponemos la Estrategia nacional de entornos digitales seguros, con itinerarios formativos del entorno digital para conocer nuestros derechos y de forma muy práctica dirigido al entorno de los niños y niñas, desde sus familias al entorno sanitario, deportivo o social.

"La ampliación de la edad de voto a los 16 años irá pronto al Consejo de Ministros"

¿Tiene previsto aprobar pronto la reforma para bajar a los 16 años la edad para votar?

Tenemos previsto llevar muy pronto la ley de Juventud, y una de sus medidas es la ampliación de la edad de voto a los 16 años. Llegará en muy pocos meses, pero ha sido una ley muy participativa pero muy compleja de elaborar a nivel jurídico. Hemos tenido 400 páginas de propuestas de todos los consejos de juventud y reuniones que hemos mantenido. Una de las propuestas es la ampliación de la edad de voto y confiamos que podamos empezar en breve con la tramitación y llevarla al Consejo de Ministros.

¿Qué opina de que los jóvenes cada vez estén más radicalizados hacia ideologías de derechas y que un 20% no vea mal opciones de gobierno autoritarias como el franquismo?

Si hay un 20% que dice esto, pero el 80% dice lo contrario, creo que los números son significativos. En cualquier caso, es el reflejo de la sociedad en la que vivimos en la que las generaciones adultas se comportan sociológicamente de la misma manera. Poner el foco en la juventud, para mí, no deja de ser una forma de culpar y criminalizar a la juventud. En caso de que haya una radicalización hacia posiciones de extrema derecha, nos tenemos que preguntar qué está sucediendo para que esto sea así, e intervenir en las causas.

"El entorno digital es ahora mismo la ley de la selva: hay que proteger a los niños"

Está subiendo la adicción al juego, especialmente online, entre los jóvenes.

Hemos puesto mucho empeño en el entorno digital, que conforma durante el proceso madurativo del niño patrones de uso adictivos. Uno de los campos que más comportamiento adicitivo genera es el 'scroll' infinito y el juego online o las plataformas con 'luz boxes', que lo hemos intentado limitar muchísimo en la ley de entornos digitales seguros. Las multinacionales tecnológicas hacen caja cuantas más horas dediquem,os a mirar nuestro móvil y, en el caso de los niños y niñas está siendo dramático y lleva a comportamientos adictivos. Ahí queremos poner mucho esfuerzo más allá de todo lo legislado a la hora de limitar las casas de apuesta a nivel físico.

¿Qué puede hacer el ministerio ante el incremento de menores en situaciones de riesgo de suicidio?

Tiene que ser una estrategia en varios frentes. El ámbito digital tiene un enorme impacto por los patrones de violencia que llegan a través de las nuevas tecnologías; las proyecciones de futuro y sus condicionantes, como el acceso a la vivienda o a un trabajo de calidad también están generando problemas de salud mental. Y todo el trabajo de prevención de suicidio de la mano del Ministerio de Sanidad. Ya lanzamos la primera estrategia y tenemos que hacer un esfuerzo colectivo desde todos los ámbitos para intervenir en este reto de la salud mental.

En Aragón, IU y Podemos nunca ha habido una alianza electoral en las autonómicas. ¿Sería el momento de hacerlo, ante el auge de la extrema derecha?

Sé que IU Aragón ha trabajado históricamente muy bien con todo el mapa de la izquierda social y política aragonesa, aunque luego eso no se materialice a nivel electoral. No tengo duda de que van a trabajar para tratar de llegar a la mejor opción electoral para Aragón, sea la que sea la que elija la militancia. La naturaleza de entendernos con otros forma parte de nuestra esencia.