Una vida en la precariedad en Zaragoza: "He tenido que renunciar al cuidado de mi hijo para que no se le cayera el piso encima"
Hace un año que Yaiza se trasladó desde Calatayud hasta Aguilar del Ebro (Zaragoza), donde vive en una casa que está "para derrumbar" a la que se le cae el techo y tiene filtraciones en las paredes, además de no contar con agua potable. La mujer denuncia los precios imposibles y se pregunta "cómo salir del pozo"

Derrumbado un trozo del tejado de la vivienda de Yaiza. / Servicio Especial
El tejado se le cae. Hay filtraciones en las paredes y ni rastro de agua potable. Su casa, asegura, "está para derrumbar". Habla Yaiza sobre su realidad habitacional, que de un tiempo a esta parte se ha vuelto insoportable y que en el último mes le ha obligado a tener que dar la guarda de su hijo de 15 años a los servicios de menores "por su bienestar", dice. Desde el año pasado, ella, su marido y el adolescente vivían en esta vivienda de Aguilar del Ebro (Zaragoza) que, incide, "está en muy malas condiciones".
Yaiza y su familia se desplazaron de Calatayud, donde residían hace un año, a Aguilar del Ebro, donde vivía un familiar que iba arreglando el piso de vez en cuando. Finalmente, la persona falleció y la vida para ellos giró 180 grados. "Nos quedamos sin la otra casa, la de Calatayud, porque allí estábamos de alquiler. Lo único que teníamos era esto", explica.
Los tres se instalaron en esta localidad de Osera de Ebro con una situación nada sencilla. Yaiza es la única que cobra de la familia, pero sus ingresos apenas superan los 600 euros. "Yo estoy con una incapacidad. Me han operado cinco veces de la columna y estoy pendiente de otra más. Cobro 680 euros para tres personas", expone. Comparte que a su marido le han reconocido ahora una dependencia grado 2.
"Así nadie te alquila nada", afirma Yaiza, que hace hincapié en que "el alquiler ahora mismo no es nada fácil". "Han puesto el seguro de impago -póliza para asegurar a los propietarios que los inquilinos pagan la renta- y es imposible. Una familia en mi situación, y bueno alguna otra que esté mejor, no pasa ese seguro", subraya para hacer referencia en los cada vez más elevados precios de las viviendas y también de las habitaciones. "Piden hasta 600 euros", remarca.
Yaiza asegura haber sufrido discriminación por su situación económica y familiar a la hora de encontrar vivienda, y "no solo con particulares", matiza. "Solicité vivienda pública al Gobierno de Aragón en abril, enseñando fotos de cómo está mi casa ahora, de todo... Aún estoy a la espera. Al final puse una queja al Justicia y me llamaron, y me indicaron que se iban a poner en contacto con la DGA pero que era algo que iba lento", indica.

La vivienda de Yaiza, sin techo. / Servicio Especial
La mujer está convencida de que en la comunidad hay pisos propiedad de la administración que están vacíos mientras ella y otros muchos sufren una situación de infravivienda o incluso viven en la calle. "Yo no me atrevo a meterme en un piso y okuparlo, pero cuando ves que están sin nadie y tú estás así con tu familia... Que no estén vacíos o que pongan vivienda asequible", defiende.
Agradece la ayuda recibida en Cáritas, donde la han apoyado con la "alimentación" y también le han ofrecido ayuda para pagar la fianza. "El problema es que, en el momento en el que dices que te van a ayudar a pagar la fianza, se echan para atrás porque piensan que no vas a pagar el alquiler. Entonces, ¿cómo consigue uno salir de este pozo?", subraya Yaiza.
Porque esta situación de precariedad le ha obligado a entregar la guarda de su hijo a menores "voluntariamente", apunta. "No quiero nada de esto para mi hijo, que es un adolescente. Nunca nos habíamos separado, y a él jamás le ha faltado ni un plato de comida. Ha sido todo por la vivienda, para que no se le cayera el piso encima", expresa.
Pero Yaiza asegura que no se rinde, que seguirá luchando, que va a llegar "hasta el final". "No me voy a rendir. A mi hijo no me lo han quitado, ha sido voluntario, por su salud. Voy a luchar por tenerlo a mi lado y que tenga una vivienda digna, como debería tener cualquier persona, porque es un derecho constitucional", afirma para deslizar que los gobiernos "no saben lo que están haciendo a la gente". "¡Que he visto a personas viviendo debajo de puentes!", denuncia.
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