El Gobierno de Aragón enmarca la retirada de licencias hoteleras en la "indolencia y pasividad" del control estatal de la acogida de migrantes

Al menos cuatro hoteles aragoneses en los que se alojan los migrantes procedentes de los programas de atención humanitaria del Gobierno de España han perdido licencia de actividad tras una inspeccion turística autonómica. Una decisión que ha provocado decenas de críticas y que el Gobierno de Aragón defiende por estar "plenamente argumentadas jurídicamente".

El Ejecutivo autonómico ha replicado que todos los expedientes se corresponden "con la labor y competencias" de la dirección general de Turismo, que actúa tanto de oficio ante quejas o reclamaciones, como ha sucedido en este caso, como a través de una programación anual. Por este motivo han pedido "respeto hacia las actuaciones de los funcionarios de los servicios de inspección" tras haber sido acusados de obrar, según el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, motivados por el “señalamiento, el odio y la persecución a empresarios". Inciden en que es necesario que se retracte de lo afirmado.

"Frente a la falta de diligencia informativa de la entidad que atiende a estas personas, el Gobierno de Aragón veló, vela y velará por el cumplimiento de la legislación autonómica, y ante la indolencia y la pasividad del Gobierno de España a este respecto, que es quien debería explicar los controles que realiza sobre los recursos que financia, el Gobierno de Aragón respalda la labor de sus servicios de inspección, de todos y cada uno de los departamentos", han remarcado.

El Ejecutivo autonómico insiste en que los establecimientos a los que se ha dado de baja del Registro de Turismo (dos de ellos en la provincia de Huesca y otros dos en la de Zaragoza) no desarrollan actividad turística, no mantienen su naturaleza de hotel y no cumplen con algunos de los requisitos técnicos que exige la normativa vigente, entre otros la necesidad de contar "con accesos independientes". También defienden que no disponen de la compartimentación adecuada, contraviniendo lo dispuesto en la Ley del Turismo de Aragón (TR 1/2016) y el Reglamento de establecimientos hoteleros (D 14/2018). En todo caso, esto supone que no cierran sus puertas como residencia para población migrante.

Los enfrentamientos entre el Gobierno de Aragón y el Ejecutivo central por la acogida de migrantes se han sucedido en los últimos meses. De hecho han recordado que el pasado mes de febrero fue una inspección de Sanidad la que reveló las circunstancias en que se estaba atendiendo a personas migrantes en un establecimiento hostelero en Jaca, en el que operaba personal sin carnet de manipulador, se detectaron alimentos mal congelados o en mal estado y falta de muestras. 

Fue entonces cuando la consejería de Bienestar Social, al tener además conocimiento de las quejas que los alojados en ese y otros recursos en Sabiñánigo y Zaragoza estaban realizando por una atención deficiente contactó con el departamento de Medio Ambiente y Turismo para dilucidar si esas personas estaban en un régimen de alojamiento hotelero o se podía considerar que esos hoteles actuaban en ese momento como un dispositivo que cupiera en la categoría de centros de servicios sociales especializados, puesto que atienden a personas con unas claras características de vulnerabilidad.

Ante esta situación y, según el Ejecutivo autonómico, "para asegurar que no se están lesionando los derechos de quienes residen en estos espacios", desde el pasado mes de febrero se han realizado inspecciones. También lamentan que han encontrado "una escasa disposición de los adjudicatarios de estos servicios de alojamiento" a subsanar las deficiencias, muchas de ellas públicas y denunciadas por sus residentes.

"Las situaciones de emergencia no son excusa para que se menoscabe la integridad de ninguna persona; tampoco de las personas migrantes que llegan a Aragón al amparo de programas de protección y acogida financiados por el Estado", han defendido.