Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda: "Hay que regular los alquileres salvajes que se comen las rentas de las familias"

La política de Vivienda está siendo protagonista para el Gobierno de España y para el Gobierno de Aragón también, pero con modelos confrontados. Y sin embargo sigue existiendo el problema. ¿Cuál es la clave para atajarlo?

El problema es la crisis de la vivienda y la respuesta está en la política con mayúsculas. En la política pública. Creo que hay grandes consensos que habría que subrayar, aunque nos empeñamos demasiado en ver la diferencia. Desde el Gobierno de España estamos actuando en tres vías: más vivienda, que es un gran consenso, pero vivienda a precios asequibles. Por otro lado, tiene que ser vivienda pública para garantizar que este derecho es para hoy y para siempre. Hay que garantizar un sistema público de vivienda, igual que tenemos un sistema sanitario, educativo o de pensiones. Entre tanto, hay que regular lo que no funciona en el libre mercado, como los alquileres salvajes que se están comiendo las rentas de las familias.

¿Mejorarían las cosas en Aragón de aplicar la declaración de zonas tensionadas?

Las Administraciones públicas tenemos que apurar al máximo nuestras competencias. Hoy existen instrumentos legales en España para limitar las subidas de los alquileres y por eso reclamo a todas las Administraciones, y al Gobierno de Aragón, que aplique la ley para limitar el incremento de los alquileres aquí. Solo en Zaragoza viven 65.000 familias de alquiler. Podríamos darles tranquilidad con esta norma. Y también dar ayudas a rehabilitación, a eficiencia energética, a las familias que más lo precisen y a la juventud, todo ello mientras vamos construyendo ese sistema público. Y hay cada vez más consenso en el ámbito europeo donde este problema también existe y la respuesta pasa por la regulación, por un parque público de vivienda y por una política pública de vivienda.

¿Le ha respondido al consejero Octavio López en su demanda de cesión de los suelos de la Sareb para la construcción de vivienda, en las mismas condiciones que pactó con el señor Illa?

Tenemos una buena relación con el Gobierno autonómico y estamos perfilando algunos asuntos sobre los que urge una respuesta, como ese incremento de presupuesto de 200 millones adicionales para el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, o para limitar los precios del alquiler. El Gobierno de España tiene un compromiso con toda España, también con Aragón, de utilizar todos los recursos del Estado a disposición de ese derecho que es la vivienda y para conformar ese parque público. Por eso hemos puesto a disposición suelos de instituciones penitenciarias. Aquí hay dos grandes centros donde vamos a construir 200 viviendas, y vamos a poner a disposición de los aragoneses y aragonesas las viviendas de la Sareb, que no es ni más ni menos que revertir la respuesta a la crisis de vivienda que dio el PP, que fue, salvar a la banca y desahuciar a las familias. Nosotros hemos rescatado esas viviendas para entregarlas a la juventud y a las familias aragonesas. Serán del entorno de 500 viviendas en total, además de los suelos que vamos a desarrollar. En algunas comunidades autónomas, como la Generalitat, hemos avanzado ya en un protocolo porque el presidente Illa está mostrando una gran iniciativa, con un desembolso que no iguala ninguna otra comunidad autónoma, con 4.400 millones de euros de inversión y habiendo alcanzado un acuerdo de disposición de suelos con los ayuntamientos y habiendo limitado los precios del alquiler; persiguiendo los alojamientos temporales y el fraude, como la infravivienda o los zulos. Y en todo ese desempeño del presidente de la Generalitat, vamos a acompañarles porque han demostrado la capacidad y la disposición de cogestionar con nosotros esas viviendas. Si el Gobierno de Aragón puede comprometerse como lo ha hecho el presidente Illa con todas estas iniciativas, estaremos encantados de seguir colaborando con ellos. Pero lo que importa es que esas viviendas terminen siendo hogares para los aragoneses y las aragonesas. Lo relevante es que este Gobierno ha recuperado esas viviendas para la gente.

¿Qué plazos manejan para empezar a poner en marcha las viviendas en los antiguos centros penitenciarios?

Cada una se encuentra en un procedimiento distinto en cuanto a su planificación. Una es un solar, otra requiere planificación administrativa. Pero estamos actuando con absoluta celeridad porque hace menos de un año que el presidente del Gobierno anunció esta empresa pública y en este año de transformación de la antigua empresa pública de suelo estamos pudiendo conseguir estos terrenos para que sean viviendas.

El consejero aragonés, Octavio López, le pide por carta repetir el acuerdo con Cataluña, pero en Aragón, para tener acceso a los suelos, no solo a las viviendas de la Sareb, porque muchas necesitan de una inversión importante y no están en condiciones de habitabilidad.

