El Supremo tumba la reducción obligatoria de la cabaña porcina

Asaja Aragón ha recibido con satisfacción la sentencia del Tribunal Supremo que anula la obligación impuesta por el Ministerio de Agricultura de reducir la densidad de animales en las granjas de porcino. El fallo concluye que la norma carecía del "imprescindible" informe de impacto económico, un extremo que la organización agraria venía reclamando desde hace más de un año.

El sector llevaba meses en vilo desde la aprobación del Real Decreto del Porcino, cuya aplicación quedó finalmente en suspenso durante un año gracias a las negociaciones mantenidas en las mesas de trabajo entre las organizaciones agrarias y el Ministerio. Aquella moratoria, recuerdan desde ASAJA, se sustentó precisamente en los argumentos que hoy avala el Supremo.

Un golpe económico “inasumible”

Asaja Aragón había advertido de que la medida supondría un impacto económico “gravísimo” para las explotaciones familiares, especialmente en una comunidad donde el porcino es uno de los motores del medio rural. Según sus cálculos, las nuevas densidades obligaban a reducir animales sin ofrecer alternativas ni compensaciones, imponían adaptaciones con sobrecostes que podían superar los 300.000 euros por explotación y amenazaban con pérdidas productivas de entre un 7% y un 16%.

Un escenario que, de haberse aplicado, habría puesto en riesgo la viabilidad de cientos de granjas aragonesas, muchas de ellas gestionadas por varias generaciones y fundamentales para el empleo y la fijación de población en numerosos municipios.

“Esta sentencia nos da la razón”

El secretario general de ASAJA Aragón, Ramón Solanilla, remarca que el sector siempre ha defendido la necesidad de adaptar cualquier normativa a la realidad productiva y económica de las explotaciones. “En las mesas de trabajo con el MAPA hemos reiterado que se modifique el decreto y se tengan en consideración los daños económicos que puede ocasionar su aplicación. Esta sentencia nos da la razón”, señala.

Solanilla subraya también que el bienestar animal “es prioritario para los ganaderos”, pero advierte que España no puede aplicar normativas más restrictivas que las del resto de Europa: “Tenemos que poder competir con las mismas reglas”.

Seguridad jurídica para el sector

La sentencia del Supremo confirma, según la organización, que el ministerio actuó “sin rigor económico” y sin valorar las consecuencias para los ganaderos. Asaja Aragón considera que este fallo aporta seguridad jurídica y evita un daño que habría comprometido la continuidad del modelo de porcino familiar, profesional y sostenible que sostiene buena parte de la actividad agraria aragonesa.

La organización insiste en que cualquier normativa que afecte de manera directa a la estructura productiva debe consensuarse con el sector. Y recuerda que los ganaderos “han cumplido durante años con todas las exigencias en bienestar animal, inversiones y bioseguridad”.

Con la moratoria del Real Decreto a punto de expirar el próximo 9 de marzo, Asaja Aragón asegura que continuará trabajando para que la adaptación de la normativa responda a criterios técnicos y económicos ajustados a la realidad del porcino aragonés.