Aragón vigila con atención el impacto de la nueva PAC en el futuro de su sector primario

Aragón mira con recelo a la reforma de la PAC impulsada desde Bruselas. La comunidad autónoma, desde los trabajadores del sector primario hasta los distribuidores pasando por las administraciones públicas, no se fía de una reforma que cambia los criterios de reparto, acaba con la división por pilares de la Política Agraria Común y transforma las ayudas blindadas para la gente del campo. Una medida que todavía se encuentra en una fase muy incipiente -el nuevo plan económico de la Unión Europea no entrará en vigor hasta 2028- y para el que queda mucho tiempo y muchas reuniones para mejorar las perspectivas y el impacto en el campo aragonés.

La respuesta, hasta la fecha, ha sido contundente por parte de la comunidad. El consejero de Agricultura, Javier Rincón, ya expresó en julio, en la presentación del nuevo plan, sus discrepancias con el nuevo modelo. El Ministerio de Agricultura que lidera el socialista Luis Planas ya conoce la disconformidad de Aragón, en una postura que se repite en todos los territorios autonómicos del país. La postura de la DGA se reforzó un par de jornadas después, con una asociación con las organizaciones agrarias y las cooperativas para demostrar que toda la cadena del sector agroalimentario aragonés rechaza la propuesta. Las Cortes de Aragón también se sumaron a la iniciativa, con una moción aprobada por todos los grupos parlamentarios.

La nueva configuración de la PAC alarma en varios frentes al sector agroalimentario, pero son "los recortes", denunciados en varios foros, lo que más tensa la situación de un sector que ve como cada año pierde ingresos. Un recorte al que, como tal, no obliga la Unión Europea: el nuevo presupuesto continental destina la misma partida a la PAC y blinda en un 80% las ayudas a los agricultores y ganaderos. El 20% restante del presupuesto de la Política Agraria Común que tendrá cada país podrá ser destinado a otras funciones (cualesquiera juzgue el Ministerio de Economía, habilitado para esta gestión), incluido un mayor apoyo al sector primario. El recorte, de producirse, sería responsabilidad última del Gobierno central.

En 2024, último año con pago al completo de la PAC, 33.338 personas se beneficiaron en Aragón de esta ayuda al sector primario. Unos 464 millones venían directamente desde la UE, cantidad que la institución europea ha "blindado" para el nuevo modelo. El fondo Feader aportó 90 millones, complementados con 46,4 millones de cofinanciación por parte de la DGA y el Estado. En total, en el ejercicio 2024, la PAC dejó en Aragón 600,7 millones de euros. Hace unas semanas, el Ejecutivo autonómico hizo el adelanto más rápido de la historia, con 217 millones que llegaron a 27.000 agricultores, en el primer pago del ejercicio 2025.

En materia financiera, lo que tampoco gusta es la nueva forma de repartir los fondos. Los pilares anteriores (Feader y Feaga) se unen en un solo fondo, que se destina a "cohesión económica, social y territorial, agricultura y zonas rurales, pesca, prosperidad y seguridad". Con planificación nacional, incluirá las políticas Leader. Fuera quedará el Fondo Europeo de Competitividad, destinado a la innovación, y la Red de Seguridad, para hacer frente a los daños que pueda sufrir el mercado agrario.

La defensa de Aragón

El rechazo de Aragón a la nueva propuesta de la PAC se argumenta en el cambio a un solo fondo, y el reclamo de más autonomía para las comunidades, y en la influencia de la demografía en las ayudas que la Unión Europea destina a los agricultores. Dos patas diferenciadas que la comunidad autónoma espera que se mejoren. La apuesta, en especial, es por el reconocimiento de la pérdida de población en los criterios correctores de la PAC.

Para empezar, Aragón tendría que cambiar la forma de analizar los pocos habitantes por parte de la UE. Para Bruselas, despoblación hay en las zonas que nunca han tenido gente. Por ello, la comunidad, a través de una visita del presidente autonómico, Jorge Azcón, habló de "declive demográfico", para incluir el drama que sufren las zonas rurales aragonesas: antes hubo gente donde ahora no hay. En el Ejecutivo aragonés también esperan que cambien los ajustes de conteo, hoy más amplios y con el PIB, porque Aragón se encuentra "dopada" por la influencia de Zaragoza, que aporta el 70% de sus habitantes y eleva el Producto Interior Bruto respecto a los pequeños municipios de la comunidad, en su mayoría centrados en el sector primario.

La otra reclamación es la capacidad de decisión de las comunidades autónomas. A ningún territorio le gusta que el nuevo fondo se reparta de manera exclusiva por parte del Ministerio de Economía. El Gobierno de Aragón, y otras administraciones autonómicas, han solicitado que las comunidades participen en la elaboración de este proyecto y, posteriormente, de existir ese fondo único, en el reparto de las iniciativas.

El compromiso y la unión del sector se reflejó hace unas semanas en un acuerdo suscrito por las organizaciones agrarias, las cooperativas de la comunidad y el propio Gobierno de Aragón. El documento se centraba en la PAC como política comunitaria y estratégica, defendía el "modelo social, familiar y profesional" en el sector primario y reclamaba a Europa mantener "la estructura tradicional" de la Política Agraria Común. También, mantener "un presupuesto propio bien dimensionado", abrir el umbral de ayudas por superficie, apostar por la agricultura mediterránea y el regadío y reforzar la soberanía alimentaria de la UE, además de mantener una participación "activa y vinculante" de las comunidades. Aragón reclamó "la reconsideración" de la propuesta y se ofreció al Ministerio de Agricultura para "defender los intereses del sector agrario aragonés".

La postura de la Unión Europea

No está todo vendido para el campo español. La propuesta de la UE tiene margen de negociación, ya que hasta finales de 2027 no se aprobará un presupuesto que entraría en vigor a comienzos de 2028. Unas conversaciones que se dan a varias escalas: el Parlamento Europeo solo aprobará la versión definitiva del documento presupuestario, que llegará a ese punto después de que los 27 Estados miembros y la Comisión Europea hayan llegado a puntos de encuentro. Hay opciones a veto, poco habituales en esas instancias, que devolverían a la casilla de salida todo el debate, obligando a la CE a presentar otro proyecto.

El documento Un presupuesto de la UE dinámico para las prioridades del futuro: el marco financiero plurianual 2028-2034, con el que la Comisión Europea lanzaba su propuesta de cuentas continentales para el próximo ciclo, califica la agricultura como "una prioridad para reforzar la autonomía estratégica, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de la UE". "Los agricultores seguirán teniendo previsibilidad y estabilidad en su ayuda a la renta con cargo al presupuesto de la UE, a la vez que disfrutarán de posibilidades adicionales de inversión y acciones conjuntas para las zonas rurales", justifica la Comisión sobre la nueva forma de repartir los recursos financieros a los trabajadores del sector primario. La UE, en este documento, reafirma su compromiso por "la promoción" de los productos europeos frente al nuevo mercado inestable -aranceles- y aboga por hacer una política económica en la que los productores no sufran los efectos de la inflación.

Sí que llama la atención en los corrillos políticos y del sector que ningún jefe de Estado o de Gobierno de los países miembros ha mostrado un rechazo frontal sobre la iniciativa europea. En el caso español, el ministro Planas sí que se ha mostrado contrario a aplicar la propuesta, calificada como "insuficiente", pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apenas se ha pronunciado. Una cuestión que se ha replicado en la mayoría de los países que se verán influidos por la nueva PAC.

Suscríbete para seguir leyendo