El protocolo con Cataluña se enmarca dentro de una planificación de disposición de suelos públicos para la construcción de vivienda pública y, por tanto, habría que estudiar si están en la misma disposición de llegar hasta donde está llegando el Govern de la Generalitat. Pero en cualquier caso, lo relevante es que esas viviendas y esos suelos sean públicos para la juventud y las familias trabajadoras a precios asequibles, y blindados para siempre como vivienda pública.

¿Qué planes tiene para los pequeños municipios, amenazados a la vez por la despoblación y la falta de viviendas?

Hasta 200 millones de euros adicionales en el nuevo Plan Estatal de Vivienda y hemos incrementado las ayudas en el medio rural para la juventud hasta los 15.000 euros en municipios de hasta 20.000 habitantes. Hay mucha diversidad en esta problemática. Se da la circunstancia de que los problemas de alquiler no ocurren solo en las grandes ciudades, sino también en zonas turísticas como el Pirineo. Por eso, insisto en mi reivindicación en regular y limitar el precio de los alquileres y en proyectar vivienda pública donde sea necesario. Recursos económicos y disposición para trabajar no va a faltar por parte del Gobierno de España.

¿Está convencida de que si Aragón aplicara la declaración de zonas tensionadas mejoraría su situación?

No es una opinión. Ya estamos viendo cómo está funcionando en Cataluña. Donde se aplica, el casero no te puede subir el alquiler porque es ilegal. Y esto es muy importante para las cerca de 90.000 familias que viven de alquiler en Aragón. Esta iniciativa implicaría bonificaciones fiscales a los propietarios o una mayor celeridad a la hora de poner a disposición suelos, construcción, y recursos económicos. Cuando declaramos zonas tensionadas, reconocemos un problema y la necesidad de actuar con más emergencia en estas zonas.

Hay cálculos que hablan de que faltan miles de viviendas para equilibrar la oferta y la demanda. ¿Cree que se puede hacer todo con inversión pública o es partidaria de la colaboración público-privada?

El proyecto que hemos visitado hoy es un ejemplo de colaboración público-privada gracias a los fondos de recuperación que consiguió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que han permitido acompañar a la iniciativa privada, pero llevándoles a un compromiso público, para tener viviendas asequibles. Este modelo lo trabajamos por convencimiento y está recogido en la Ley de Vivienda en su artículo 25. Es importante reconocer el papel del sector privado y el Gobierno está acompañando al sector de la construcción, con una importante financiación como es el Perte de la Construcción para su industrialización con 1.300 millones y ayudas a la promoción de vivienda pública y asequible.

¿Qué opina del incremento del precio del módulo de la VPO en Aragón? El sector pide que suba otra vez. ¿Cómo se puede garantizar que el precio de la vivienda protegida no sea el de mercado?

Es una potestad de las comunidades autónomas y son ellas las que tienen que hacer esa valoración. Ahora, lo que yo digo es que una vivienda pública tiene que tener un precio asequible inferior al precio de mercado, si no, no tiene sentido. Cómo conseguir ese precio, hay que hacerlo a través de la inversión pública. Nosotros hemos multiplicado por ocho el presupuesto del Ministerio de Vivienda y proponemos triplicar la inversión en el Plan Estatal de Vivienda, acompañando con financiación pública a las promociones privadas. Eso sí, esa financiación pública no puede ser pan para hoy y hambre para mañana. No podemos construir VPO, como se construyeron en el pasado, para que luego sean vendidas en el mercado con grandes plusvalías cuando no importantes negocios para los fondos que se hicieron con ellas, sino que deben ser viviendas públicas para hoy y para siempre.

El Gobierno de Aragón ha planteado la construcción de 5.000 viviendas esta legislatura. ¿Lo ve factible?

Tendrá que explicarlo. Nosotros hemos construido mil viviendas con fondos del Gobierno de España en estos años y hemos rehabilitado en torno a 5.000 viviendas, con más de 300 millones en Aragón. Esas 5.000 son necesarias y yo animo a poner los recursos para alcanzar ese objetivo y esa cláusula de blindaje de ese parque público para siempre.

¿Es usted partidaria de limitar el número de viviendas en propiedad?

Las iniciativas del Ministerio de Vivienda y del PSOE van en la dirección de priorizar la vivienda para vivir, no para especular o como un negocio. Si tenemos que priorizar una vivienda para alquiler para jóvenes o como alojamiento turístico, yo digo, alquiler para jóvenes. Si hay que priorizar la promoción de vivienda para un inversor extranjero para hacer negocio en nuestro país o para una familia de trabajadores, yo digo la vivienda para la familia trabajadora. Estamos acompañando las políticas de incentivos o de cargas fiscales para evitar esos usos de la vivienda que no sean de carácter residencial. El impuesto a las viviendas turísticas, la limitación a los inversores extranjeros no residentes y acotar la inversión para vivienda con carácter residencial. Los recursos no son ilimitados, el sector no es ilimitado, el suelo no es ilimitado, y la prioridad del Gobierno es la vivienda para vivir.

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