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Santos Cerdán cobró 100.000 euros por la demolición de la Universidad Laboral en Zaragoza

La investigación de la UCO detecta dos pagos relacionados con los trabajos de demolición de la antigua Universidad Laboral por parte de la empresa Erri Berri SL a Servinabar 2000, que niega la vinculación con Cerdán

Santos Cerdán cobró 100.000 euros por la demolición de la Universidad Laboral en Zaragoza

Ángel de Castro

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Salen a la luz nuevas revelaciones en la investigación que rodea al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por las presuntas mordidas en la adjudicación de obras públicas y, ahora, con una vinculación directa con una operación destacada de la recta final del Gobierno de Aragón liderado por Javier Lambán, como fue la simbólica demolición de los antiguos edificios de la Universidad Laboral de Zaragoza en el año 2023 para convertirlos en terreno industrial en el que ya se ha instalado un gran centro logístico de la compañía Inditex.

Según ha adelantado El Confidencial, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado pagos de hasta 100.000 euros a Cerdán por esta operación. Según señala la información, además de por su implicación en la demolición de la Universidad Laboral, se estima que Acciona pagó en total 6,7 millones de euros a Santos Cerdán en concepto de presuntas comisiones ilegales. El exsecretario de Organización del PSOE recibía presuntamente los fondos a través de Servinabar 2000 SL, una mercantil de la que era socio desde 2016.

La información de 'El Confidencial' relata una de las operaciones que no han sido abordadas todavía en el sumario del caso Koldo y que se produjo en marzo de 2023, después de la salida de José Luis Ábalos y cuando Cerdán ya era el número 3 de Ferraz.

El Gobierno de Aragón convocó una subasta para adjudicar las 38 hectáreas de suelo de la Universidad Laboral de Zaragoza, que llevaba décadas clausurada y sin uso, con el objetivo de transformar esos suelos, ubicados en Malpica, en terreno industrial para la instalación de una gran empresa, en este caso, Inditex.

La ganadora de la subasta fue la constructora aragonesa Montepino. La Entidad Pública Empresarial del Suelo (Sepes) del Ministerio de Vivienda, con Raquel Sánchez al frente en ese momento, y que era propietaria de parte de los terrenos, oficializó la venta en diciembre de 2023, aunque los trabajos habían comenzado a principios de año.

Los presuntos pagos de Erri Berri SL

Según relata El Confidencial, el coste del derribo de los 15 edificios y 11 construcciones menores que conformaban el centro universitario se presupuestó en 6 millones de euros. Montepino encargó los trabajos a Acciona, pero esta compañía los subcontrató a su vez con una empresa de Olite (Navarra) especializada en demoliciones, Erri Berri SL.

La contabilidad de Servinabar 2000 SL, en la que figuraba como único administrador un socio y amigo del exdirigente socialista, Joseba Antxon Alonso Egurrola, refleja que la mercantil recibió precisamente dos pagos de Erri Berri SL, por cuantías de 50.215 euros a finales de 2023, y de más de 49.000 euros a principios de 2024.

Según señala el diario, esos cerca de 100.000 euros transferidos en total por Erri Berri SL a Servinabar 2000 SL corresponderían al pago de una comisión por "gestiones comerciales y desarrollo técnico".

Fuentes de Erri Berri SL niegan toda vinculación con Santos Cerdán

Desde la compañía Erri Berri SL han emitido un comunicado negando toda vinculación con Santos Cerdán y defendiendo la legalidad de los pagos efectuados a Servinabar. Así, detallan que la compañía "no ha tenido relación personal ni profesional con Santos Cerdán" y que "ningún directivo de la compañía conoce o tiene relación personal con Santos Cerdán".

Por otro lado, explican que "Erri Berri pagó cerca de 100.000 euros a Servinabar (IVA incluido) por servicios y gestiones comerciales dentro del proyecto de demolición de la antigua Universidad Laboral de Zaragoza, donde Erri Berri actuó como subcontratista". "Fue una relación privada entre ambas empresas privadas, inciden.

Además, recuerdan que los trabajos contratados a la empresa "no eran objeto de ninguna licitación pública" y defienden la "total transparencia" y "estricta conformidad con la legalidad aplicable" de sus actuaciones.

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