La Cámara de Cuentas de Aragón fiscaliza la venta directa del suelo de la Universidad Laboral para el macroproyecto de Inditex

La Cámara de Cuentas de Aragón ha solicitado en los últimos meses información al Gobierno autonómico sobre la operación de venta directa de los suelos que tenía en la antigua Universidad Laboral de Zaragoza, adjudicados en 2023 a la promotora inmobiliaria Montepino para el desarrollo del macrocomplejo logístico de Inditex en el polígono de Malpica, puesto en funcionamiento el pasado verano. La petición se enmarca en la actividad ordinaria de fiscalización del órgano supervisor y forma parte de los trabajos asociados al informe de la Cuenta General de Aragón correspondiente al ejercicio 2024, según informan a este diario fuentes de total solvencia conocedoras del procedimiento.

La actuación de la Cámara de Cuentas no guarda relación directa con la investigación que desarrolla la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre presuntas mordidas en la adjudicación de obras públicas a nivel estatal recibidas por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, un caso que, de forma colateral, ha situado también el foco mediático sobre el proyecto logístico desarrollado en Zaragoza.

En concreto, según El Confidencial, la empresa Servinabar 2000 SL, vinculada al exdirigente socialista, cobró una comisión de 100.000 euros como contrapartida por una intermediación relacionada con las obras de demolición de la antigua Universidad Popular de Zaragoza, una actuación previa y necesaria para liberar el suelo sobre el que posteriormente se desarrolló el complejo logístico.

La intervención del órgano de control, insisten las mismas fuentes, consiste en una revisión técnica y habitual de una operación patrimonial relevante por su volumen económico y por su naturaleza administrativa.

Venta en 2023: precio y justificación

La operación se articuló sobre unos suelos de 42 hectáreas que estaban en manos de tres Administraciones. La mayor parcela, de 27 hectáreas, correspondía al Gobierno de Aragón, que en marzo de 2023 aprobó su venta directa bajo el amparo del Plan de Interés General de Aragón (PIGA), que ordenaba y habilitaba urbanísticamente el antiguo recinto docente. El Ejecutivo autonómico, entonces, bajo la presidencia de Javier Lambán, calificó la operación como la mayor enajenación de patrimonio realizada por la comunidad autónoma, con un ingreso de 23,6 millones de euros y un precio de 87 euros por metro cuadrado, equiparable al de otros grandes desarrollos logísticos de Zaragoza.

A esta enajenación se sumaron otras operaciones complementarias. El Ayuntamiento de Zaragoza adjudicó a Montepino, mediante licitación pública, una parcela industrial de 20.981 metros cuadrados por 2,42 millones de euros (IVA incluido), mientras que el SEPES -dependiente del Ministerio de Transportes- formalizó la venta de varios terrenos. Uno de ellos, de 10 hectáreas, fue traspasado por la entidad estatal al mismo precio por metro cuadrado pactado por el Gobierno de Aragón y otro, de 25.835 metros cuadrados, se adjudició por concurso público por 2,19 millones de euros.

El proyecto fue presentado como una actuación estratégica para la ciudad, con una inversión total anunciada de hasta 225 millones de euros y la creación de entre 1.400 y 2.500 empleos cuando se completen todas las fases de desarrollo del proyecto. El Gobierno de Aragón autorizó además la ocupación anticipada de los terrenos, lo que permitió iniciar de forma inmediata los trabajos de demolición del edificio y la urbanización del ámbito.

La operación patrimonial se articuló sobre suelos de titularidad compartida entre el Gobierno de Aragón, como propietario mayoritario, y el SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo). Ambos organismos habían suscrito previamente un protocolo para la comercialización conjunta del ámbito, dada su localización estratégica en el entorno industrial de Malpica.

Una fórmula excepcional

Desde el punto de vista administrativo, la venta directa es una fórmula legal algo excepcional frente a la subasta pública. Por ello, este tipo de operaciones concentran habitualmente la atención de los órganos fiscalizadores, especialmente cuando afectan a patrimonio público de elevado valor y a proyectos de gran dimensión económica. La Cámara de Cuentas analiza este tipo de operaciones para verificar el cumplimiento de la normativa, la adecuada motivación del procedimiento elegido y la correcta valoración económica del suelo.

El interés fiscalizador se ha conocido, sin embargo, en un contexto especialmente sensible. En las últimas semanas han trascendido informaciones sobre presuntos pagos de comisiones vinculados a los trabajos de demolición de la antigua Universidad Laboral, una fase clave para la puesta en marcha del proyecto logístico. Esos hechos, que se investigan en el marco de una causa judicial de ámbito estatal, provocaron las reacciones por parte de las empresas implicadas en la operación y el propio Gobierno de Aragón, que expresaron su respeto a la acción de la justicia.

Fuentes conocedoras de la actuación de la Cámara de Cuentas subrayan, no obstante, que ambos planos no deben confundirse. La fiscalización del órgano autonómico se centra en la decisión administrativa de venta del suelo, su tramitación y sus condiciones económicas, y no en los contratos privados posteriores ni en eventuales responsabilidades penales, que corresponderían a otros ámbitos.

El proyecto impulsado por Montepino culminó en un cambio relevante respecto al planteamiento inicial. En noviembre de 2024, Inditex adquirió el complejo logístico cuando todavía estaba en fase de construcción, convirtiéndose en propietario final del activo, que alberga uno de los principales centros de distribución de Zara a nivel mundial.

La Cámara de Cuentas de Aragón no ha hecho pública, por el momento, ninguna conclusión ni observación sobre esta fiscalización, que forma parte de los trabajos previos a la elaboración de sus informes anuales. Como es habitual, cualquier apreciación relevante se trasladará, en su caso, a las Cortes de Aragón una vez finalizado el análisis.

La revisión técnica de la operación se desarrolla al margen del ruido político y judicial, aunque inevitablemente coincida en el tiempo con la atención mediática generada en torno a uno de los proyectos urbanísticos y logísticos más emblemáticos de Zaragoza en la última década.

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