Ultimátum a los vecinos de un bloque de VPO en Jaca: "O pagamos un 70% más de alquiler o nos echan"

"O pagamos un 70% más de alquiler, o el 30 de noviembre nos echan de nuestras casas". Es el ultimátum planteado por la empresa promotora de un bloque de viviendas de protección oficial (VPO) a los inquilinos de una veintena de pisos en Jaca, donde la única alternativa pasa por pagar más por el alquiler, sin negociación prevista, y sin analizar caso a caso las posibles situaciones de vulnerabilidad de los alquilados. Apenas faltan quince días para que se cumpla el plazo dado por la empresa, Proinsa, y los inquilinos se movilizan por lo que consideran "una barbaridad" de incremento, e insisten en que no se niegan a negociar "una subida asumible".

"En septiembre recibimos una carta notificada de parte de la empresa en la que se nos trasladaba su voluntad de no renovar el contrato y que el 30 de noviembre tenemos que dejar la casa vacía y entregar las llaves", explica María Jesús Arnal, una de las afectadas. "Me quedé perpleja, después de 13 años viviendo allí, sin ningún problema para pagar las mensualidades", prosigue.

Esa misma carta les llegó a 14 de los 18 inquilinos, a todos los que han superado el periodo de contrato vigente. "Llamamos a la empresa y nos dijeron que los pisos van a seguir siendo de alquiler VPO y que, si queremos, tenemos que firmar un nuevo contrato con nuevas condiciones", continúa Arnal, que insiste en que "no puede asumir" la subida que plantea la empresa promotora. "Los alquileres de la VPO tienen un baremo y nos informaron de que van a aplicar el máximo, lo que nos implica unos incrementos de entre el 70 y el 80%", explica. "En mi caso, pasaría de pagar 360 euros a más de 600 por un piso que no llega a 60 metros", resume.

María Jesús es funcionaria en el Ayuntamiento de Jaca desde hace 25 años y cobra 1.300 euros mensuales, así que el alquiler pasaría a representar casi la mitad de su suelo. "No puede ser que con una VPO pase esto, y con el beneplácito de la DGA", lamenta.

Los inquilinos son conscientes de que la ley ampara el movimiento de la empresa promotora. Por eso denuncian la "injusticia" de que unos precios de alquiler de vivienda protegida sean "exactamente iguales" que los precios de mercado.

"Este nuevo alquiler se me comería más del 70% del salario"

Es lo que denuncia Berta Lantero, otra de las inquilinas que lleva en este inmueble desde 2014. "Se da la paradoja de que, cuando entré, mis condiciones económicas eran mejores que ahora. Entré pagando 295 euros más gastos y ahora pago 433 con gastos por los ajustes del IPC. Pero con el contrato nuevo me piden 780 euros, lo que es directamente inasumible en mi situación", explica.

Lantero cobra 1.180 euros al mes: "Este nuevo alquiler se me comería más del 70% del salario". "Con una hija estudiando, ya me cuesta llegar a final de mes. He buscado muchas alternativas pero está muy complicado. En Jaca hay muy pocos alquileres de larga estancia y, los que hay, están al mismo precio que me piden por esta VPO", lamenta.

Pilar Gállego fue la primera vecina del portal. En su casa no ha vivido nadie más que ella, desde hace 17 años. Con 72 años, se pregunta "dónde va a ir ahora", ante las difíciles condiciones de los nuevos contratos. "Tengo una pensión de 1.480 euros y el nuevo precio me supondría destinar la mitad al alquiler, pasando de 400 a 600 euros", explica. "Nos obligan a firmar porque no tenemos dónde ir", lamenta, y se muestra escéptica, porque la propuesta de la empresa entra dentro de la ley. "O atornilla la DGA... O no lo sé. Pero las condiciones del contrato que nos plantean son abusivas: tendríamos que pagar tres mensualidades de golpe si nos quedamos, o sea, 1.800 euros", añade.

Su lucha se coló en el pleno de las Cortes de Aragón esta semana de la mano del PSOE y lleva tiempo entre las demandas de la Plataforma Vivienda Digna Viello Aragón. El consejero de Vivienda y Fomento del Gobierno aragonés, Octavio López, se comprometió a reunirse con ellas para analizar la situación.

Fuentes del departamento explican a este diario que desde la Dirección General de Vivienda se ha comprobado que "el precio nuevo que se pide a los inquilinos está dentro del margen permitido por la ley y por el plan de vivienda al que se circunscribe esta promoción, que es el de 2005-2009", con unos precios que oscilan entre los 459,20 y de 646,82 euros.

"Es tan indignante que no queda más camino que luchar"

Con todo, señalan que la Dirección General de Vivienda "no tiene nada que objetar" aplique el máximo del baremo permitido, pero recalcan que sí que han intervenido para suprimir de los nuevos contratos algunas cláusulas relacionadas con el pago del IBI o la obligatoriedad de contratar mantenimiento de la caldera, que se venía cobrando desde siempre a los inquilinos sin estar contemplado en la normativa. También, señalan estas mismas fuentes, se ha reducido el aval de cuatro a dos meses, que es lo que marca la legislación. Ytambién inciden en que "es una relación entre particulares y una empresa en el marco de una regulación que se cumple".

Pero las afectadas inciden en el problema de que el precio de una VPO sea el de mercado: "Es tan indignante que no queda más camino que luchar", concluyen.

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