El Gobierno de Aragón valora como una "solución innovadora” la elección a la carta de los festivos de apertura comercial

La publicación del calendario comercial de 2026 en Aragón y la posibilidad de que cada empresa adapte los diez festivos a sus necesidades ha sido valorada por la directora general de Comercio del Gobierno autonómico, Carmen Herrarte, como un avance “histórico” en un debate que, a su juicio, llevaba “más de dos décadas anclado”. Reivindica que la orden aprobada supone “resolver un problema cronificado” y, al mismo tiempo, dotar al sector de una herramienta más flexible sin necesidad de modificar la ley.

Herrarte destaca especialmente el impacto para las plantillas. “Por primera vez, los trabajadores sabrán la primera semana de diciembre cuándo van a tener que trabajar el año siguiente”, subraya. A su juicio, esta previsión anticipada, que sustituye el sistema anterior, donde los ayuntamientos pedían cambios con escaso margen, convierte “un problema en una ventaja competitiva”, ya que ofrece certidumbre en un sector habitualmente tensionado por el calendario festivo.

La directora general enmarca la medida como una prueba piloto inédita en España. “Queremos ver si funciona una fórmula completamente innovadora en el panorama nacional”, afirma. La clave, dice, es que no se aumenta el número de festivos —que continúa limitado a diez para los comercios de más de 300 metros cuadrados—, sino que se permite a cada empresa o centro comercial decidir cuáles son los que mejor encajan con su actividad, su municipio y su público. “Adaptamos las fechas a las necesidades cambiantes de cada empresa sin romper el marco legal”, resume.

Equilibrar intereses

Herrarte recuerda que, hasta ahora, las modificaciones dependían de los ayuntamientos, pese a que la competencia es autonómica. Con la nueva orden, ese margen pasa directamente a los operadores, que deberán publicitar sus calendarios de forma visible. La responsable autonómica no espera una avalancha de solicitudes. “Por la experiencia de otros años, de los 731 municipios en Aragón solo 12 suelen pedir cambios”, señala.

La directora general asegura que el objetivo final es equilibrar intereses. En su opinión, la medida permite mejorar el servicio al consumidor, cumplir la ley y hacer posible que los operadores de municipios medianos puedan competir “en mejores condiciones”.