El Gobierno de Aragón retira la licencia de hotel a cuatro alojamientos que participan en la acogida de migrantes
Los establecimientos afectados defienden que sus funciones de "alojamiento, manutención y limpieza" no se han visto alteradas y lamentan el "acoso" que sufren por las inspecciones autonómicas

Un grupo de migrantes alojados en hoteles dentro del programa de atención humanitaria. / El Periódico de Aragón

El proceso de acogida de migrantes solicitantes de asilo humanitario en Aragón suma otro desencuentro. El Gobierno de Aragón ha decidido revocar la licencia de hotel a los establecimientos en los que se alojan estas personas, en su mayoría subsaharianos e integrados en programas de inclusión, de forma que pierden la posibilidad de alojar a otras personas que no tengan esta categoría.
La decisión, tomada el mes pasado por la dirección general de Turismo, supone un cambio administrativo con el que no están conforme los propietarios de los hoteles. Defienden que las entidades sociales han contratado sus servicios para alojar a los migrantes precisamente porque ofrecen servicio hotelero de "alojamiento, manutención y limpieza", por lo que las funciones que desempeñan no se han visto alteradas.
El Gobierno de Aragón justifica esta medida indicando que los locales "ya no cumplen con los requisitos que establece la ley" para ser un hotel. Según indican, para conjugar la función hotelera con la de residencia de inmigrantes el reglamento exige que disponga de entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo. Una condición que no se aplicaría en el caso de que estuvieran alojados en un hostal o pensión. De hecho, desde la consejería de Turismo señalan que esta fue una de las opciones que se les ofreció a los empresarios para adaptar su actividad.
En este momento la dirección general de Turismo y Hostelería del Gobierno de Aragón ha procedido a retirar la licencia de hotel a cuatro establecimientos de la comunidad autónoma "tras las preceptivas inspecciones" en las que según destacan "se ha comprobado que estos establecimientos han perdido las características originales por las que fueron inscritos".
De este modo, los citados establecimientos, que acogen en su interior a migrantes solicitantes de atención humanitaria "no desarrollan actividad turística" y tampoco mantienen su naturaleza de hotel. Así, se ha decidido revocar esta licencia, algo que podría afectar también al resto de hoteles que realizan este servicio en la comunidad en los próximos días, porque no cumplen con algunos de los requisitos técnicos que exige la normativa vigente.
Entre otras condiciones, desde el Ejecutivo explican que estos hoteles no se ajustan a la necesidad de contar con accesos independientes para los clientes esporádicos y los que están alojados. Esto también afecta a ascensores, escaleras o espacios comunes, contraviniendo lo dispuesto en la Ley del Turismo de Aragón (TR 1/2016) y el Reglamento de establecimientos hoteleros (D 14/2018).
Alojamiento a 805 migrantes
El sistema de atención humanitaria en Aragón, delegado en organizaciones no gubernamentales como Cruz Roja, Apip-Acam, Hijas de la Caridad y Accem, está alojando a 805 migrantes solicitantes de protección, según los últimos datos oficiales publicados. En la provincia de Huesca existen tres hoteles que dan este servicio de 192 personas. En Teruel dos establecimientos cumplen esta función con 128 alojados y en la provincia de Zaragoza se alojan 83 migrantes. En la capital, en tres hoteles diferentes se atienden a 402 personas.
Los afectados denuncian que el cambio administrativo obliga a estos centros turísticos a no ejercer como hoteles mientras acogen a migrantes en su interior. Según fuentes de las entidades sociales que canalizan la acogida, en otro tipo de dispositivos de alojamientos, como apartamentos o pisos de alquiler no se ha producido ninguna incidencia. En todo caso, también inciden en que la reversión "no tiene lógica" ya que cataloga a los residentes hoteleros en función de su lugar de origen.
La decisión afecta especialmente a aquellos alojamientos que no se dedican en exclusiva a esta función, sobre todo en la provincia de Huesca. En ellos se han recibido ya peticiones de grupos de trabajadores que necesitan un lugar donde dormir mientras dura la campaña de nieve y no pueden acceder a ese servicio.
Es el caso del hotel La Pardina en Sabiñánigo. Según ha podido saber este diario, los propietarios del establecimiento ya han presentado un recurso ante el Gobierno de Aragón para volver a la situación anterior al entender que los usos que ofrecen son perfectamente compatibles. En otros establecimientos que dan este servicio que a los migrantes y que prefieren no ser identificados lamentan igualmente "el aumento de inspecciones" en los últimos meses, tanto de turismo como sanitarias. Algo que llegan a calificar de "acoso".
Estancias temporales
El Gobierno de Aragón señala que esta reversión de licencias pretende exclusivamente dar cumplimiento a la legalidad vigente "con el fin de dar de alta a estos establecimientos en la categoría o con la naturaleza jurídica que obedezca al uso para el que ahora se están destinando". Así, inciden en que las personas alojadas "no son turistas" y que su estancia no se debe a esa naturaleza. Según la ley, turista es quien usa establecimientos turísticos en el marco de viajes y estancias temporales con fines de ocio, negocio u otros motivos propios del turismo. Al destinarse el inmueble a la acogida humanitaria, la actividad desarrollada no puede considerarse turística.
Con estos cambios, los establecimientos afectados se enfrentan a una transformación sustancial de su naturaleza y podrían verse afectados a la hora de recuperar su condición de alojamientos turísticos, ya que tendrán que adaptar su interior a las condiciones legales vigentes en la actualidad. El Ejecutivo indica que los propietarios de los cuatro hoteles afectados deberían haber presentado "una declaración responsable" sobre su nueva actividad a la hora de aceptar la llegada de los migrantes.
El programa de Atención Humanitaria está dirigido a atender las necesidades básicas de las personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad por el deterioro físico y la carencia de apoyos sociales, familiares y medios económicos, que llegan a las costas españolas o acceden al territorio estatal por la vía terrestre, por las ciudades de Ceuta y Melilla. Además, también contempla el desarrollo de servicios de atención socio-sanitaria de urgencia, acogida, suministro de material para cubrir necesidades básicas, ayudas económicas básicas y traslados.
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