La situación de la Mina Muga: paralizado por la Justicia, permisos de actuación y en el ojo del caso Koldo

El proyecto Mina Muga, la explotación que quiere sacar potasa entre Navarra y Aragón, tiene una historia de constantes vaivenes. Permisos concedidos por las administraciones que aceleran el proyecto, frenazos de la Justicia por fallos en la tramitación o choque de competencias, cierta contestación social en los municipios cercanos y la guinda del caso Koldo. Una sucesión de eventos que terminan, a finales de 2025, con las máquinas sin entrar a buscar este ansiado mineral y con el proyecto en un bloqueo técnico salpicado por la investigación de la UCO.

Casi 15 años lleva resonando el nacimiento de esta mina entre las dos comunidades autónomas. Tiempo en el que han llegado anuncios inversores desde China o Canadá para impulsar el proyecto de Geoalcali, filial del gigante de la potasa Highfield Resources, que se encarga de trabajar en esta mina. Con permisos y declaraciones ambientales favorables, la Justicia tiene ahora en sus manos el proyecto porque considera que no se han tramitado correctamente algunos procesos, al haberse hecho en tres instituciones (Gobierno de España, de Navarra y de Aragón) y no en un solo procedimiento, pero reflejando toda la actuación. Hasta que la Justicia no decida, no se podrán dar los siguientes pasos.

El proyecto se desarrolla, en parte, sobre los suelos del municipio aragonés de Undués de Lerda. "Hemos tenido contactos con Geoalcali y han venido a explicar qué iban a hacer, pero de lo relacionado con la UCO solo sabemos por los medios de comunicación", cuenta Mario Córdoba, su alcalde, en conversación telefónica con este diario. En ese ir y venir del proyecto, Córdoba sí que admite que lleva "bastante tiempo parado", incluso antes de la última prórroga de la licencia de obras solicitada con Geoalcali. Según explica el regidor, la empresa pretende "abrir la bocamina" en el término municipal de Undués de Lerda, para lo que tiene permiso. "Se le dio una licencia de tipo urbanístico para obra mayor en enero de 2022 y en 2024 se pidió la prórroga", cuenta Córdoba, que actuó en consecuencia: "Pedimos un informe a la arquitecta municipal para saber si había habido algunos cambios en el proyecto y una vez visto todo correcto, se dio el permiso". La prórroga firmada por el consistorio se alarga hasta mediados de 2026.

Miguel Ángel Conejos es miembro de la Plataforma en contra de las minas de potasa de la Bal d'Onsella y la Sierra del Perdón. Del proyecto Mina Muga. "Siempre hemos advertido de que había muchas cosas extrañas, con mucho aplazamiento y muchas oportunidades", recuerda Conejos, que sí señala a Santos Cerdán por su comportamiento hace casi una década. "Nos sorprendió su beligerancia al hablar de la iniciativa", recuerda el ecologista sobre la participación en una Comisión de Comparecencias Ciudadanas en Navarra, en la que la plataforma explicó su postura sobre este asunto. "Se molestó y fue beligerante contra nosotros y otros expertos", cuenta Conejos, que admite que "ahora, al ver su participación, entiendes muchas cosas". Conejos tampoco se fía de la situación económica de Geoalcali ni de su matriz Highfield Resources: "La empresa se abrió en 2014 y no ha tenido ingresos". Sí cree que la decisión de la Justicia "dilatará" el hipotético inicio de la actividad en Mina Muga.

"Es sorprendente que mientras se anuncian compromisos de inversión el Gobierno de Navarra esté cancelando permisos (Geoalcali niega estos hechos y asegura que son "retramitaciones" para actualizar los permisos) y que no haya actividad de ningún tipo", reflexiona Conejos, que se muestra "optimista" sobre los intereses de la plataforma en la que participa: "Hemos hecho nuestro trabajo y lo hemos hecho bien". Pero no da nada por seguro: "El proyecto sigue ahí".

En Geoalcali, empresa encargada del proyecto, defienden su actuación hasta la fecha. "Es uno de los proyectos más exhaustivamente evaluados de España", afirman fuentes de la firma a este diario, que destacan la tramitación "durante 14 años" de los diferentes permisos y citan hasta "80 informes favorables, 15 períodos de información pública y más de 1.200 alegaciones respondidas". Todo, según Geoalcali, "bajo la supervisión de tres administraciones de distinto signo político" en lo que consideran "una tramitación ejemplar y transparente". Sobre el supuesto proyecto en Remolinos, al que el informe de la UCO presenta como destino de los residuos, Geoalcali destaca que la declaración de impacto ambiental "nunca contempló esta opción" y que la alternativa que se mantiene es "el sistema de backfilling seco". "La opción de Remolinos sólo se valoró en fases muy preliminares como una posible alternativa como muchas otras que no trascendieron por ser técnicamente inviables", concluyen desde la empresa.

Sobre la aparición del proyecto en la investigación de la UCO, desde Geoalcali destacan "su compromiso con la legalidad, la transparencia y la plena colaboración con las autoridades". "La empresa rechaza cualquier intento de instrumentalizar el proyecto con fines políticos ajenos a su naturaleza industrial y recuerda que es una víctima más de las derivadas de actuaciones de terceros, cuyas consecuencias reputacionales no piensa asumir ni normalizar", concretan fuentes de la compañía.

Suscríbete para seguir leyendo