Pobreza extrema: las rentas de inserción aragonesas son las más bajas de España

Las rentas de inserción aragonesas son las más bajas de España, aportando el Gobierno de Aragón una media de solo 600 euros anuales por familia a completar el Ingreso Mínimo Vital (IMV). De hecho, un informe publicado por la asociación estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha denunciado este martes que las comunidades de Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía han reducido "casi por completo" sus aportaciones para quienes viven por debajo del umbral de la pobreza tras la aprobación del aporte estatal.

El responsable en Aragón de la entidad, Gustavo García, denuncia que los presupuestos aragoneses aportan a esta materia únicamente "una limosna limosnera". Y considera que, aunque se ha duplicado el presupuesto respecto al último de Javier Lambán, las cifras de 2024 "no revierten un retroceso del 93% desde el cambio en la normativa". La entidad cree que los más de 40 millones de euros que se han perdido deberían seguir dedicándose a políticas reales de inserción social.

El IMV es una prestación económica estatal gestionada por la Seguridad Social, pensada para asegurar unos ingresos mínimos a personas u hogares en situación de vulnerabilidad económica. Está regulado por una norma de 2021. Antes del IMV, muchas autonomías gestionaban la renta mínima de inserción, ayudas autonómicas para familias en situación de exclusión social o pobreza. Con la aprobación del IMV, en Aragón se decidió abandonar este complemento.

Entre las comunidades que han tomado esa decisión destacan, por este orden: Madrid (-95%); Aragón (-92,6%); Castilla–La Mancha (-88,2%); Castilla y León (-80,7%) y Andalucía (-79,8%). En términos porcentuales las comunidades autónomas dedican 6.475 euros por titular familiar al año para complementar el ingreso mínimo. Sin embargo, en Aragón la cifra apenas llega a los 603,47 euros, un 1,4% de la renta media de los hogares frente al 15,3% de la media estatal. La cifra incluso es baja para el resto de comunidades que están en la cola, como Murcia, en la que aportan 3.490 euros anuales en un aporte que supone el 9,2%.

El informe citado apunta que seis de cada diez titulares de renta mínima son mujeres, el 23,4% son menores de 35 años y hay más de 87.000 menores en familias que perciben una renta mínima. García señala, en todo caso, que el número de beneficiarios ha descendido desde el año 2022 pasando de los 22.731 usuarios que requerían de un aporte extra a su ingreso mínimo vital a las 16.413 que lo había en el pasado año. Además, el estudio detalla que Aragón es la cuarta comunidad en tasa de riesgo de pobreza, pues esta se sitúa en un 12,9% solo por debajo de Asturias, Galicia y País Vasco. En total se calculan 174.355 personas en riesgo de pobreza.

La reducción de los presupuestos de las rentas mínimas de inserción en la mayor parte de las comunidades supone que, en los tres años desde la aprobación del ingreso mínimo vital, se quiebre la tendencia al alza que se registraba desde 2011, con una pérdida global de casi 400 millones de euros, señala también el citado informe. De hecho, calculan que solo el 6,1% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado de estos aportes complementarios que ofrecen las comunidades autónomas.

Este porcentaje se está reduciendo desde el 2015, tras alcanzar ese año su nivel más alto con un 8,7%, salvo en el año de la pandemia (2020). "La forma en la que está diseñado en Aragón no sirve realmente para intervenir en la realidad social de personas que tienen dificultades, pues con ellas se tienen que trabajar realidades específicas como la formación para el empleo", manifiesta García.

De forma paralela, además de aumentar la dotación presupuestaria, que del 2023 al 2024 casi se duplicó a pesar de lo irisorio del montante total, García pide buscar "la colaboración activa" de las entidades que trabajan con el sector social.