Los vecinos de Jaca amenazados con la expulsión contienen la respiración: "No te pueden echar porque sí"

El conflicto de la vivienda en el Pirineo mantiene abierta una brecha en Jaca. Este domingo 18 familias de un bloque de protección oficial (VPO) han quedado "en un limbo legal" al vencer el ultimátum que la promotora Proinsa había presentado a sus inquilinos. La propiedad les envió una carta avisando de que aumentaban un 70% el alquiler y en solo cinco de los pisos han firmado para hacer frente a ese aumento. El resto (menos cuatro inquilinos que no han recibido la notificación) piden negociar un cambio en el contrato que consideran "inasumible".

El vencimiento del ultimátum de la promotora no implica, por el momento, un desalojo de los residentes. "No te pueden echar de tu casa porque sí", indican desde la Plataforma Vivienda Digna Viello Aragón. En todo caso, los inquilinos que no asumen el aumento del alquiler entran ahora en un proceso de negociación que se antoja "muy complicado" por la falta de voluntad de la entidad promotora de rebajar sus condiciones. "Por ahora han mostrado cero predisposición a encontrar un punto de acuerdo", lamentan.

En el caso de que no se adapten las condiciones a la realidad económica de los vecinos se iniciaría un proceso judicial que podría terminar en desahucio en el caso de que no se acepten las reclamaciones vecinales.

"Desde la entidad hemos intentado reconducir la situación por activa y por pasiva, pero está resultando imposible", lamenta la portavoz Sofía Garín. La promotora argumenta que los pisos seguirán siendo viviendas de protección oficial en alquiler, pero exigen a los inquilinos un nuevo contrato con unas condiciones actualizadas. Proinsa aplicará así el baremo máximo permitido para los alquileres de este tipo de residencias, lo que se traduce "en incrementos muy elevados" que desde la plataforma vecinal consideran "inasumibles" para el grueso de los inquilinos y contrarios al espíritu de la vivienda protegida.

Una de las personas afectadas pasará de pagar 360 euros mensuales a más de 600 por un piso que no llega a 60 metros cuadrados tras vivir 13 años en el edificio y no haberse retrasado nunca con las mensualidades. Otra de las vecinas, pensionista, ha presentado un certificado de vulnerabilidad que ha sido rechazado por la promotora. "Se ha cumplido la fecha límite por la falta de interés en la negociación", lamenta Garín.

La plataforma, además, recuerda que el edificio en conflicto se trata del único bloque de vivienda protegida de Jaca y que ,con el cambio en los precios del arriendo, conservará ese estatus a pesar de que con la subida el alquiler estará a precio de mercado. "Desde aquí pedimos la protección de las inquilinas afectadas por la excesiva subida del alquiler", reclaman.

Coincidiendo con este conflicto, cerca de mil personas participaron el sábado en una manifestación convocada por el centro de la capital jacetana por el colectivo Vivienda Digna para reclamar "el acceso a una primera vivienda", un conflicto social que cada vez cobra más fuerza en localidades turísticas y también para dar apoyo a los inquilinos amenazados con el desalojo.

"La ciudadanía mantendrá la presión para evitar el desahucio y garantizar que los vecinos de Jaca pueden tener un techo con condiciones asumibles", indican al tiempo que denuncian que en todo el Pirineo se está produciendo "una subida desorbitada del metro cuadrado tanto para el alquiler como para la compra". Por el momento las familias afectadas contienen la respiración a la espera de la negociación con la promotora.  

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