Montepino niega cualquier "vínculo o participación" en el caso que relaciona a Santos Cerdán con la Universidad Laboral de Zaragoza

Las últimas investigaciones de la Guardia Civil del caso de las supuestas mordidas del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, señalan que pudo haber cobrado hasta 100.000 euros por la operación de la demolición de los edificios de la antigua Universidad Laboral, en Zaragoza, según ha publicado 'El Confidencial'. Se trata de un proyecto logístico cuyo objetivo era transformar esos suelos en terreno industrial para la instalación de un macrocentro de Inditex, un complejo que empezó a funcionar el pasado verano con alrededor de 300 trabajadores.

La empresa promotora del proyecto logístico, Montepino, ha respondido a las preguntas de EL PERIÓDICO, negando toda vinculación con el caso y recalcando que solo Acciona y sus subcontratas "son responsables" de los "vínculos o pasos" que hayan dado en esta operación.

Cabe recordar que, en la obra bajo sospecha, el Gobierno de Aragón convocó una subasta para adjudicar las 38 hectáreas de suelo de la Universidad Laboral de Zaragoza, que llevaba décadas clausurada y sin uso, con el objetivo de transformar esos suelos en terreno industrial, que finalmente se utilizó para la construcción de un macrocentro logístico de la multinacional Inditex.

La ganadora de la subasta fue Montepino, una socimi (sociedad de inversión inmobiliaria) cuya propiedad pertenece, principalmente, a clientes de banca privada e institucionales de Bankinter –a través de vehículos de inversión gestionados por Bankinter Investment– y a la gestora especializada Valfondo Investment Management, en manos de la familia zaragozana Vera. Montepino pagó 23 millones por la operación por la compra de las 38 hectáreas.

El derribo de los 15 edificios y 11 construcciones menores que conformaban el centro universitario se presupuestó en 6 millones de euros. Montepino encargó los trabajos a Acciona, una de las empresas supuestamente vinculadas a la trama de Santos Cerdán, pero esta compañía los subcontrató a su vez con una empresa de Olite (Navarra) especializada en demoliciones, Erri Berri SL. Esta es la compañía que habría realizado presuntamente dos pagos de unos 50.000 euros a Cerdán por "gestiones comerciales y desarrollo técnico". Desde la empresa defienden que los pagos fueron legales y quedaron documentados en varias facturas.

"Somos exclusivamente la promotora"

Desde Montepino marcan distancias y rechazan cualquier vinculación con el caso. Fuentes de la compañía han señalado Montepino es "exclusivamente la promotora del proyecto logístico de Malpica". Así, han recordado que "para la fase de demolición se contrató a Acciona, que a su vez subcontrató a Erri Berri, una empresa especializada en derribos, por lo que no había ningún motivo para considerar anómala esa elección", han señalado las mismas fuentes de Montepino.

Además, recalcan que "los pasos y vínculos que haya tenido Acciona o sus subcontratas son responsabilidad únicamente de esas empresas y les pertenecen exclusivamente a ellas". Por eso, insisten en que "Montepino no ha tenido ningún vínculo ni participación en esos procesos".

"Máximo respeto a la investigación" del Gobierno de Aragón

Fuentes del Departamento de Fomento del Gobierno de Aragón han expresado su "máximo respeto" a la investigación "y a la acción de la justicia" en este caso relacionado con el derribo de la Universidad Laboral de Zaragoza.

Cabe recordar que, aunque la venta de los suelos se produjo en la recta final del mandato del socialista Javier Lambán, fue ya con el Gobierno del popular Jorge Azcón cuando comenzó el derribo de los edificios, en la recta final de 2023.

Así, desde el Ejecutivo aragonés señalan que el caso afecta "a una presunta trama corrupta que afecta a cargos de un ministerio del Gobierno de Sánchez y a exsecretarios de organización del PSOE" y han recalcado su "máximo respeto a la investigación y a la acción de la justicia".

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