Aluvión de críticas a la retirada en Aragón de licencias a hoteles donde se acogen migrantes: "Con los ucranianos no había problemas"

"Si no había un problema con los ucranianos no puede haber un problema tampoco si son de Senegal o el Sahel". Así ha respondido este miércoles el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, tras conocer que el Gobierno de Aragón ha retirado la licencia de hotel a cuatro alojamientos que ofrecen servicios a los migrantes que están dentro del sistema de atención humanitaria. El Ejecutivo autonómico argumenta que los clientes esporádicos que hacen uso turístico no pueden coincidir en los espacios comunes con las personas que se alojan por la intervención de las entidades sociales. Una decisión controvertida que el representante estatal considera fruto de una discriminación y que ha sido rechazada por una buena parte del tejido social de la comunidad.

“Al final la única diferencia es el color de la piel y no podemos permitirnos en un país con la dignidad que tiene España tratar y discriminar a la gente en función de su color de piel”, ha señalado tras recordar que desde el ministerio de Inclusión se está pidiendo "un esfuerzo de solidaridad" como el que sucedió en la guerra de Ucrania. "En aquel momento vimos como muchos tenían que abandonar por la guerra y fueron acogidos por ayuntamientos, diputaciones y autonomías", ha explicado. De hecho, ha celebrado que se trabajó "conjuntamente” y que en aquel momento nadie puso ningún problema ni ninguna dificultad, como está realizando de forma reiterada el Gobierno de Aragón.

De hecho, el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, considera que las inspecciones a las que han sido sometidos los hoteles que acogen a migrantes en la comunidad tienen que ver "con los pactos del Gobierno de Azcón con Vox para aprobar los presupuestos". Al mismo tiempo ha denunciado que estos cambios en las licencias "salen de lo más oscuro: del señalamiento, del odio y la persecución a empresarios". Por eso ha ofrecido "asesoramiento jurídico" desde el Gobierno de España ante las complicaciones legales a las que puedan hacer frente.

Asesoría jurídica

Desde el Gobierno de Aragón, por su parte, afirman que ven "con estupor y sorpresa" que la Delegación del Gobierno ofrezca asesoría jurídica "a quien incumple la normativa", dado que como institución pública "está obligada a cumplir y hacer cumplir la ley". Insisten, a pesar de las opiniones en contra, que las acciones que se han emprendido pretenden exclusivamente dar cumplimiento a la normativa y reiteran que no cierran sus puertas como residencia para población migrante, una actividad que está conveniada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con diferentes fundaciones y de la que el Gobierno de Aragón no es competente.

El secretario de Estado de Política Territorial se ha mostrado sorprendido ante la decisión del Gobierno de Aragón contra los hoteles que además de acoger a migrantes ofrecen sus servicios turísticos regulares. En este sentido ha citado que el plan de acogida se desarrolla con éxito en muchos territorios sin enfrentamientos. “Es una cosa que se hace desde mucho tiempo, las entidades que colaboran y las propias comunidades buscan un establecimiento en el que darles formación y un alojamiento, son cosas absolutamente compatibles y pasan en todas las comunidades autonómicas”, ha expresado durante una visita al aeropuerto de Teruel.

El Gobierno de Aragón justifica la retirada de licencias indicando que los locales "ya no cumplen con los requisitos que establece la ley" para ser un hotel. Según indican, para conjugar la función hotelera con la de residencia de inmigrantes el reglamento exige que disponga de entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo. 

Uno de los hoteles afectados se encuentra en Sabiñánigo. Curiosamente, la pérdida de su condición va aa impedir que una decena de trabajadores de la empresa semipública Aramón pueda alojarse allí durante la temporada. Una complicación que redunda en los problemas de alojamiento que se viven en la localidad. "Me cuesta entender que se le haga este control a un hotel cuando existen muchos pisos turísticos con más personas alojadas de las que se permiten y en peores condiciones frente a los que no se está actuando", ha señalado la alcaldesa, Berta Fernández.

Personas alojadas

En su opinión, la decisión afecta "a una empresa establecida" que ha visto revocada su licencia por ofrecer un servicio necesario. De una forma similar se ha manifestado el alcalde de Épila, otra de las localidades en las que se encuentra uno de los hoteles rebajados de licencia. "La decisión de retirar permisos no afecta a la situación de las personas alojadas, realmente solo supone un problema para el empresario", ha reiterado el alcalde, Jesús Bazán.

Las reacciones en contra de la decisión también han llegado desde el arco parlamentario. El secretario de Política Sectorial y Agenda 2030 de Chunta Aragonesista, Alberto Alcaine, ha señalado que parece una decisión tomada "con el único objetivo de desincentivar a los establecimientos a seguir participando, y añadir una nueva traba al proceso de acogida, en el que actualmente se encuentran 805 personas en todo Aragón”.

Izquierda Unida del Altoaragón ha denunciado que el modelo propuesto por el Gobierno de Aragón es "segregador" y lo considera "inaceptable en una sociedad democrática". La organización sostiene, además, que obligar a separar accesos y espacios constituye un trato discriminatorio hacia personas especialmente vulnerables.