Aragón, un fijo en las investigaciones de la UCO: políticos, proyectos y empresas en los trabajos de la Guardia Civil

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpía este viernes en el corazón de Zaragoza, en plena plaza España, con el registro de la sede de Forestalia, gigante de las energías renovables nacido en Aragón y que hace solo un mes anunciaba su entrada en el sector de los centros de datos. Una investigación ligada a la presunta trama de corrupción que dirigiría la exmilitante socialista Leire Díez. Un capítulo más en una aventura que ya dura casi seis meses, desde el primer informe de este equipo de la Guardia Civil relacionado con Santos Cerdán, hasta el actual registro en pleno centro de la capital aragonesa.

La trama que investiga las influencias del exsecretario de Organización del PSOE, del exministro José Luis Ábalos y del exasesor gubernamental Koldo García tuvo un primer impacto en Aragón el pasado mes de junio, con el primer informe de la UCO vinculado a las presuntas actividades fuera de la legalidad de estos tres hombres vinculados a las capas más altas del Partido Socialista. Entonces, ese primer texto de la Guardia Civil entraba de lleno en las conversaciones grabadas por Koldo y en el intercambio de mensajes del exasesor con quien fuera su jefe. La comunidad autónoma aparecía vinculada por personas del PSOE aragonés, pero también por algunos proyectos.

"En Aragón han pagado dinero", llegaba a aseverar Cerdán en una de esas conversaciones. El eje, por magnitud e importancia del proyecto, era la Mina Muga, la explotación que aspira a extraer potasa entre Navarra y Aragón. Un proyecto en el que Cerdán intercedió para tener el favor de ambas administraciones autonómicas y en que el nombre de Alfonso Gómez Gámez, hoy portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza y director general de Minas y Energía en los primeros pasos de la Mina Muga, aparece de manera repetida. Por esta mención, junto a la del también militante socialista Alfonso Martínez, fue suspendido de militancia, aunque rehabilitado hace unas semanas, en las que volvió a convertirse en número 2 de los socialistas en el consistorio de la capital aragonesa.

El proyecto de la Mina Muga sigue, en teoría, vivo. Pero en la práctica, vecinos de la zona han detectado que no hay movimiento de tierras ni profundización en la explotación. Varios permisos, de hecho, ya han caducado, por lo que Geoalcali, la promotora de esta mina de potasa, deberá renovarlos. El procedimiento también está paralizado por la Justicia, que investiga qué Administración debe dirigir esos permisos y licencias para el proyecto.

En ese informe de junio también aparece la provincia de Teruel, en un plan de conservaciones de varias carreteras distribuidas por la provincia aragonesa. Un contrato asociado a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), que también participó, entre otras operaciones, en la construcción del colegio Ana María Navales de Zaragoza. En el caso de la reforma y protección de las carreteras turolenses, Cerdán habría maniobrado para que LIC se hiciera con la licitación, al ser una firma de su confianza y para la que facilitó numerosos contratos.

Por último, el informe de hace seis meses recogí algunas acciones más personales. Por ejemplo, el intento de Koldo García de colocar a su esposa en Marco, un conglomerado de empresas de la construcción con sede en la provincia de Huesca. La intención de García era facilitar un puesto de trabajo para su mujer en la sede que la firma tiene en Barbastro, sin tener que acudir a su empleo, pero percibiendo un sueldo.

Más nombres del PSOE y un organigrama para Santos Cerdán

El pasado mes de noviembre, otro informe de la UCO centraba la investigación en torno a Santos Cerdán, sus conexiones con Acciona a través de Servinabar y las supuestas mordidas del 2% en cada una de las licitaciones públicas que facilitaba para empresas de su entorno. En esta segunda ocasión, un gráfico que conecta a Santos Cerdán y Koldo involucra a otros nombres conocidos del socialismo aragonés, como el mencionado Gómez Gámez, pero también al expresidente autonómico Javier Lambán o al actual presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero.

Koldo García maniobró, según se infiere del informe de la UCO, con la intención de lograr permisos favorables para el almacenamiento de sal en Remolinos, municipio de Zaragoza. Para ello recurrió a nombres de sobra conocidos en la política aragonesa: Javier Lambán, Juan Antonio Sánchez Quero, Alfredo Zaldívar y Alfonso Gómez Gámez. Incluso un esquema muestra los pasos a seguir para lograr ese impulso a la Mina Muga: Koldo, Santos Cerdán, Javier Lambán, Sánchez Quero, Zaldívar y Alfonso Gómez era el camino marcado por Koldo, según un documento intervenido en el disco duro del exasesor.

Un segundo esquema es todavía más ambicioso en el reparto de papeles en este caso, mencionando incluso a personas ajenas al PSOE, pero con vinculación en los permisos de tipo medioambiental. "Circunscrito a la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, en el que se proyecta una clasificación de determinados funcionarios en función de la posible predisposición u oposición a lo que se infiere pudieran ser los intereses de los investigados", concreta la UCO, sobre un esquema en el que aparece Alfonso Gómez Gámez (entonces director general de Energía y Minas, ahora portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza), Jaume Sirvent, Pedro Pablo Silva Rodríguez, José Ignacio Urbizu y Vicky M. También aparecen Luis Simal, José Lorenzo Daniel y Miguel del Vado García.

La UCO afirma en su escrito que, "de acuerdo con el diagrama anterior y su aparente finalidad", casi un par de meses después, el 3 de julio, Koldo envió un mensaje a Javier Lambán "agradeciéndole, se infiere, su participación en este asunto": "Mil gracias Javier!!! Estoy a tu disposición!!!" (sic). Junto a este mensaje del exasesor de Ábalos se adjunta un archivo en el que, según la UCO, "constituye una autorización fechada el 8 de mayo de 2018 y emitida por el entonces alcalde de Remolinos Alfredo Zaldívar". La autorización permitiría a la UTE compuesta por Acciona y Servinabar realizar "los trámites administrativos precisos para la utilización de los antiguos espacios mineros como depósito definitivo de los excedentes de operación del proyecto Mina Muga".

Junto a estos perfiles políticos se reseñaban varios nombres técnicos, funcionarios o jefes de servicio vinculados a la dirección general de Energía y Minas, que pudieron participar en algunos de los trámites en los que pretendían influir Koldo y Cerdán. De hecho, el exasesor del ministro de Transportes conocía de sobra la predisposición o negativa de estos técnicos, ya que aclaraba a Cerdán cómo podrían reaccionar ante una hipotética presión para facilitar sus operaciones.

Por último, Forestalia. La Unidad Central Operativa (UCO) ha entrado este jueves por la mañana en la sede de Forestalia en Zaragoza para realizar un registro de las oficinas en el marco de una operación ordenada por la Audiencia Nacional tras la detención, este pasado miércoles, de la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en contratos públicos que ahora están bajo sospecha, según informan fuentes de las pesquisas a esta redacción.

Además, la investigación abierta ha incorporado un tercer detenido que fue arrestado también este miércoles, en Vizcaya. Se trata del empresario Antxon Alonso que, según la investigación del caso Koldo, es socio en la empresa Servinabar 2000 del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.