Cinco ayuntamientos alegan contra el proyecto de los centros de datos de Forestalia en Aragón

El proyecto Búfalo, que agrupa los tres centros de datos que Forestalia pretende impulsar en la provincia de Zaragoza (Botorrita, Alfamén y Magallón) aparejados a una inversión superior a los 12.000 millones de euros, acaba de recibir un impulso decisivo con la aprobación y publicación de la Declaración de Interés General de Aragón (DIGA). Un paso que, eso sí, ha recibido una serie de alegaciones por parte de algunos de los municipios afectados directa o indirectamente. Concretamente, los consistorios de Calatorao, Ejea de los Caballeros, Tarazona, Alcalá de Moncayo y Gallur han elevado algunas de sus reticencias al Gobierno de Aragón.

En ese sentido, a entidades locales como Calatorao les preocupa la posible merma de algunas de sus competencias urbanísticas, medioambientales y tributarias mientras se construyan, a partir del próximo año, las instalaciones que Forestalia tiene previsto levantar para ofrecer a sus tres centros de datos una fuente de autoconsumo de hasta el 50% de su capacidad total. Por ello, solicitan que los proyectos energéticos se tramiten por separado de los centros de datos.

El caso similar más reciente se produjo hace unos meses con Samca. El grupo aragonés ha proyectado un centro de datos en Luceni que se va a alimentar con la energía producida por sus parques eólicos cercanos, en localidades como Pedrola, Plasencia y Rueda de Jalón. Samca se comprometió con los ayuntamientos de estos tres municipios a no incluir en su PIGA la modernización gradual de dichos parques, de forma que no quedan exentos de pago impuestos como el ICIO.

En cualquier caso, la DGA deja claro en su respuesta que el Ejecutivo autonómico no asumirá competencia alguna y que Forestalia no estará eximido del cumplimiento de la normativa local. Un punto en el que también había alegado Tarazona, ya que el consistorio subraya la "incompatibilidad urbanística" de los parques Borjas I y II, que también promueve la compañía aragonesa en parte de su término municipal.

Las afecciones y el impacto hídrico y energético, así como la justificación de los empleos que se van a generar (35.000 en la construcción y 3.000 cuando los campus estén operativos), también han sido objeto de réplica. Ayuntamientos como el de Ejea, Gallur o Alcalá de Moncayo han denunciado la "insuficiencia de información" para valorar estas cuestiones. Como respuesta, la DGA recalca que toda la información "se ajusta a los requisitos legales", aunque sí reconoce que "la memoria puede ser mejorada en futuras fases".

Por otro lado, en el propio DIGA se especifica que "no hay otro procedimiento posterior", o lo que es lo mismo, que a raíz de esta declaración no se tramitará un PIGA (Proyecto de Interés General de Aragón), a diferencia de lo sucedido con otros proyectos similares como el de Microsoft, que sería lo que sí le quitaría competencias a los ayuntamientos.

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