«Corremos el riesgo de quedarnos atrás si no empleamos la digitalización»

Pregunta: Desde el Colegio de Abogados de Zaragoza se está apostando desde hace un tiempo por la digitalización, ¿por qué es tan importante este proceso?

Respuesta: La profesión de abogado no es ajena a los avances que tiene la sociedad en general. Como no nos subamos al tren de las tecnologías, en forma de ayuda en el desempeño del día a día de los despachos de abogados, nos vamos a quedar a la cola. Hoy en día, corremos el riesgo de quedarnos atrás si no empleamos la digitalización a nuestro favor, como la está utilizando nuestra competencia.

Pregunta: ¿En qué líneas se está trabajando para conseguir que cada vez más profesionales cuenten con una formación en digitalización?

Respuesta: Una de las acciones clave para impulsar la digitalización es el programa Upro. Se gestiona a través de Unión Profesional y del Consejo General de la Abogacía y cuenta con financiación europea a través de los fondos Next Generation por importe de 200 millones de euros. Se realiza un curso sobre competencias digitales y herramientas novedosas. Es un programa online muy completo cuyos destinatarios tratarán diferentes temas como la Inteligencia Artificial, ciberseguridad, gestión digital de clientes y protección de datos.

Pregunta: Otro de los retos a los que se enfrenta el Colegio de Abogados es la situación del Turno de Oficio, ¿cuáles son sus principales reivindicaciones?

Respuesta: Que mejoren las retribuciones. Ahora mismo se ha abierto una interlocución con la nueva Dirección General de Justicia, porque por los problemas que hubo en su momento por la dimisión de los cargos de Vox, ha habido varias rotaciones.

Con el actual director general de Justicia hemos tenido los primeros contactos para desarrollar nuestra principal reivindicación que es abandonar el furgón de cola en cuanto a las retribuciones que reciben nuestros profesionales adscritos al Turno de Tficio. Dentro de la abogacía es la parte que conlleva una mayor vocación social, pero es una obligación que incluso nos corresponde constitucionalmente. Nos encargamos de dar asistencia al detenido, servimos a la sociedad, a la ciudadanía y se exige aumento en la retribución.

P: En este sentido, se aprobó un incremento del 7% de los baremos, ¿pero es una cantidad suficiente?

R: Desde luego que no. El 12 de julio se celebra el Día de la Justicia Gratuita y en ese momento tenemos la oportunidad de recoger un estudio que muestra de qué manera se retribuyen este tipo de servicios en las diferentes autonomías. Sabiendo estos datos, tomamos consciencia de que nos encontramos a la cola en cuanto a las retribuciones con respecto al resto de España. Necesitamos un aumento real.

P: ¿Han llegado a alguna conclusión concreta sobre qué porcentaje se debería subir?

R: No me atrevo a decir con seguridad, podría estar entre un 20% o incluso un 40%, pero desde luego debe ser un porcentaje mucho más apreciable que ese 7% que estaba prometido desde hace mucho tiempo. Es verdad que se ha cumplido, pero se queda corto para salir del furgón de cola.

P: Por último, la Ley de la Eficiencia de la Justicia ha supuesto todo un reto para los profesionales, ¿cierto?

R: Por supuesto. Se trata de una reforma que busca modernizar el sistema judicial español para hacerlo más ágil, accesible y eficiente, es algo reciente así que habrá que ir viendo cómo se van ejecutando. Sobre todo queremos comprobar que se van imponiendo los criterios por parte de los órganos jurisdiccionales. Esto, en realidad, ocurre con cualquier reforma legislativa.

Hay un par de cuestiones especialmente relevantes. Una de ellas tiene que ver con los mecanismos adecuados de solución de conflictos, que ahora nos obligan a realizar algún tipo de negociación o mediación antes de presentar una demanda. No es algo totalmente nuevo para los despachos, ya que muchos lo veníamos haciendo de forma habitual, pero ahora la ley lo convierte en un requisito legal.

La otra cuestión se refiere a la creación de los tribunales de instancia. Este modelo ya se ha empezado a implantar en localidades más pequeñas, pero en las capitales de provincia entrará en vigor a partir del 1 de enero. Será entonces cuando podamos comprobar si realmente estas medidas resultan eficaces, tal y como promete la reforma, o si seguimos arrastrando algunos de los problemas anteriores. En el fondo, los principales retos de la justicia no dependen tanto de las leyes o de las reformas teóricas, sino de contar con los recursos humanos y materiales necesarios para agilizar de verdad su funcionamiento.