Un licitación "de bajo coste" para el reformatorio de Juslibol: "No se garantiza la atención educativa"

Los representantes del sector de la reforma juvenil y la protección de menores de Aragón han anunciado este lunes nuevas movilizaciones. Además de reclamar un nuevo convenio que garantice "niveles mínimos" para el servicio, denuncian que la licitación anunciada por el Gobierno de Aragón para la gestión del Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial (CEIMJ) de Juslibol, conocido popularmente como el reformatorio) "pone en riesgo tanto la calidad de la atención a los menores como las condiciones laborales del personal".

Los representantes de los trabajadores alertan que la próxima gestión tendrá que ofrecer una gestión "de bajo coste" a pesar de que el nuevo pliego contempla un aumento presupuestario del 11% para el periodo entre 2025 y 2026. Las entidades consideran que este incremento "es puro maquillaje" ya que, según el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), el gasto salarial actual es de 3.200.000 de euros, aunque con la obligatoriedad de aplicar el nuevo convenio estatal a partir de 2026, lo que implica una subida salarial del 8%. Esto hará que realmente los gastos de personal asciendan a 3.680.000 euros.

De este modo detallan que el presupuesto total para el próximo ejercicio será de 4.270.000 euros, lo que deja únicamente 590.000 euros para cubrir la totalidad de los gastos de atención a los menores y el funcionamiento del centro. Con esa partida, se debe hacer frente a la alimentación y ropa de los menores, actividades educativas y de escolarización, mobiliario, equipos informáticos y mantenimiento. "Con estas cifras no se puede garantizar ni la atención educativa que necesitan nuestros menores ni unas condiciones laborales decentes," han indicado.

Para los portavoces del sector el pliego es "deficitario" y ha sido redactado con "condiciones económicas imposibles" que condenan al centro a la precariedad desde el inicio, hasta el punto de que ninguna empresa se ha presentado inicialmente, lo que ha obligado al Gobierno de Aragón a ampliar el plazo. Un último cambio que en su opinión genera "serias dudas del procedimiento llevado a cabo".

Para los denunciantes, este pliego es la prueba de que el modelo de colaboración público-privado está "caducado" al "anteponer el ahorro al bienestar de los menores y al respeto por quienes les cuidan". De cara a los próximos meses destacan que es fundamental que las patronales demuestren su voluntad para negociar un nuevo convenio. "Este sector no va a tolerar un pliego hecho a la baja y si no se atienden nuestras demandas, no habrá paz social", aseguran. Por el momento han anunciado una nueva movilización sectorial para este 19 de noviembre durante la entrega de los premios Cuarto Pilar en el palacio de congresos de Zaragoza.

La plataforma por el convenio autonómico, integrada por CGT, UGT y CCOO reclama que se rehagan los pliegos bajo un marco autonómico que tenga en cuenta la labor educativa de la profesión, que reconozca el trabajo del personal "como un servicio público esencial" y que priorice el proyecto educativo "sobre el ahorro económico".