Un funcionario fue cesado en 2018 por no agilizar los trámites para tres parques eólicos de una filial de Forestalia en Zaragoza

El funcionario responsable de la tramitación de las autorizaciones de las instalaciones de energías renovables en la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza en 2018 fue cesado por no agilizar los trámites para tres parques eólicos de una empresa filial de Forestalia. El cese de este trabajador público fue declarado nulo por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón meses después, al considerar «ayuno de cualquier motivación» haber retirado a esta persona de su cargo. Este trabajador denunció «acoso» por parte de los responsables políticos –Delegado del Gobierno en Aragón, Subdelegado del Gobierno en Zaragoza y de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Energía– por la situación de los expedientes.

La sentencia a la que ha tenido acceso este diario refleja que el funcionario cesado era Director del Área Funcional de Industria y Energía en la Subdelegación del Gobierno de Zaragoza desde noviembre de 2012. Un puesto que le atribuía la responsabilidad de «la tramitación de las autorizaciones» de los promotores de energías renovables, tanto eólica como solar, en la provincia y que necesitaban el aval del Ministerio de Energía para ponerse en marcha. Según lo que recoge la sentencia, el trabajador público «tramitaba tres proyectos de parques eólicos gestionados por la sociedad Viados Gestión Integral de Proyectos S. L.».

Esta firma, como detalla el fallo, tuvo como administrador quien fue «vicepresidente del Partido Aragonés y consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón». Alfredo Boné, histórico líder del PAR, estuvo al frente de esa cartera autonómica entre 2002 y 2011, en el mandato de Marcelino Iglesias (PSOE). Boné fue administrador de Viados Gestión Integral de Proyectos junto a Luis Marruedo (exdirector general) y Ana Cristina Fraile (jefa de gabinete de la consejería). La empresa, en 2025, está activa bajo el nombre de Athmos Sostenibilidad S.L., aunque entre medias tuvo el nombre de Forestalia Vigilancia Ambiental S.L. Hoy, tanto su socio único (Nearco Renovables) como su administrador único (Fernando Sol) son empresas estrechamente vinculadas a Fernando Samper, presidente del grupo Forestalia.

El funcionario cesado del puesto de responsabilidad sobre las energías renovables de Zaragoza entre 2012 y 2018 denunció, tal y como recoge la Justicia, «acoso por sus superiores en relación al estado de estos expedientes». Así, el afectado señalaba al entonces delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde (PP), al subdelegado en Zaragoza, Ángel Val (PP), y a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Energía. Esa dirección estaba capitaneada entonces por María Teresa Baquedano (PP).

A mediados de enero, «se habilita a un funcionario de Teruel para que tramite sus expedientes» y, dos meses después, el 28 de marzo de 2018, al afectado «se le comunica que va a ser cesado y con posterioridad ve que desaparecen las cuentas de correo electrónico». El trabajador público vio «no motivado el cese», por lo que emprendió las actuaciones legales para solicitar la nulidad del despido.

En la aplicación al caso, el juez destaca que la defensa de la Administración General del Estado «ha pretendido justificar y motivar en una deficiente tramitación de los expedientes que llevaba a cargo el actor, que no consta en absoluto en el expediente» e insiste en que «a la vista no solo de las resoluciones recurridas, sino de la totalidad del expediente», el cese que centra el recurso «está ayuno de cualquier motivación». «Basta leer las resoluciones recurridas que no se apoyan en informe alguno para tener constancia de que si hubo alguna motivación del cese, lo fue interna de los órganos administrativos que lo proponen y aceptan, pero en absoluto se expresó en resolución o informe alguno», concreta el juez, que al no ver expresados los argumentos considera que el acto, el cese, es «inmotivado y debe ser anulado».

La sentencia declaró obliga que «se le restituya al recurrente al mismo puesto del que fue cesado o a uno de igual categoría». El trabajador fue incorporado después de la sentencia a un empleo similar dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, nuevo nombre para la cartera con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018. También a que, si durante el tiempo entre el cese y la resolución percibió unas retribuciones inferiores, la Administración tenía que pagar «las cantidades que se hubieran dejado de percibir con efecto retroactivo desde la fecha de efectos del acto recurrido, hasta su reintegración». El caso, que comenzó con el cese en abril de 2018, fue fallado por el máximo órgano judicial de la comunidad en julio de 2019.